Víctor Kuda Bayata
Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Víctor Kuda Bayata
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 494/2023-IX. Puebla, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 494/2023-IV. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso ******, por derecho propio, contra un acto del ".Agente del Ministerio Público de Mesa de Tramite Siete Abogado Raúl Maldonado Zurita." (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"1 . En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: ".El acuerdo de fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación *******/2018/AESEX, dictado por el C. Agente del Ministerio Público de Mesa de Trámite Siete, Raúl Maldonado Zurita, en su punto SEGUNDO, el cual me fuera notificado en fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés.". Como puede verse, el quejoso únicamente combate la parte del referido acuerdo, donde se le negó la suspensión del procedimiento solicitada por aquél, pues el fiscal de marras examinó esa solicitud y la declaró improcedente porque la carpeta de investigación ya está judicializada, como se desprende de la impresión que fue adjuntada a la demanda. Además, conviene indicar que el juez de control incluido en el capítulo de autoridades responsables, únicamente aparece en ese capítulo, es decir, el resto de la demanda carece de referencias contra alguna decisión u omisión del mencionado juez. Por consiguiente, es válido considerar que sólo fue incluido por error, quizás debido al formato utilizado para la redacción de la demanda, razón por la cual se tiene el escenario siguiente: el único acto reclamado es la parte del mencionado acuerdo, emitido por el agente del Ministerio Público señalado como responsable. Sin embargo, la decisión ministerial combatida por el quejoso no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b). Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procedimientos en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Todo lo anterior resulta aplicable al numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, porque este sujeta los actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento seguido en forma de juicio, al mismo parámetro de imposible reparación dado que el inciso b) únicamente permite el juicio de tutela contra: ".Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,2 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al ponderar las carpetas de investigación, que constituyen procedimientos seguidos en forma de juicio, pues involucran por lo general a víctimas, ofendidos, sujetos investigados y otros con el carácter de imputados, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos en el curso del procedimiento de investigación -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta y ello favorece a todas las partes, dado que las carpetas ministeriales están dispuestas en esencia para la investigación de hechos delictivos, que atañen al esclarecimiento de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procedimientos de investigación para llegar con mayor a la resolución que determine el archivo o judicialice la investigación, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.3 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el único acto combatido por el quejoso, comprende una parte del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ******/2018/AESEX, dictado por el agente del Ministerio Público de Mesa de Trámite Siete, Raúl Maldonado Zurita. En una parte del citado acuerdo, se le negó al quejoso la suspensión del procedimiento, pues el fiscal de marras examinó la solicitud de aquél y la declaró improcedente porque la carpeta de investigación ya está judicializada, como se desprende de la impresión que fue adjuntada a la demanda. Pero la relatada determinación ministerial no repercute en derechos sustantivos del quejoso, dado que sólo puede encuadrar en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable. Sobre todo porque la continuación del procedimiento, en la carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de imputado, no determina que el juez de control que eventualmente presida la audiencia inicial, vaya a emitir un auto de vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito, que se le impute a aquél. En otras palabras, el quejoso mantiene la posibilidad de obtener una resolución favorable en la audiencia inicial, aun cuando de momento se le haya negado la suspensión del procedimiento en la carpeta de investigación; y si llega a dictarse un auto de no vinculación, entonces ninguna repercusión habrá tenido el acuerdo dictado por el agente señalado como responsable. Por ello se considera que la determinación ministerial combatida en la demanda de amparo, no tiene las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que únicamente se pretende cuestionar la negativa a suspender el procedimiento. Lo cual permite afirmar que la determinación ministerial combatida, no implica que el eventual juez de control que presida la audiencia inicial, vaya a dictar un auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por el hecho con apariencia de delito que haya sido materia de la carpeta de investigación. Además, la determinación ministerial de marras tampoco impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso en la carpeta de investigación, pues ningún indicio existe en la demanda para considerar que el agente responsable hubiera establecido restricciones a los derechos que tiene aquél, para continuar el ejercicio de su defensa en la carpeta de investigación, como se desprende de la demanda e incluso de la copia que parece tener el acuerdo combatido. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la determinación ministerial reclamada. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la parte del auto en mención, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe concluirse que la determinación reclamada al agente del Ministerio Público responsable -la única autoridad-, constituye un acto de mero impacto a derechos procesales en la carpeta de investigación. Por tanto, se declara que el acto combatido por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa III, inciso b), del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa III, inciso b), del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso, dado que la determinación ministerial reclamada a la única autoridad responsable, no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señaló al principio de su demanda (ubicado en la colonia *******). Asimismo, se tienen autorizados en términos amplios a los profesionistas de nombres ******, ******* y *******, porque así lo solicitó aquél y éstos tienen registradas sus cédulas profesionales, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, ********, solo queda autorizada en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no tiene registrada su cédula en el mencionado registro. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el domicilio procesal señalado en la demanda); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1114/2022-IV. Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Alegatos y prueba. Se agrega al expediente el ocurso signado por el quejoso, a través del cual ofrece una prueba documental y formula alegatos para la resolución de la litis constitucional. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida como prueba a favor del quejoso, la documental recibida en impresiones simples, que habrá de ponderarse al celebrar la referida audiencia. También, con fundamento en el artículo 124 de la citada legislación, quedan recibidas las manifestaciones del quejoso, para considerarlas en vía de alegatos al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente juicio Notifíquese.
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