Víctor Julián Martínez Mora
Expediente 1491/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1491/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Víctor Julián Martínez Mora
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, signado por CESAR ANTONIO LERMA GONZÁLEZ, en su carácter de autorizado legal de la de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa; y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, con nombre de usuario "Lerma". Por otra parte, respecto a lo diverso que solicita se autoriza únicamente la devolución de los documentos que anexó el impetrante al escrito inicial de su demanda; previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos, así como la constancia de su desglose. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de recepción de los documentos solicitados, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19 NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de cuenta mediante el cual VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su propio derecho, promueve demanda de amparo contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1491/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo promovida por VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección, contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, y otras autoridades, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que existen tres momentos para iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los mismos. Al respecto, en la demanda que se intenta cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. Lo anterior es así, en virtud de que el peticionario de amparo señaló como actos reclamado en esta vía constitucional, lo siguientes: "1.- La violación al procedimiento administrativo. 1.1.- La falta de fundamento y motivación de la orden de suspensión al cargo de supervisor de Secundaria función Inspector General de segunda Enseñanza, toda vez que ya se me había entregado el nombramiento definitivo código (10) diez al suscrito, el día 16 de Noviembre del 2021, y la notificación de que queda sin efecto el nombramiento, se me dio a conocer el día 24 de Noviembre del 2021 bajo el oficio No.0542 emitido por la Secretaria de Educación MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE. 2.- El pago de los salarios desde el mismo día en que el ciclo escolar inicio después de haber obtenido el primer lugar en el Concurso de Oposición para la Promoción a Supervisor en Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019 (.) 3.- El reconocimiento de la calidad de base en la plaza de supervisor de Secundaria función Inspector General de segunda Enseñanza. 3.1- El pago del aguinaldo de los ciclos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, así como los que se sigan generando, hasta el cumplimiento de la resolución que se dicte en el presente asunto. 3.2.- El pago de la prima vacacional, correspondiente de los ciclos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, así como las que correspondan a las que deberán cubrirse en el tiempo que dure este conflicto." Y de los antecedentes que narra en su demanda de amparo, precisa lo siguiente: "14.- El 24 de Noviembre del 2021, mediante oficio No.542, se me notifico por la jefa de Recursos Humanos Lic. Vianey Ponce Ahumada en presencia del Director Jurídico de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit Lic. Cesar Antonio Ávila Reyes de que derivado de la indicación que otorga la Dirección Jurídica de la Secretaria de Educación, con oficio (DJ/535/2021) en dar inicio al proceso de la entrega de su nombramiento como SUPERVISOR, por el momento se detiene el trámite para generar su alta DEFINITIVA COMO SUPERVISOR, a través de USICAMM (UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS) hasta nueva orden, debido a un error en el proceso administrativo, quedando sin efecto el nombramiento emitido con fecha 03 de Noviembre del 2021 con folio (029) hasta que se regularice el mencionado proceso, firmando la MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE SECRETARIA DE EDUCACION. (.)" En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De lo antes transcrito, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora pretende reclamar desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fecha que bajo protesta de decir verdad, señaló en la demanda de amparo); por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se aprecia del sello de recepción que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; por tanto, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron en exceso los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento de los actos reclamados por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su manifiesta e indudable improcedencia. No se soslaya la circunstancia de que la parte quejosa en su demanda de amparo manifieste que el siete de diciembre del año en curso presentó un escrito dirigido a la Secretaria de Educación, por el que en atención al aludido oficio 542, solicitó se le informara su situación jurídica; sin embargo, como quedó asentado en párrafos que preceden, el impetrante de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se le notificó el multicitado oficio 542. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Antonio Lerma González y en términos del párrafo segundo, del artículo 24, de la Ley de Amparo, a la persona restante que señala, toda vez que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico y el número telefónico que señala en su demanda de amparo, para establecer contacto respectivo, en los casos que se estimen necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En la inteligencia que de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que derivan de la tramitación del presente asunto.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de cuenta mediante el cual VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su propio derecho, promueve demanda de amparo contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1491/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo promovida por VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección, contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, y otras autoridades, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que existen tres momentos para iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los mismos. Al respecto, en la demanda que se intenta cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. Lo anterior es así, en virtud de que el peticionario de amparo señaló como actos reclamado en esta vía constitucional, lo siguientes: "1.- La violación al procedimiento administrativo. 1.1.- La falta de fundamento y motivación de la orden de suspensión al cargo de supervisor de Secundaria función Inspector General de segunda Enseñanza, toda vez que ya se me había entregado el nombramiento definitivo código (10) diez al suscrito, el día 16 de Noviembre del 2021, y la notificación de que queda sin efecto el nombramiento, se me dio a conocer el día 24 de Noviembre del 2021 bajo el oficio No.0542 emitido por la Secretaria de Educación MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE. 2.- El pago de los salarios desde el mismo día en que el ciclo escolar inicio después de haber obtenido el primer lugar en el Concurso de Oposición para la Promoción a Supervisor en Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019 (.) 3.- El reconocimiento de la calidad de base en la plaza de supervisor de Secundaria función Inspector General de segunda Enseñanza. 3.1- El pago del aguinaldo de los ciclos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, así como los que se sigan generando, hasta el cumplimiento de la resolución que se dicte en el presente asunto. 3.2.- El pago de la prima vacacional, correspondiente de los ciclos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, así como las que correspondan a las que deberán cubrirse en el tiempo que dure este conflicto." Y de los antecedentes que narra en su demanda de amparo, precisa lo siguiente: "14.- El 24 de Noviembre del 2021, mediante oficio No.542, se me notifico por la jefa de Recursos Humanos Lic. Vianey Ponce Ahumada en presencia del Director Jurídico de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit Lic. Cesar Antonio Ávila Reyes de que derivado de la indicación que otorga la Dirección Jurídica de la Secretaria de Educación, con oficio (DJ/535/2021) en dar inicio al proceso de la entrega de su nombramiento como SUPERVISOR, por el momento se detiene el trámite para generar su alta DEFINITIVA COMO SUPERVISOR, a través de USICAMM (UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS) hasta nueva orden, debido a un error en el proceso administrativo, quedando sin efecto el nombramiento emitido con fecha 03 de Noviembre del 2021 con folio (029) hasta que se regularice el mencionado proceso, firmando la MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE SECRETARIA DE EDUCACION. (.)" En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De lo antes transcrito, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora pretende reclamar desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fecha que bajo protesta de decir verdad, señaló en la demanda de amparo); por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se aprecia del sello de recepción que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; por tanto, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron en exceso los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento de los actos reclamados por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida VÍCTOR JULIÁN MARTÍNEZ MORA, por su manifiesta e indudable improcedencia. No se soslaya la circunstancia de que la parte quejosa en su demanda de amparo manifieste que el siete de diciembre del año en curso presentó un escrito dirigido a la Secretaria de Educación, por el que en atención al aludido oficio 542, solicitó se le informara su situación jurídica; sin embargo, como quedó asentado en párrafos que preceden, el impetrante de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se le notificó el multicitado oficio 542. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Antonio Lerma González y en términos del párrafo segundo, del artículo 24, de la Ley de Amparo, a la persona restante que señala, toda vez que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico y el número telefónico que señala en su demanda de amparo, para establecer contacto respectivo, en los casos que se estimen necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En la inteligencia que de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que derivan de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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