Victor Luis Mendoza Holguín

Expediente 1735/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1735/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Victor Luis Mendoza Holguín

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto dictado el doce de febrero del presente año; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, remitiendo las constancias que acreditan que dio contestación al quejoso del escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte y se le notificó. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Luego, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de contestar la solicitud presentada ante la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua el veinticinco de agosto de dos mil veinte. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que se dio respuesta al referido escrito dentro del expediente Z-CHI-L0025-01-03-13, pues se resolvió como la solicitud de trámite CNA-01-ZLA relativa al aprovechamiento en zonas de libre alumbramiento; asimismo, se notificó el veintiocho de enero del año en curso. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, la omisión de dar contestación a su solicitud, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Guillermo Alberto Flores Cano, Secretario de Juzgado, con quien actúa; autorizando mediante firmas electrónicas. Doy fe.

  3. Principal

    se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que se suspendió la tramitación del presente juicio de amparo, en cumplimiento a lo previsto por las circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente; mediante las cuales, se suspendieron los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de este Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, durante el plazo comprendido del tres al veintisiete de noviembre de este año; lo anterior, con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Luego, toda vez el plazo de suspensión ha fenecido, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo, en los términos precisados por el Acuerdo General 21/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por consiguiente, visto el oficio 6675/2020, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, de esta ciudad, al que anexa el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 791/2019, relativo al juicio de amparo indirecto 1758/2019-III, del índice de este Juzgado de Distrito, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: "PRIMERO. En la materia del recurso de revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen Gómez Medina, contra el acto reclamado a la Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para los efectos precisados por la Juez de Distrito en la última parte del considerando séptimo de su sentencia. TERCERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Delegado en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta resolución." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguese el cuaderno de antecedentes, y acúsese el recibo de estilo. Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó específicamente: Las siguientes omisiones: a).- Otorgar el diagnóstico adecuado al padecimiento, junto con el medicamento y tratamiento. b).- Entregar los resultados de la cirugía practicada por la doctora Rocío Varela el día treinta de julio del año dos mil diecinueve. c).- En caso de tratarse de cáncer de seno, indicar que tipo de cáncer y en qué fase se encuentra, así como la omisión de brindar el tratamiento adecuado que pudiera ser quimioterapia o radioterapia para restaurar su salud y en su caso, subrogar a la Institución Médica que este en posibilidad de brindarle el tratamiento para restaurar su salud. d).- La omisión de proporcionar procedimiento médico sin violencia y con anestesia, así como los instrumentos quirúrgicos correspondientes. Por tanto, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, gestione para que se realice lo siguiente: Se otorgue el diagnóstico adecuado al padecimiento, junto con el medicamento y tratamiento. Se entregue los resultados de la cirugía practicada por la doctora Rocío Varela el día treinta de julio del año en curso.(2019) En caso de tratarse de cáncer de seno, indicar que tipo de cáncer es y en qué fase se encuentra, así como brindar el tratamiento adecuado que pudiera ser quimioterapia o radioterapia para restaurar su salud y en su caso, subrogar a la Institución Médica que este en posibilidad de brindarle el tratamiento para restaurar su salud. Se proporcione procedimiento médico sin violencia y con anestesia, así como los instrumentos quirúrgicos correspondientes. En la inteligencia de que los efectos de esta sentencia protectora no restringen la posibilidad de establecer cuotas de recuperación a partir de criterios relativos a la capacidad económica de la usuaria del servicio público de salud, aquí quejosa, respecto de aquellos medicamentos e insumos que no se encuentren excluidos de costo, conforme a la normatividad aplicable. Así las cosas, de conformidad con el artículo 192, del citado ordenamiento legal, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les transcriba el presente acuerdo; dé cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María del Carmen Gómez Medina, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada dentro del término que se les señala, se impondrá a su titular una multa de cien a mil días equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, de la Ley de Amparo y los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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