Víctor Magno Escobar Luna
Expediente 1133/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/08/2017
Partes del expediente
- Víctor Magno Escobar Luna
Actuaciones
- Principal
UN ACUERDO (NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO)
- Principal
VII.- Vistas las piezas postales de cuenta, que devuelve el Administrador de Correos del Módulo de Servicios Postales de Palacio de Justicia Federal, las cuales contienen los oficios 23835/2017 y 23646/2017, dirigidos a la autoridad responsable Procuraduría General de la República, con la leyenda "AUTORIDAD MAL DIRIGIDA. EXISTE TITULAR." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, agréguense a los autos para obren como corresponda y, toda vez que el obstáculo de su recepción lo constituye la denominación correcta del destinatario, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que reenvíe los oficios de referencia al destinatario con denominación "Procurador General de la República". Finalmente, no obstante que el quejoso se encuentra privado de la libertad y por ende, las notificaciones relativas deban realizársele en el lugar de su reclusión en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente proveído por medio de lista que se publique en este órgano federal, pues se estima que éste no implica impulso procesal y por ende, no se le deja en estado de indefensión.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Magno Escobar Luna, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1133/2017. Previo a acordar respecto de la procedencia del ocurso que se atiende, es propio destacar que el quejoso hace consistir su reclamo esencialmente en la omisión y/o negativa de las autoridades responsables de autorizar su reubicación de estancia dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin embargo se hace de su conocimiento que no ha lugar a decretar la suspensión de plano y oficio toda vez que dicho acto no encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No se desatiende el hecho que el peticionario de amparo refiera que ante la omisión y/o negativa que reclama, pueda ponerse en riesgo su salud, sin embargo dichos actos no los hace valer como actos reclamados destacados, sino como posibles actos resultado del citado en primer término, por ende, resulta improcedente decretar la suspensión. En otro punto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y IV, 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá aclarar el acto que por esta vía combate, pues por un lado el quejoso en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado manifestó (sin precisar la fecha), que ha solicitado a las autoridades penitenciarias la reubicación de estancia sin que le hayan dado contestación, y por el otro, en el apartado referente a los conceptos de violación refiere que la determinación de las autoridades responsables carece de fundamentación y motivación, y como consecuencia de ello la falta de realizar su reubicación. Manifestaciones que crean incertidumbre en este órgano de control constitucional para estar en aptitud de precisar con claridad el o los actos que por esta vía se combaten, pues el peticionario de amparo, por un lado se duelen de la falta de realizar su reubicación y, por el otro, de la omisión de las autoridades de dar contestación a su petición. Por ende, el quejoso deberá precisar de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 1. Deberá indicar si lo que reclama es la falta de las autoridades responsables de realizar su reubicación, o bien, si lo que combate en esta vía constitucional es la omisión de dar contestación a su petición de reubicación de estancia. 2. Para el caso de que el acto reclamado sea la omisión de dar contestación a su petición, deberá indicar ante qué autoridad o autoridades la formuló (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. 3. Por otro lado, si el acto reclamado consiste propiamente en la falta de realizar su reubicación de estancia al interior del centro carcelario donde se encuentra, como consecuencia de una determinación que a su dicho carece de fundamentación y motivación, tendrá la obligación de señalar lo siguiente: a) Qué autoridad o autoridades le dieron contestación a la solicitud o solicitudes formuladas. b) La fecha y forma en la que tuvo conocimiento de la o las contestaciones a sus solicitudes. c) Si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra el o los actos reclamados en la demanda que se provee; en este aspecto tendrán que informar el número de expedientes, ante qué Juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de los mismos. SEGUNDO. Ahora, para el caso de que señale como acto reclamado la falta de realizar su reubicación de estancia dentro del local carcelario donde está interno, como consecuencia de una determinación que a su dicho adolece de cuestiones de legalidad, cabe acotar, que al respecto el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto, el establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. Por ende, el quejoso deberá realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto que señala como reclamado, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: Si contra el acto reclamado en esta instancia ha promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es si hizo valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrá que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberá indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. Si fuere el caso, deberá señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formuló la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberá manifestar si desea reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrá que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Finalmente, el peticionario de la protección constitucional deberá indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados que en su caso reclame en el presente asunto; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante que juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de estos. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda, por el peticionario de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierten tales elementos los cuales resultan indispensables para el capítulo de antecedentes, el cual a su vez es un requisito esencial de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conforme con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense al peticionario de amparo en el lugar de su reclusión. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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