Victor Jose Pitalua Jacome

Expediente 1081/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1081/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Victor Jose Pitalua Jacome

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra del auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), del precitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó al quejoso la suspensión provisional y definitiva el acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tales efectos con posterioridad al SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes, por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    DILIGENCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el licenciado ********************, en su carácter de autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual, solicita la devolución del acta de defunción del aquí quejoso ********************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvase dicho documento previa exhibición de la copia simple que realice a fin de realizar el cotejo y desglose de la misma, debiendo dejar copia certificada en el expediente, y téngase por autorizada para recibirla a la persona que señala, quien deberá firmar por su recibo, para debida constancia. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ********************, en representación de los menores ******************** y ********************, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual se apersona al juicio de amparo en que se actúa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la ********************; en consecuencia, téngase como domicilio de su parte el indicado. Por otra parte, téngase como autorizado en términos del artículo 1******************** de la Ley de Amparo a ********************, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuenta con registro de cédula profesional. Sirve de apoyo la tesis aislada ********************a. VIII/********************0********************0 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Tomo V, página 4456, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud de la parte promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "********************", se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que la parte promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico. De igual manera, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico a fin de mantener futuras comunicaciones no procesales. Asimismo, exhibe copia certificada el acta de defunción del aquí quejoso ********************, número ********************, expedida por el Registro Civil del municipio de ********************, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos (...) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, por lo que así deberá tenerse para todos los efectos legales procedentes. En ese tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que la parte quejosa ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil número ********************, a través de la cual se declara improcedente el recurso de reclamación que presentó contra la pensión alimenticia fijada inicialmente a favor de los menores acreedores alimentarios del 40% del sueldo y demás prestaciones que percibía como empleado de la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz, por lo que, se confirmó la pensión provisional decretada. En ese contexto, toda vez que la parte tercera interesa exhibió copia certificada del acta de defunción del aquí quejoso ********************, es inconcuso que se actualiza una causa de sobreseimiento que vuelve inejercitable la acción constitucional. En efecto, el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, establece que se actualiza una causa de sobreseimiento cuando durante la substanciación del juicio muera el quejoso, si el acto reclamado sólo afecta a su persona. El principio de instancia de parte agraviada significa que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica por actos de autoridad violatorios de derechos humanos. El principio de relatividad implica que la sentencia de amparo sólo puede ocuparse del quejoso; esto es, de la persona que lo solicitó, limitándose a ampararlo y protegerlo contra los actos que reclamó, a efecto de que se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación, si se trata de actos positivos, o bien, obligando a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate o cumplir lo que el mismo exija. Sobre al particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ..., determinó que la condición establecida en la fracción III, del artículo 63, de la Ley de Amparo, para sobreseer en el juicio por fallecimiento del quejoso, consistente en que los actos reclamados sólo afecten sus derechos personales, no implica que debe continuarse con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia respectiva cuando se advierta que pudieron trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, pues si éstos no instaron la protección de la Justicia Federal, carecería de lógica y sentido práctico analizar los actos reclamados si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral". (...) De lo expuesto se advierte que los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, consistentes en la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil número ********************, por la que se declara improcedente el recurso de reclamación y se confirmó la pensión provisional decretada inicialmente a favor de los menores acreedores alimentarios del 40% del sueldo y demás prestaciones, sólo afectaban a la persona quejosa, es decir, al ahora extinto ********************. Se afirma lo anterior, ya que a través de este medio extraordinario pretendía que se modificara la pensión provisional decretada por el juez natural, pues a su consideración, lo dejaba en estado de insolvencia, ya que no se había considerado al resolver, que él tenía gastos para su subsistencia; de modo que, al ser confirmada la pensión provisional decretada, sólo se le afectaba a su persona, pues la parte actora, aquí tercera interesada ********************, en representación de los menores ******************** y ********************, no se inconformó contra la pensión alimenticia que se le decretó. En ese sentido, se obtiene que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, conforme al cual, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando la parte quejosa muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona, como en el caso ocurrió, en virtud del fallecimiento de la parte quejosa ********************, sucedido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo indirecto, y los actos reclamados sólo afectaban a su persona y, por tanto, al reclamarse la resolución que declaró improcedente el recurso de reclamación, es evidente que se trata de un derecho personalísimo, cuya extinción por la muerte del agraviado, produce el sobreseimiento en el juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la substanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona. Así como la diversa tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que se comparte, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, apoya a lo antes expuesto, la tesis XV.1o.1 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE DECRETARLO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EN LA SENTENCIA RECLAMADA SE LE HUBIERA CONDENADO, ENTRE OTRAS PENAS, A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Hechos: Durante la tramitación de un juicio de amparo directo en materia penal promovido contra la sentencia de segunda instancia que condenó a la parte quejosa a compurgar una pena privativa de la libertad, así como a reparar los daños causados con motivo de la conducta ilícita que se le reprochó, la autoridad responsable informó que el quejoso falleció, remitiendo copia certificada del acta de defunción correspondiente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al advertirse la causal prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo por fallecimiento del quejoso, aun cuando en la sentencia reclamada se le hubiera condenado, entre otras penas, a la reparación del daño. Justificación: El precepto citado establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando fallezca la parte quejosa, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; hipótesis que se actualiza aun cuando se hubiera condenado al sentenciado a reparar los daños causados con motivo de la conducta ilícita reprochada, debido a que esa condena tiene una naturaleza estrictamente civil y un doble propósito que puede satisfacer tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una función privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva; de tal forma que el fallecimiento del sentenciado provoca necesariamente que la reparación del daño deje de tener sustento en su carácter de pena o sanción pública, por haber terminado su propósito como función social; así, ante tal eventualidad la reparación del daño únicamente puede subsistir como una función privada, esto es, con la finalidad de resarcir los intereses de las personas afectadas por la acción delictiva; sin embargo, ésta ya no podrá ser reclamada en la vía penal, pues no sería jurídicamente posible definir la situación jurídica de la parte quejosa sin su presencia; por tanto, en su caso, de satisfacerse los requisitos establecidos para tal efecto, la reparación del daño podrá ser reclamable en la vía civil y no en la penal; razón por la cual no puede considerarse que en ese caso subsista la materia del juicio de amparo." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo tanto, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". Por consiguiente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a las partes y por oficios a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

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