Víctor López García

Expediente 452/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
452/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2016

Partes del expediente

  • Víctor López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual devuelve las actuaciones originales del juicio en que se actúa y envía en catorce fojas útiles, copia certificada de la resolución emitida el nueve de junio de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 65/2016, en cuyos puntos resolutivos, determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 452/2016". Acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009; así como únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia certificada de las actuaciones originales que fueron devueltas mediante el oficio que se acuerda. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, entendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, y con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la razón actuarial, mediante la cual la actuario judicial de la adscripción hace del conocimiento que no pudo notificar al representante común de la parte quejosa, los proveídos de cinco y veintiséis del mes y año en curso; por las razones que expone. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Alonso Coria García; por tanto, se comisiona a la funcionaria judicial, a efecto de que se constituya en el lugar en que dicha parte se encuentra recluido, y le notifique el presente acuerdo y los de cinco y veintiséis de los cursantes. Notifíquese; y personalmente a Alonso Coria García, en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que en primero de abril pasado, el Director General de Ingeniería Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, designó como perito oficial en materia de Ingeniería Civil y Arquitectura a Heriberto Alvarado Castorena. En ese orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del código adjetivo supletorio, requiérase al especialista en mención por conducto de su superior jerárquico, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir del siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente a este órgano jurisdiccional, a fin de que acepte y proteste el cargo conferido como perito oficial, y hecho lo anterior, rinda su dictamen correspondiente dentro de los diez días hábiles siguientes al de la aceptación del cargo; apercibiéndole que en caso de ser omiso al respecto, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. En consecuencia, tomando en cuenta que la audiencia constitucional se encuentra programada para las diez horas con cinco minutos del veinticinco de abril del presente año; sin embargo, en auto de esta data se está dando cuenta con los parágrafos anteriores, por lo cual se colige que dicha diligencia se diferirá, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, desde este momento se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, para su celebración.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil dieciséis. Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Víctor López García, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito .Judicial de Toluca, Estado de México, que los hace consistir en la resolución emitida el diez de marzo del año en curso, en el cual se determinó el destino del incidente de nulidad de notificaciones hecho valer contra la sentencia emitida dentro del expediente 451/2015; por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: Desechamiento. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, debe decirse que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: Por otra parte, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ahora, el quejoso reclama el auto de diecisiete de marzo de dos mil quince, mediante el cual se decreta la medida provisional consistente en la salida inmediata del quejoso del inmueble que habita ubicado en calle Bosque de Capulín, sin número, casa cinco, manzana ochenta y seis, lote dos, Lomas del Bosque, código postal 54765, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, apercibido que de resistirse se hará uso de fuerza pública. En esta tesitura, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación en contra del auto reclamado, a fin cumplir con el principio de definitividad. Ahora, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. El numeral en cita señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificada, revocadas o nulificadas. (.) La fracción trascrita, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En ese orden de ideas, se advierte que dentro de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo está el de definitividad del acto reclamado, este principio consiste en que el juicio de amparo para ser procedente requiere un elemento sine qua non referente a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. Así cabe precisar, que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la resolución emitida el diez de marzo del año en curso, en el cual se determinó el destino del incidente de nulidad de notificaciones hecho valer contra la sentencia emitida dentro del expediente 451/2015. En esa tesitura, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación en contra del auto reclamado, a fin de cumplir con el principio de definitividad. En efecto, el artículo 5.576, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece lo siguiente: Artículo 5.76.- la apelación procede en contra de: I. las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Como se estableció, en la especie el quejoso reclama el no darse curso al incidente de nulidad de notificación hecho valer contra la notificación que le fue realizada de la sentencia emitida el quince de enero de dos mil dieciséis. En tal cometido, resulta inconcuso que en contra de la mencionada determinación, la parte amparista estaba obligada a interponer recurso de apelación con base en el artículo 2.575, del código adjetivo civil, previamente a promover el juicio constitucional que nos ocupa. Por su parte, el artículo 1.366, del código en consulta establece la finalidad del recurso de apelación y al efecto estatuye: "Finalidad de la apelación Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." Como consecuencia de lo anterior, resulta incuestionable que el acto que se tilda de inconstitucional en la instancia que ahora se resuelve y al que se refiere este apartado, pudo ser impugnado mediante el recurso de apelación, previsto en el artículo 5.576, del citado cuerpo legal, a través del cual era factible lograr su modificación, revocación o anulación; sin embargo, la parte quejosa no interpuso dicho recurso en contra del proveído que reclama. En esas condiciones, puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar o revocar el acto que vaya a reclamarse y, al no haberlo hecho así, se concretiza la causal de improcedencia en estudio. Sin que obste a la presente determinación, el hecho de que se trate de un acto emitido dentro de juicio cuya ejecución se considere de imposible reparación, porque afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, pues aún en contra de ellos, es menester agotar el principio de definitividad. La consideración que antecede encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia número 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de dos mil doce, página setecientos veintinueve, que a la letra establece: En esta tesitura, debe concluirse que la sola circunstancia de que el acto aquí reclamado sea un acto cuya ejecución sea o pueda ser considerada de imposible reparación, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo. De igual manera, tiene aplicación en el particular, la jurisprudencia número VI.2o.C.J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 765, Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse y al no haberlo hecho así la parte amparista, se concretiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se debe desechar el presente juicio constitucional. Domicilio. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción II, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. Se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Transparencia. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notificación a las autoridades. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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