Victor Juan Rodas Cobón

Expediente 1040/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1040/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Victor Juan Rodas Cobón

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda de derechos humanos promovida por la parte quejosa, la cual fue notificada electrónicamente el uno de septiembre de esta anualidad; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental... NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y anexo, consistente en la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otras autoridades. Acuse recibo. Ahora, toda vez que el homólogo federal considera que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 46 fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales; en su atención este órgano acepta la competencia declinada y se continúa con el trámite del presente asunto. Desechamiento. Por principio de cuentas, de la lectura integral de la demanda de derechos humanos se advierte que el quejoso Víctor Juan Rodas Cobón señala como actos reclamados los siguientes: ( La orden o instrucción dirigida al Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para la suspensión de los haberes de retiro correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del presente año, al no pasar la revista de supervivencia correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós. ( La orden o instrucción dirigida al Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas y al Director de Prestaciones Sociales y de Salud dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que se le aplicara el contenido íntegro del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ( El oficio número SP/ORDS-0427/0427 de tres de mayo de dos mil doce, en el que condiciona al quejoso al pase de revista de supervivencia dos veces al año (en los meses de marzo y septiembre). ( La emisión del oficio DPSS1.03.1.3/8266/2022 de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, notificado el diez de junio del año en curso, en el que se le aplica el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y por ende, se suspende el haber de retiro por faltar a la revista de supervivencia del mes de marzo de dos mil veintidós. ( La emisión del oficio DPSS1.03.1.3/8355/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, notificado el cuatro de julio del año en curso, en el que, se reitera la aplicación del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por faltar a la revista de supervivencia del mes de marzo de dos mil veintidós. ( La emisión del oficio de notificación de regularización de haber retiro de trece de junio de la presente anualidad, notificado el cinco de julio siguiente, mediante el cual, se le comunica la ejecución de la suspensión del haber de retiro correspondiente al mes de mayo, junio y julio del presente año, por falta a la revista de supervivencia correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós. ( El cumplimiento de la solicitud de la reanudación inmediata del pago oportuno y la ejecución del pago tardío de sus haberes de retiro suspendidos desde el mes de mayo de dos mil veintidós y solicitada el nueve de agosto de la presente anualidad, ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ( Todas las consecuencias que deriven de los actos señalados con antelación, que se traducen en el incremento de sus gastos, afectación de su entorno familiar, al mínimo vital y deterioro de su salud. ( La aplicación del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 1154/2021, promovido por Víctor Juan Rodas Cobón, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades, controvertido en el que, entre otras cosas, el impetrante reclamó la aplicación del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, aspecto que se trae a la vista como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". (Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 285, Novena Época). "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquellos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial." (Tesis P. IX/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 259, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Materia Común, Novena Época). En ese contexto, este juzgador considera, que de conformidad con los artículos 61, primer párrafo, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, el presente juicio deviene improcedente. Para una mejor apreciación de la conclusión a la que se arriba, se trae a colación el contenido de los citados preceptos legales, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". El numeral transcrito señala en lo conducente que, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Ahora, los plazos a que se refiere el precepto citado, se encuentran contemplados en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, y para efectos del presente estudio nos ocuparemos del plazo genérico de quince días para la interposición de la demanda de derechos fundamentales, establecido en el precepto citado en primer orden, ya que en el acto reclamado en estudio no se trata de leyes de carácter autoaplicativas, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ni mucho menos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Además, porque el acto impugnado no pone en peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los numerales invocados, se desprenden tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame. 2. A partir del día siguiente en que la impetrante hubiere tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y 3. A partir del día siguiente al en que el peticionario del amparo se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable - distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia parte quejosa, que conlleve a la certeza de que esta última "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Por su parte, la última hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", lo cual implica una expresión exclusiva de la impetrante, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo expuesto, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Establecido lo anterior, es menester precisar, que tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley eso no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En la especie, de los actos reclamados en estudio, quien aquí resuelve considera que se actualiza el segundo de los supuestos en relación a los plazos legales para la promoción del juicio de amparo, esto es, quince días a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado la parte quejosa; considerando además las manifestaciones de la parte quejosa que combate la norma con motivo de acto de aplicación, del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Es decir, de las constancias de autos que integran el juicio de amparo 1154/2021, promovido por Víctor Juan Rodas Cobón, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades; a las cuales se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte lo siguiente: a) Mediante acuerdo 36323, de veinte de abril de dos mil doce, suscrito por el General Secretario de la Defensa Nacional, se le concedió a la parte quejosa el haber de retiro, por sus años de servicio. b) De las constancias remitidas por la autoridad Director del Instituto de las Fuerzas Armadas Mexicanas, consistente en el oficio SP/ORDS/0427/0427, de fecha de tres de mayo de dos mil doce, donde se le hizo de conocimiento que tenía la obligación de pasar la revista de supervivencia en los meses de marzo y septiembre de cada año, de conformidad con el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; que bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda la parte quejosa indicó que el tres de mayo de dos mil doce, se le hizo de conocimiento el contenido de dicho oficio. De lo narrado anteriormente, se advierte que el quejoso Víctor Juan Rodas Cobón, consintió en forma tácita el acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; ello, toda vez que, tal determinación SP/ORDS/0427/0427 fue notificada al quejoso el tres de mayo del año dos mil doce. Luego, la notificación respectiva surtió efectos al día siguiente. Por tanto, el plazo para acudir a esta instancia constitucional transcurrió del cuatro al veinticuatro de mayo de dos mil doce; descontándose sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Entonces, si la demanda de amparo origen de este juicio de de derechos humanos se presentó el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, su promoción resulta notoriamente extemporánea; lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. A mayor abundamiento, también se actualiza la causal de inejercitabilidad contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". Dicha causa ha sido interpretada de la manera siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". (Tesis: XIX.2o.12 K, número de registro 203430, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, página 312, Tomo III, Enero de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". (Tesis Aislada XI.2o.8 K, número de registro 202059, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, página 817, III, Junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época). El artículo y tesis transcritos, clarifican que la causa de improcedencia denominada litispendencia, se actualiza cuando los actos reclamados en un juicio de amparo son materia de otro, que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera instancia, o en revisión, promovido por: 1) El mismo quejoso; 2) Contra las mismas autoridades responsables; y 3) Por los propios actos reclamados. Como se expuso, el quejoso Víctor Juan Rodas Cobón reclama entre otras cuestiones, lo siguiente: La orden o instrucción dirigida al Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para la suspensión de los haberes de retiro correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del presente año, al no pasar la revista de supervivencia correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós. ( La orden o instrucción dirigida al Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas y al Director de Prestaciones Sociales y de Salud dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que se le aplicara el contenido íntegro del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ( El oficio número SP/ORDS-0427/0427 de tres de mayo de dos mil doce, en el que condiciona al quejoso al pase de revista de supervivencia dos veces al año (en los meses de marzo y septiembre). ( La emisión del oficio DPSS1.03.1.3/8266/2022 de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, notificado el diez de junio del año en curso, en el que se le aplica el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y por ende, se suspende el haber de retiro por faltar a la revista de supervivencia del mes de marzo de dos mil veintidós. ( La emisión del oficio DPSS1.03.1.3/8355/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, notificado el cuatro de julio del año en curso, en el que, se reitera la aplicación del artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por faltar a la revista de supervivencia del mes de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, como se asentó en la cuarta certificación de cuenta, ante este Juzgado de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo 894/2022, promovido por el aquí quejoso, contra los mismos actos y autoridades responsables; el cual, mediante proveído de veinticinco de julio del presente año, se desechó por improcedente. Determinación que fue recurrida por el solicitante de amparo a través del recurso de queja, el cual por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien lo registró con el número de recurso de queja 352/2022; medio de impugnación que se encuentra pendiente de resolución. Lo anterior, sin lugar a dudas, permite afirmar que en el presente caso, se acreditan los supuestos que configuran la causa de improcedencia en estudio (litispendencia), pues: El impetrante en este asunto como en el diverso 894/2022, es Víctor Juan Rodas Cobón. En ambos asuntos, la autoridad responsable el Director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Los actos reclamados son los mismos. Entonces, no ha lugar a dudas, que en el presente juicio de amparo, se actualiza la figura procesal de litispendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que no contraviene la nueva Ley de Amparo, siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." (Tesis visible a página 260, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). Por tanto, al actualizarse las causas de inejercitabilidad analizadas, se desecha la demanda de amparo. Domicilio Téngase como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada en términos del 12 de la Ley de Amparo, a Juan Maldonado Vargas, por tener su cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así solicitarlo. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico y números telefónicos, señalándolo de manera especial y expedita de contacto no procesal. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado su usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza al rocvadcolegcivilyadmtvo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al peticionario de amparo uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, toda vez que la parte quejosa se opone a la publicación de sus datos personales, este Juzgado toma en consideración la oposición de referencia, de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Compensación. Ahora, dado que la demanda motivo del presente expediente se presentó directamente en este Juzgado, solicítese mediante oficio vía correo electrónico a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, registre la presente demanda y realice la compensación correspondiente. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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