Victor Luciano Vivas Rodriguez

Expediente 374/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
374/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Victor Luciano Vivas Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , hubiese recurrido el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el original y duplicado del incidente de suspensión, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido... Notifiquese.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el fedatario adscrito a este Juzgado Federal manifiesta la imposibilidad legal para notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de junio actual, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional, por lo motivos expuestos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes actuaciones, incluso los de carácter personal, por medio de listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y cúmplase. Agréguese a los autos para que obre como corresponda oficio firmado por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis de junio actual, remite las constancias que acreditan la materialización del egreso de **, del centro penitenciario a su cargo; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto mencionado con anterioridad. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que mediante auto de dieciséis de junio actual, se reservó a acordar lo conducente respecto del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecucion de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (**), hasta en tanto fueran remitidas las documentales referidas en el párrafo inmediato anterior; lo cual ya aconteció por lo que se provee al respecto. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas documentales y el disco óptico que adjunta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio, y de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad oficiante y la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." En efecto, del artículo transcrito, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: 1. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio; 2. Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico; 3. Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4. Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y 5. Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último. Ahora bien, el quejoso **, reclama la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por el que se omite realizar estudios de personalidad y realizar el plan de actividades para el quejoso, con la finalidad de obtener un beneficio preliberacional; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado su situación jurídica, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a la interposición del presente juicio de amparo fue interpuesto un medio de impugnación (recurso de apelación) en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el cual fue admitido a trámite por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, correspondiéndole el toca **, el cual fue resuelto hasta el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en lo que interesa, en su resolutivo segundo ordena la reposición de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para los efectos y términos estipulados en el resolutivo en comento. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Auxiliar, tuvo verificativo la audiencia para resolver lo relativo a la solicitud del sentenciado respecto al beneficio preliberacional de la libertad condicionada, el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la que entre otras cosas tomando en consideración los estudios de personalidad que fueron realizados al sentenciado aquí quejoso, por el centro penitenciario en donde guarda reclusión, resolvió procedente el beneficio de libertad condicionada a favor del sentenciado **, por considerarse satisfechos los requisitos para su procedencia en términos de los numerales 136, 137 y 138 de la Ley Nacional de Ejecucion Penal, quedando sujeto a diversas condicionantes y a cubrir la reparación del daño por la cantidad de $**, en consecuencia, una vez oídas las partes de lo anterior, se ordenó la inmediata libertad del sentenciado, única y exclusivamente por cuanto a la carpeta técnica **, girando los oficios correspondientes. Egreso que fue materializado el mismo día, tal y como consta de la boleta de libertad con folio **, en la que obra firma del quejoso **constancia remitida por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". En efecto, la hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, es decir el dictado de la resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala auxiliar en el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se dio un cambio de situación jurídica por cuanto al quejoso **, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por el que se omite realizar estudios de personalidad y realizar el plan de actividades para el quejoso, con la finalidad de obtener un beneficio preliberacional, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haberse dictado una nueva resolución que sustituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VÍCTOR LUCIANO VIVAS RODRÍGUEZ. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda oficio firmado por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis de junio actual, remite las constancias que acreditan la materialización del egreso de **, del centro penitenciario a su cargo; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto mencionado con anterioridad. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que mediante auto de dieciséis de junio actual, se reservó a acordar lo conducente respecto del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecucion de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (**), hasta en tanto fueran remitidas las documentales referidas en el párrafo inmediato anterior; lo cual ya aconteció por lo que se provee al respecto. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas documentales y el disco óptico que adjunta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio, y de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad oficiante y la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." En efecto, del artículo transcrito, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: 1. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio; 2. Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico; 3. Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4. Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y 5. Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último. Ahora bien, el quejoso **, reclama la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por el que se omite realizar estudios de personalidad y realizar el plan de actividades para el quejoso, con la finalidad de obtener un beneficio preliberacional; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado su situación jurídica, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a la interposición del presente juicio de amparo fue interpuesto un medio de impugnación (recurso de apelación) en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el cual fue admitido a trámite por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, correspondiéndole el toca **, el cual fue resuelto hasta el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en lo que interesa, en su resolutivo segundo ordena la reposición de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para los efectos y términos estipulados en el resolutivo en comento. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Auxiliar, tuvo verificativo la audiencia para resolver lo relativo a la solicitud del sentenciado respecto al beneficio preliberacional de la libertad condicionada, el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la que entre otras cosas tomando en consideración los estudios de personalidad que fueron realizados al sentenciado aquí quejoso, por el centro penitenciario en donde guarda reclusión, resolvió procedente el beneficio de libertad condicionada a favor del sentenciado **, por considerarse satisfechos los requisitos para su procedencia en términos de los numerales 136, 137 y 138 de la Ley Nacional de Ejecucion Penal, quedando sujeto a diversas condicionantes y a cubrir la reparación del daño por la cantidad de $**, en consecuencia, una vez oídas las partes de lo anterior, se ordenó la inmediata libertad del sentenciado, única y exclusivamente por cuanto a la carpeta técnica **, girando los oficios correspondientes. Egreso que fue materializado el mismo día, tal y como consta de la boleta de libertad con folio **, en la que obra firma del quejoso **constancia remitida por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". En efecto, la hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, es decir el dictado de la resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala auxiliar en el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se dio un cambio de situación jurídica por cuanto al quejoso **, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por el que se omite realizar estudios de personalidad y realizar el plan de actividades para el quejoso, con la finalidad de obtener un beneficio preliberacional, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haberse dictado una nueva resolución que sustituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VÍCTOR LUCIANO VIVAS RODRÍGUEZ. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se DECLARA SIN MATERIA el presente incidente de suspensión por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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