Víctor Manuel Alejandro Alejandro
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pablo Alejandro May
- Víctor Manuel Alejandro Alejandro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de julio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Alejandro Alejandro; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Cinco, residente en Paraíso, Tabasco, un disco versátil "DVD" certificado que contiene el audio y video de la audiencia privada de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación 203/2020, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
A continuación, la secretaria certifica: que en auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días hábiles contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se hiciera al referido acuerdo, para que aclarara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable Jesús Morales García, Fiscal del Ministerio Público de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, apercibido que en caso de no realizar manifestación alguna, se dejaría de tener como tal y se tendrían sus actos como inexistentes. Asimismo, que el referido acuerdo fue notificado a la parte quejosa el once de mayo de dos mil veintiuno, por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional. Sin que aclarar la denominación de la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: se hace efectivo el apercibimiento precitado y el presente asunto se deja de tener a la señalada autoridad como responsable. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistentes en: 1.- Impresión de la constancia de clave única de registro de población (CURP) de Víctor Manuel Alejandro Alejandro. 2.- Copia simple de la Credencial de Elector de Pablo Alejandro May. 3.- Original del Acta de Nacimiento de Pablo Alejandro May y Víctor Manuel Alejandro Alejandro. Asimismo, se da cuenta el oficio FGE/DGPI/UAJ/555/2021, que remitió el director de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado. Además, se da cuenta con las constancias que remitió al rendir su informe justificado el jefe de grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, consistentes en: 1.- Certificado médico realizado a la parte quejosa Víctor Manuel Alejandro Alejandro. 2.- Acta administrativa para el ingreso del referido quejoso al Cereso de Comalcalco, Tabasco. 3.- Escrito mediante el cual se entregan las cosas de Víctor Manuel Alejandro Alejandro a Pablo Alejandro May, signado de conformidad. Asimismo, se da cuenta con un disco versátil "DVD" certificado que contiene audio y video de la audiencia privada de la solicitud de orden de aprehensión de diez de noviembre de dos mil veinte, así como la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veintiuno y su continuación de cuatro de mayo y cinco de mayo de dos mil veintiuno; además, con las constancias certificadas de las actas de audiencia mínima de las referidas audiencias, que remitió la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con el alegato ministerial 32/2021, signado por el Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 409/2021-8, promovido por Víctor Manuel Alejandro Alejandro contra actos de la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco y otras autoridades, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Pablo Alejandro May, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en favor de Víctor Manuel Alejandro Alejandro, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "I.- La PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO, FUERA DEL PROCEDIMIENTO. II.- De las autoridades antes mencionadas, además del acto señalado anteriormente la orden de detención y/o aprehensión, cateo, dictado en contra de mi hijo VÍCTOR MANUEL ALEJADRO ALEJANDRO, por desconocer cualquier tipo de juicio que no se me ha hecho del conocimiento conforme a derecho, para tener una adecuada defensa a tiempo y forma legales, por no tener la oportunidad de defenderse y ser vencido en juicio en tiempo y formas legales [.]" A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S " 1.- AL C. JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN CINCO DEL ESTADO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PARAÍSO, TABASCO (.) 2.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO (.) 3.- LIC. JESÚS MORALES GARCÍA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO, ASCRITO AL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO (.) 4.- DIRECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO (.) 5.- JEFE DE GRUPO O COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DESTACAMENTADA EN EL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dio cuenta con la constancia de la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprendía que Víctor Manuel Alejandro Alejandro ratificaba demanda de amparo presentada a su favor, por lo que se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 409/2021-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por diligenciado el despacho 100/2021-8, con número de orden 128/2021, del cual se desprende que el diez de junio de dos mil veintiuno, se emplazó al presente juicio a la parte tercero interesada Miguel Ángel Méndez Hernández. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de detención y/o aprehensión, emitida por la autoridad Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. La orden de cateo y actos de tortura. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco negó la existencia del acto reclamado referente a la orden de cateo, sin que la parte quejosa desvirtuara la negativa, pues omitió acompañar a su demanda pruebas que sustenten su dicho y demuestre la existencia del acto reclamado orden de cateo, por lo que con su dicho de bajo protesta de decir verdad, no se acredita sus existencia. Sobre el particular, es aplicable la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Asimismo, es inexistente el acto reclamado consistente en tortura, pues de la constancia actuarial de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que la parte quejosa Víctor Manuel Alejandro Alejandro, refirió a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional que no fue golpeado ni maltratado al momento de su detención, y, a simple vista, no existía evidencia de ello, lo que se acordó el treinta de abril de dos mil veintiuno, sin que a la fecha de la presente audiencia hiciera manifestaciones al respecto. Por otra parte, las autoridades responsables director de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y director de amparos y resoluciones y consultas, por ausencia del Fiscal General del Estado, negaron la existencia de los actos reclamados, y señaló que la parte quejosa no se encontraban a su disposición; de ahí que advierta que el acto reclamado orden de aprehensión es inexistente respecto a las citadas autoridades. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, a pesar de que se le dio vista en auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual le fue notificado oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional se manifestara. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado a las aludidas autoridades responsables. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO ORDEN DE APREHENSIÓN. Por su parte, la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, al rendir su informe justificado señaló como cierto el acto reclamado; mismo que se corrobora con la copia certificada de un disco en formato DVD, mismo que contiene la audiencia privada (orden de aprehensión) de diez de noviembre de dos mil veinte, al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Asimismo, es cierto el acto reclamado respecto del Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia Villa Vicente Guerrero Centla, Tabasco, pues aunque negó el acto reclamado, del propio informe se advierte su existencia, por lo tanto es cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese contexto, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un cambio de situación jurídica respecto al acto reclamado por la parte quejosa. Para corroborar lo anterior es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito se cumple porque el acto reclamado fue dictado dentro de la carpeta administrativa 203/2020, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas en pandilla, en agravio de la víctima Miguel Ángel Méndez Henández. Respecto al segundo supuesto también se cubre porque la demanda se presentó el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión librada en audiencia privada de diez de noviembre de dos mil veinte y posteriormente, se advierte que en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. También se ajusta al tercer supuesto porque la parte quejosa se encuentra sujeta a lo resuelto en la resolución cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa 203/2020, del índice de la autoridad responsable; esto es, con posterioridad a la emisión la determinación consistente en la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, con lo cual cambió la situación jurídica de la parte quejosa, y es esta actuación es la que ahora rige su actual situación jurídica. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de aprehensión de diez de noviembre de dos mil veinte dictada en contra del quejoso, por la Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente el auto de vinculación a proceso citado. Igualmente, se advierte colmada la última de la hipótesis porque el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, en la carpeta administrativa 203/2020, en contra del referido quejoso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en la misma causa, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que el citado auto de vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. En ese sentido, las violaciones del procedimiento que se pudieran haber cometido en el primer acto quedaron consumadas irreparablemente, por no poder decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el Fiscal adscrito a este órgano jurisdiccional, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 26/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Alejandro Alejandro, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación de cuenta, se advierte que el diez de junio de dos mil veintiuno, fue emplazado al presente juicio el tercero interesado Miguel Ángel Méndez Hernández, sin que haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en auto de veintiuno de mayo del año actual. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado en líneas que anteceden y se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar al tercero interesado en comento, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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