Victor Kuda Bayata

Expediente 670/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
670/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Victor Kuda Bayata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por el momento no ha lugar a ordenar el archivo de este expediente, en virtud de que se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria dictada el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo; en el entendido que una vez que el órgano colegiado resuelva lo conducente, se proveerá lo que en derecho proceda. En ese tenor, hágase del conocimiento el contenido del presente proveído al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien conoce del medio de impugnación referido, para los efectos legales conducentes dentro del expediente R-******************** de su índice. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, intégrese la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese por lista a las partes; por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 32008/2023/JC, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, ********************, con el que comunica, en lo que resulta de interés, que del aquí quejoso ********************, no compareció a la audiencia celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa ********************/PUEBLA de su estadística y, para reforzar su dicho, remite copia autorizada del registro de audio y video de la referida actuación; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en virtud de que en acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, la presente determinación no se integra al expediente impreso, dado que no es indispensable para dar impulso al procedimiento ni genera notificaciones. Cúmplase.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso Víctor Kuda Bayata, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictada en la presente incidencia; y, que a la fecha en que se actúa, se encuentran notificadas las partes de dicho acuerdo. Por tanto, en cumplimiento al artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena remitir -vía electrónica- los autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a efecto de substanciar el recurso de revisión interpuesto, y se instruye a la persona oficial judicial "A" adscrita, para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico del expediente en que se actúa, a efecto de que se habilite o vincule la disponibilidad al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para los efectos correspondientes. En la inteligencia que, se remitirá el escrito original de agravios, con la finalidad de substanciar el medio de impugnación de referencia. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese; por lista a las partes; y, mediante oficio a la superioridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia que conlleva a sobreseer en este sumario constitucional, como a continuación se explica. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 3 a 16), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado y recibido en este juzgado el veintisiete de junio siguiente,********************, por derecho propio solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que precisó en su demanda en los términos siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A) ORDENADORA: 1). JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: ABOGADO ******************** ********************. Con domicilio en. B) ejecutora 1). C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, a través de cualquiera de sus Agente (sic) de la Policía de Investigación adscritos a la Agencia Estatal de Investigación como la institución policial de la Fiscalía General; 2). C. DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, a través de cualquiera de sus Agente (sic) de la Policía de Investigación adscritos a la Agencia Estatal de Investigación como la institución policial de la Fiscalía General. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A). DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: a) La falta de acuerdo a mi escrito de fecha doce de junio del dos mil veintitrés, presentado en la oficialía de partes de los Juzgados de Oralidad y de Ejecución sede regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en fecha doce de junio del dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial ********************/2022/PUEBLA. b) Derivado de lo anterior, la emisión de una orden de presentación y/o comparecencia, librada en contra del suscrito, a través de la cual se me pretenda privar de mi libertad personal, dentro de la causa judicial ********************/2022/PUEBLA. C) (sic) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La ejecución y cumplimiento de la orden de presentación y/o comparecencia, librada en contra del suscrito a través de la cual se me pretenda privar de mi libertad personal, dentro de la causa judicial ********************/2022/PUEBLA.". En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés (fojas 19 a 27), se registró la demanda de garantías como juicio de amparo indirecto 670/2023 de este índice y se proveyó lo siguiente: - Se desechó parcialmente la demanda respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, relacionado con la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA, al considerar actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; esto es, por no agotar el medio de impugnación ordinario previsto en la legislación adjetiva aplicable. - Se admitió respecto al acto reclamado consistente en la orden de presentación o comparecencia, emitida dentro de la carpeta judicial ********************/2022/PUEBLA; por lo que se ordenó tramitar incidente de suspensión en cuaderno único, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 34). Las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes en el sentido siguiente: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 ********************, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla Negó 35 2 Fiscal General del Estado de Puebla Negó 42 Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla Negó 36 Como se evidencia en la tabla que antecede, todas las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados; no obstante, en su informe, el juez de control responsable precisó que sí libró orden de comparecencia dentro de la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA, con la finalidad de que********************, fuera presentado con auxilio de la fuerza pública a la audiencia de formulación de imputación, que habría de celebrarse el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en ese expediente; asimismo, comunicó que dicha orden no fue cumplida debido a que el agente investigador a quien correspondió ejecutarla le informó la imposibilidad que tuvo para presentar el imputado de mérito, aquí quejoso, a la audiencia señalada. Ante esa información, en acuerdo de diez de julio de la presente anualidad (foja 48) dictado en este expediente, se requirió a la autoridad responsable ********************, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, para que remitiera a esta autoridad copia de lo actuado en la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA. En acato a lo anterior, mediante oficio 29389/2023/JC (foja 51), el referido juez de control envió copia certificada de la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA (anexo I); así como el registro audiovisual de la audiencia celebrada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en dicha causa penal, contenido en un disco versátil digital (foja 51 bis). De dichos documentos, esta autoridad advirtió que en audiencia celebrada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el citado juez de control recibió el informe sobre la imposibilidad que tuvo el agente investigador para hacer comparecer a********************, a la audiencia de formulación de imputación señalada para esa fecha; en esa misma audiencia, a petición del Ministerio Público, el juez de control libró orden de aprehensión contra el imputado de referencia. Por lo anterior, en acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés (fojas 54 a 56), esta autoridad dio vista al quejoso para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo contra la orden de captura librada en su contra; prevención que a la presente data no ha sido desahogada por el peticionario de amparo, pese a estar notificado de ella (fojas 63 y 64). Atento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que lo reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional es: - De ********************, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla: a) La orden de presentación o comparecencia, emitida dentro de la carpeta judicial ********************/2022/PUEBLA. - De las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Puebla y Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. b) La ejecución de la mencionada orden. Ahora, de los antecedentes relatados, esta autoridad advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En la citada causa de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsiste el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1899, tomo XXIV novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En ese tenor, a efecto de evidenciar las razones por las que en el caso se actualiza la referida causa de improcedencia, es necesario señalar lo siguiente: - El catorce de junio de dos mil veintitrés, ********************, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, dictó orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, como medio para conducir a********************, a la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA. Resolución que constituye el acto aquí reclamado - Mediante oficio AEI/UIEAPIO/1408/2023 se informó al mencionado juez de control la imposibilidad que el agente investigador a quien correspondió ejecutarla tuvo para cumplir con el mandato de presentación aludido. - En audiencia celebrada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************/2022/PUEBLA, el juez de control responsable dio a conocer a la representación social la imposibilidad para cumplir con la orden de comparecencia reclamada y, en la misma audiencia, a petición del Ministerio Público, dictó orden de aprehensión contra********************. Atento a lo anterior, es evidente que la orden de comparecencia reclamada ya no puede causar afectación alguna a quien se dirigió, pues el objeto para el que fue emitida dejó de existir; esto es, presentar al imputado a la audiencia señalada para el veintisiete de junio del presente año, pues esa actuación ya ocurrió y al haber informado el agente investigador encargado de su cumplimiento que no le fue posible presentar al imputado en la fecha indicada, lógico resulta que su objeto ya no puede materializarse. Sobre todo, si se toma en consideración que al recibir el informe respectivo sobre la imposibilidad para cumplirla, el juez de control no insistió en la presentación del imputado, sino que, a solicitud del Ministerio Público, libró orden de aprehensión contra el peticionario de amparo, cuya naturaleza jurídica es distinta de la orden de comparecencia reclamada. Cabe señalar que se considera que el acto reclamado subsiste porque la resolución en la que se emitió la orden de comparecencia, no ha sido modificada, anulada o declarada insubsistente de modo tal que lo ahí decretado quedara sin efectos, sino que fue el simple transcurso del tiempo y el obstáculo para su cumplimiento en la fecha específica para la que fue emitida, lo que concluyó la vigencia de la misma. En ese tenor, no existe dato alguno que permita concluir que la orden de comparecencia reclamada dejó alguna huella en la esfera jurídica del peticionario de amparo que amerite ser borrada o reparada. De ese modo, aun cuando el acto reclamado subsiste, no puede surtir efecto alguno en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que, se insiste, ya no existe la materia de la misma, pues si bien la autoridad judicial insiste en lograr la presencia del imputado para celebrar audiencia inicial en la referida causa penal, lo cierto es que esto actualmente se pretende a través de un distinto medio de conducción; a saber, la orden de aprehensión librada con el imputado. Lo anterior, actualiza la causa de improcedencia que se analiza y conlleva al sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales. No es obstáculo para lo anterior que, como se dijo, en acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo contra la orden de aprehensión dictada en su contra, pues lo cierto es que al haberse dictado la orden de captura (veintisiete de junio de dos mil veintitrés) con posterioridad a la presentación de la demanda (veintiséis del mismo mes y año), es evidente que el nuevo acto no existía en el momento en que se instó el presente juicio de control constitucional, por lo que es evidente que no puede guardar relación con lo inicialmente reclamado, sino que constituye una resolución independiente a la que se combatió de inicio. Lo anterior no deja en estado de indefensión al solicitante de amparo, pues al haberse enterado de la existencia de la orden de aprehensión dictada en su contra, se encuentra en aptitud de promover un nuevo juicio de amparo; por lo que, aun para el caso de que el quejoso desahogara la prevención aludida y ampliara su demanda en este controvertido, esta autoridad estaría obligada a darle trámite como un nuevo juicio de control constitucional. Se cita como sustento de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con Residencia en San Andrés Cholula, Puebla. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN QUE NO EXISTÍA AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a posturas discrepantes al resolver recursos de revisión, con relación a si es procedente la ampliación de la demanda respecto de una orden de reaprehensión que no existía al momento de la presentación del escrito inicial, pero que se emitió durante el trámite del juicio de amparo indirecto. Uno de los tribunales estimó que la ampliación era procedente, lo que provocaba que el análisis de los actos reclamados, incluida su certeza, debía partir de lo establecido tanto en el escrito inicial, como en el de ampliación; el otro órgano judicial consideró que cuando se promueve juicio de amparo indirecto contra una orden de reaprehensión y la demanda de amparo se presenta con anterioridad a la emisión de la orden de captura, es inexistente el acto reclamado y debe sobreseerse en el juicio, aun cuando en el trámite del juicio de amparo la autoridad responsable acepte la existencia de la orden combatida, sin que sea procedente que el Juez de Distrito prevenga al quejoso para que amplíe su demanda inicial respecto de la diversa orden dictada durante el trámite del juicio de amparo, porque no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, considera que no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto respecto de una orden de reaprehensión que no existía al momento de la presentación del escrito inicial de demanda, toda vez que no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Justificación: No procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto respecto de una orden de reaprehensión que se emita durante el trámite del juicio de amparo, que no existía al momento de la presentación del escrito inicial, al no actualizarse los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, toda vez que la fracción I, solamente se refiere a complementar argumentos o aspectos relacionados con el o los actos inicialmente reclamados; y, por lo que hace a la fracción II, no se cumple con el requisito relativo a que el nuevo acto guarde estrecha relación con los reclamados inicialmente, pues una orden de reaprehensión que se emita durante el trámite del juicio de amparo no puede guardar conexidad sustancial con un acto que no existía al momento de la presentación de la demanda, en virtud de que este último carece de vida jurídica, no tiene sustancia ni particularidades, ni puede afirmarse que derive de hechos concretos y, por ende, no aporta elemento alguno de identificación que pueda interconectarse con el acto novedoso; sin que ello coloque en estado de indefensión a la parte quejosa, pues podrá tener conocimiento de la emisión de esta orden de captura a través de los informes justificados, con lo que estará en posibilidad de promover una nueva acción constitucional; y en caso de que promueva ampliación de la demanda, el juzgador de amparo no podrá desechar la solicitud, sino que estará obligado a enviar el escrito de ampliación a la oficina de correspondencia común que corresponda, para que la tramite como una demanda independiente." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que integró la litis constitucional en este sumario, es procedente sobreseer en el juicio de derechos fundamentales fuera de audiencia constitucional, respecto de la orden de comparecencia reclamado; lo que se hace extensivo a su ejecución, por no haberse reclamado por vicios propios. Es pertinente indicar que ningún fin práctico tendría esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia que se estimó actualizada no podría desvirtuarse de manera alguna. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con cuatro minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, la presente determinación se integra al expediente impreso, dado que pone fin al juicio y genera notificaciones. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.

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