Víctor Malaga Martínez

Expediente 542/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
542/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2017

Partes del expediente

  • Víctor Malaga Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido...DOCUMENTOS. Por otra parte, en relación con los documentos exhibidos en el presente juicio, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo tercero del acuerdo antes invocado, requiérase a la parte quejosa para dentro del término de noventa días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que exhibió como pruebas en el presente asunto; apercibida que de no hacerlo, correrán la suerte del mismo.

  2. Principal

    Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Víctor Málaga Martínez, contra actos del Juzgado Mixto Menor, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Regístrese con el número 542/2017-V en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y sus anexos, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura de la demanda, puede colegirse que el acto que reclama la parte impetrante consiste en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete dictado en el juicio ejecutivo mercantil 32/2015, promovido por el aquí quejoso por propio derecho, contra Manuel Málaga Martínez. Ahora, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Como se ha señalado con antelación, en la especie, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete dictado en el juicio ejecutivo mercantil 32/2015, promovido por el aquí quejoso por propio derecho, contra Manuel Málaga Martínez, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación y el Juez responsable, declaró infundado el recurso interpuesto por el impetrante. Así las cosas, la parte peticionaria debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución, para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido. En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates, hipótesis dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (como el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida); en la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, en la última hipótesis, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. El quejoso manifiesta -bajo protesta de decir verdad- ser el actor en el juicio que promovió contra Manuel Málaga Martínez, a quien absolvieron de las prestaciones que le reclamó. Determinación firme. Además, que lo condenaron a pagar al demandado gastos y costas reguladas el veintisiete de noviembre de dos mil quince. Las que no expresa hayan sido modificadas mediante alguna resolución del tribunal de Alzada. Lo que hace evidente que el accionante de amparo se integró a la relación jurídica-procesal. También enuncia como antecedente que desde febrero de dos mil dieciséis fue requerido de pago por personal del Juzgado Mixto Menor y el once de abril de ese año, se embargó un vehículo para garantizar el cumplimiento de la sentencia. De este modo, se colige que dentro del juicio de origen la ejecución de la sentencia únicamente atiende al pago de la cantidad regulada por concepto de gastos y costas a que fue condenado el actor (aquí quejoso). Luego, la resolución que se combate corresponde a la revocación formulada por el peticionario de amparo contra una determinación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que se trata de un acto tendiente a lograr el pago a que está obligado el promovente. Así, en el caso en comento no se reúnen tales características, pues la determinación emitida por el Juez responsable, reclamada por la parte quejosa, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución. Razón por la cual, si en esa etapa la ley no distingue, entonces aquí no es dable hacerlo y, por ende, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Por ello, se itera, tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución, sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre que se haya agotado el recurso que proceda. Lo que se traduce en que en cualquiera de estas hipótesis, será el momento en que podrá configurar la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. En el entendido que lo reclamado no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto; pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de las diligencias materiales de los mandamientos judiciales que se emitan con posterioridad, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En efecto, cuando se produce una violación que llegue a trascender a las defensas de la parte quejosa, las violaciones aún serán susceptibles de reparación, una vez que se reclamen en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, al promoverse, en su caso, amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil, hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV de la ley en cita. En tales condiciones, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 de la Ley de Amparo.

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