Victor Josue Saucedo Vazquez
Expediente 95/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victor Josue Saucedo Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio presentado por el Juez Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en atención a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante, acusando recibo del oficio 13983/2021, por el que se le remitieron las constancias que indica en el oficio de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio número 13501/2021; ahora bien, como lo solicita, remítase al Juez responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado mediante oficio 850; en virtud de que dichas constancias ya no son necesarias en el presente asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión. Se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de destrucción, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso a), del citado Acuerdo General Conjunto, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la depuración en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental y procédase a realizar la anotación en la carátula como esta ordenada en el acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos la razón signada por el actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercera interesada, el auto de veinticinco de mayo del presente año, por los motivos que expone; en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a la referida parte tercera interesada, el acuerdo citado con antelación y el presente proveído, en términos de lo acordado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Además, agréguese a sus autos el oficio suscrito por el Juez Trigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual informa que lo autos originales del expediente de origen fueron remitidos al Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto mediante proveído de veintidós de abril del presente año, lo cual se dio en razón de su acumulación al expediente con número 1093/2020, juicio de controversia familiar, promovido por ***, en contra de ***, en esas condiciones, se tiene como autoridad responsable sustituta al Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.Por lo que, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE).Notifíquese. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA el auto de veinticinco de mayo del año en curso, QUE DICE:"Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos así como de las constancias que obran en el presente expediente, particularmente de la demanda de amparo promovida por ***, misma que fue presentada ante la oficialía de partes común el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que señala como acto reclamado; la orden de descuento ordenada por el Juez Trigésimo Tercero Familiar de la Ciudad de México, del 20% (veinte por ciento) de sus percepciones, misma que se dictó en la controversia del orden familiar, alimentos por comparecencia, con número de registro 1131/2020 del índice de la autoridad señalada como responsable, de la que bajo protesta de decir verdad señaló que conoció el doce de marzo de dos mil veintiuno, al recibir el pago de la quincena correspondiente. Dicha orden de descuento, fue dictada dentro del juicio señalado, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en que admitió a trámite de la demanda por comparecencia, presentada por ***, por su propio derecho y en representación de su menor hija ***, en la que solicito la pensión alimenticia provisional a favor de dicha menor, y la cual le fue concedida por el 20% (veinte por ciento) de las percepciones de ***, a lo cual, ordenó girar oficio al Alcalde de la Demarcación Territorial de Coyoacán, y que dicho descuento sea entregado a la actora, así como se ordenó la notificación de dicho juicio al demandado ahora quejoso ***. Ante tal cuestión este juzgado advierte de oficio una causal de improcedencia, derivada de no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Este numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior, entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral aludido; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la parte quejosa no alega falta de llamamiento, además, no señaló haber interpuesto algún medio de defensa contra el acto que reclama si bien de constancias no se aprecia que a la fecha se le haya notificado dicho juicio, si obra constancia de que se ordenó dicha notificación sin que hubiera sido diligenciada, pues la actuaria adscrita al juzgado de origen, no pudo localizar el inmueble en donde se iba a llevar a cabo. De lo anterior, más que al haber interpuesto el presente juicio de amparo, señaló el juzgado ante el cual se encuentra radicado, el número de juicio, las partes del juicio, las prestaciones reclamadas, de lo cual dichas manifestaciones bastan, para tenerlo como conocedor al mismo, ya que es ese conocimiento pleno el que hace que pierda la calidad de tercero extraño, dado su conocimiento completo de la existencia de la causa. Al respecto la jurisprudencia 1ª./J. 67/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro: 2004274. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, en Materia Común, Página 729, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante e juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por lo anterior, se concluye que el accionante está obligado a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 692 BIS y 950, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal hoy Ciudad de México: "Artículo 692 Bis.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato, en efecto devolutivo los supuestos previstos en las fracciones I a VI, y en ambos efectos la hipótesis prevista en la fracción VII, según proceda, las apelaciones que se interpongan contra: (.) IV. Las resoluciones o autos que impongan una sanción o medida de apremio. (.)." "Artículo 950.-Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a afecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." Apoya a lo anterior la tesis aislada número 1a. CCXIII/2018, (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2018737, cuya literalidad es como sigue: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda." Asimismo, es aplicable a lo anterior la tesis XVII.1º.C.T.15K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito visible en la página 2274, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." De igual forma, resulta aplicable, la tesis 1a. XLV/2016 (10a.), de la Décima Época, con número de registro IUS 2010956, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 665, del tenor siguiente: "APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado establece que las apelaciones a que se refiere el Título Decimosexto: "De las controversias del orden familiar", en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, "salvo disposición expresa en contrario". Dicha salvedad está comprendida en el subsecuente artículo 951, de cuya literalidad se desprende que el legislador previó que en controversias del orden familiar, las apelaciones sean en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos previstos en el artículo 700 del mismo código civil adjetivo, sin que exista otra remisión en el título especial al que pertenecen esas disposiciones. En este contexto normativo, de una interpretación sistemática y el criterio de especialidad de la materia familiar en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esta Primera Sala advierte que el artículo 950 prevé un parámetro exacto de procedencia del recurso de apelación, especificando la regla general y la operatividad de su excepción. En consecuencia, debe concluirse que no hay sintácticamente ambigüedad ni imprecisión en el enunciado normativo y la norma encuentra armonía y coherencia en el sistema especial de apelaciones previsto para las controversias del orden familiar, por lo que se estima que el referido artículo 950 no es violatorio del principio de seguridad jurídica contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Del numeral y criterios citados, deviene que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir la determinación que constituye el reclamo, pues con éste se puede obtener una resolución en donde se determine su confirmación, revocación o modificación: por lo que, al no haberse agotado, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Pág. 8, con registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la Jurisprudencia, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 12, Sexta Parte, Pág. 37, con registro 257209, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito concluye que lo procedente es sobreseer el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, por ser notoriamente improcedente, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Por estas razones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto. Tiene aplicación a lo anterior, en términos del transitorio sexto de la ley de la materia, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con registro digital 184572, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE, Y DE FORMA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO Y PERSONAL A LA TERCERA INTERESADA".
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