Victor Manuel Alvarado Valle
Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Victor Manuel Alvarado Valle
Actuaciones
- Principal
MESA 3-B. Agréguese a los autos el ocurso del quejoso XXX, mediante el cual solicita la devolución de las documentales originales que anexó al escrito de demanda; al efecto dígase al promovente que deberá estarse a lo acorado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se le dio vista para que dentro del término de noventa días, a partir de que se le notificó el citado acuerdo, acudiera a éste órgano de control constitucional, a efecto de recoger los documentos exhibidos con su libelo de garantías.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de ocho de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado estado dicha resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. Finalmente y toda vez que existen documentos originales y/o certificados exhibidos por la parte actora, en acatamiento al antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se requiere a las partes para que acudan a este Juzgado, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger los documentos que en su caso hayan exhibido en este expediente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por xxxx, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Aristeo Taboada Rivera, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 49/2021. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: I. "LA FALTA DE DARME UNA RESPUESTA CONGRUENTE A MIS DIVERSOS ESCRITOS DE FECHA 06 CON SELLO DE RECIBIDO ESE PROPIO 06 DE ENERO DE 2021 Y MI DIVERSO DE FECHA 21 CON SELLO DE RECIBIDO EL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO" Así, de lo transcrito, y, del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, el acto reclamado es: La omisión y falta de contestación a sus escritos de seis y veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional: La omisión y falta de contestación a sus escritos de seis y veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (.) "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8o. Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. (.) Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8o. de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de respuesta a su petición efectuada mediante escrito presentado ante la responsable con sellos de recibo de seis y veintidós de enero de dos mil veintiuno. Luego, atendiendo al artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual dice lo siguiente: "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió adecuarse a los términos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que dicha ley es la que corresponde resolver los actos y procedimiento y resoluciones administrativas en la cual se evidencia, que corresponde a los organismos Públicos del Federales, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el cinco de febrero de dos mil veintiuno, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta que reclama, se realizó el seis y veintidós de enero de dos mil veintiuno; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido veintiún y ocho días hábiles después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que la parte quejosa debió adecuarse al plazo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, al término específico para que las responsables, deban dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses (el cual no podrá exceder de dicho término), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de tres meses, la promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. (.) EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. A través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9626229830. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr126140 8503. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala en esta ciudad, y como autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a José Salvador García Briones, puesto que su cédula no se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)
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