Victor Manuel Aguirre Espinoza y Otros.

Expediente 233/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
233/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Victor Manuel Aguirre Espinoza y Otros.
  • Victor Manuel Aguirre Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veinte de mayo del año en curso; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a los quejosos ********, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis, del que fueron notificados personalmente por conducto de su autorizado el diez siguiente, sin que hayan hecho manifestación alguna, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, los quejosos Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo, señalaron como acto reclamado: ".que la autoridad responsable no ha respondido una solicitud presentada por escrito, de manera pacífica y respetuosa." Sin embargo, la autoridad responsable Regidor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, con sede en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe justificado anexó escrito de enero de dos mil dieciséis, en el cual da respuesta a la petición de los agraviados, de diecisiete de diciembre de dos mil quince; sin embargo refirió, no pudo darse a conocer a los hoy peticionarios del juicio de derechos fundamentales, pues en su primer escrito de petición no señalaron algún medio, domicilio o correo electrónico, inclusive algún teléfono, donde pudieran ser localizados para entregar la respuesta a su solicitud; asimismo, en su oficio o escrito recordatorio, que refieren los quejosos presentaron para dar seguimiento a la primera petición, fueron omisos en firmar, acreditar o en su caso señalar, si son los peticionarios originales del primer oficio que sustentaron el motivo del presente juicio, ya que el mismo carece de firma autógrafa de los hoy quejosos, tampoco acreditaron el otorgamiento de la personalidad a distintos licenciados que mencionan; por lo que dicha autoridad se encontraba imposibilitada de dar a conocer la respuesta realizada; al no tener la certeza de a quién o en donde se entregue la determinación a la petición, que después de un tiempo razonable fue pronunciada a la espera de ser recibida por los hoy agraviados, mismos que no se han presentado a sus oficinas para solicitar de manera respetuosa y pacífica, la respuesta obtenida por escrito a su petición de diecisiete de diciembre de dos mil quince (fojas 16 y 17); lo que se evidencia de las constancias remitidas por dicha autoridad a fojas 18 a 19. Documental que participa de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por la fracción IV del precepto 63 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento en el presente juicio. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis número 121/2002-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTE E INDUDABLE." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Se afirma que se actualiza dicha causa de sobreseimiento, ya que los quejosos presentaron su demanda de amparo en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en la que señaló como acto reclamado la omisión de respuesta a una solicitud presentada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la autoridad que señalaron como responsable, seguidamente del informe con justificación que rindió la misma, se advierte que la respuesta a dicha petición se realizó en el mes de enero de dos mil dieciséis, según se advierte del escrito remitido por la autoridad responsable a fojas 18 a 19, lo cual se suscitó antes de la presentación de la demanda de derechos fundamentales de los quejosos ante este órgano de control constitucional. De lo anterior, se advierte que no existía el acto reclamado, al momento de presentarse la presente demanda de amparo, circunstancia ya expresada que implica por lógica que cuando se promovió el juicio de amparo, es decir, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, ya se había dado respuesta a la solicitud planteada por los quejosos en el mes de enero de dos mil dieciséis; de ahí que si la actualización del acto reclamado debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en el caso concreto no existía para cuando se controvirtió su constitucionalidad a través de la demanda de amparo indirecto. Por lo que debe decretarse el sobreseimiento, con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, para el supuesto de que se demuestre a través de las constancias de autos la no existencia del acto reclamado. Ilustra lo anterior la tesis aislada IV.3o.72 K, con registro 213793, de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII de enero de 1994, materia común, página 254 que dice al rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Jurisprudencia 2a./J. 3/94, con registro 206346, de la Octava Época, instancia Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79 de julio de 1994, materia común, página 15, que reza al rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dentro del presente juicio de amparo, por las razones antes expuestas.

  3. Principal

    .......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 9:20 HORAS DEL 26 DE MAYO DE 2016 PARA SU CELEBRACIÓN................

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo y anexos de cuenta, presentados por *********, en contra de actos del ********** Regidor del Ayuntamiento de Mexicali, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 233/2016-2. -Suspensión- La parte quejosa no pidió la suspensión del acto reclamado, en consecuencia no se abre el incidente respectivo. -Informe Justificado- Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables el que se debe rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibidas de que, en caso de no rendirlo, se presumirá como cierto el acto que se les atribuye; asimismo, se impondrá a la autoridad omisa multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $2,191.20 (dos mil ciento noventa un pesos 20/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Capítulo de pruebas- En cuanto a las pruebas documentales a que hacen alusión, consistentes en copias simples de escritos dirigidos a Ignacio Sánchez Lua, Regidor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, con firmas de recibidos el diecisiete de diciembre de dos mil quince y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se hará relación de las mismas en la audiencia del juicio y se recibirán en ese acto, aun cuando no exista gestión expresa de la parte quejosa, según lo manda el numeral 119 de la Ley de Amparo.. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a José Luis Márquez Saavedra e Isidro Beltrán Corrales, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se autoriza para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Gildardo Cortez Félix, Oswaldo Dena González, Jonathan Félix Ramírez y Brandon Axel Castillo Fernández. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 8º de la ley federal aludida.

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