Víctor José Mendoza Lázaro
Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Víctor José Mendoza Lázaro
Actuaciones
- Principal
Principal 994/2021 CUENTA. El cuatro de enero de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, que desechó la demanda de amparo promovida por Víctor José Mendoza Lázaro, por propio derecho y en su carácter de apoderado legal de Carmen Angélica Baños Rendón, transcurrió del tres al nueve de diciembre del año pasado, tomando en consideración que fue notificada de manera electrónica el uno de diciembre próximo pasado, surtió efectos el dos siguiente, sin que lo haya hecho. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta al Secretario encargado del despacho por vacaciones de la Titular, con la certificación que antecede, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Además este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5038/2021, de trece de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de catorce de octubre del año en curso, y de conformidad con los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de la Amparo, a efecto de admitir y dar trámite al juicio en que se actúa, este órgano jurisdiccional previno al impetrante Víctor José Mendoza Lázaro, con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "ÚNICO: EXHIBA ANTE ESTE TRIBUNAL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, LAS CONSTANCIAS O DOCUMENTOS RELATIVOS CON QUE ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE EL CARÁCTER CON EL QUE SE OSTENTA, DE LAS CUALES HABRÁ DE EXHIBIR UN TANTO POR CADA UNA DE LAS PARTES" Apercibiéndole que de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se acordaría lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, el proveído de catorce de octubre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica el nueve de noviembre del año que transcurre, razón por la cual, le surtió efectos el diez siguiente, por lo que el término de cinco días concedido para desahogar dicha prevención, transcurrió del once al dieciocho de noviembre del año que cursa. Consecuentemente, y ante la omisión del impetrante, de desahogar en sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional el catorce de octubre del año en curso, SE TIENE COMO QUEJOSO ÚNICAMENTE A VÍCTOR JOSÉ MENDOZA LÁZARO, POR PROPIO DERECHO Y SE PROCEDE A PROVEER AL RESPECTO. En ese tenor, se tiene que el impetrante de amparo en esta instancia constitucional señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- Autoridades responsables: a).- Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) (...) b).- H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (.) c).- Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de' Estado de Guerrero (.) d).- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero (..) e).- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero (.) IV.- Actos Reclamados: "1. La obstrucción y entorpecimiento de la Administración de Justicia, mediante la toma ilegal de las instalaciones del Palacio de Justicia Alberto Vázquez del Mercado, ubicado en Av. Gran Vía Tropical s/n, Fraccionamiento las Playas, en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, que alberga los Juzgados de Primera Instancia en materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el Juzgado de Paz Civil y la Segunda Sala Penal; así como de las instalaciones de los edificios de ciudad Judicial en Chilpancingo, Guerrero, ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros esquina con Avenida Kena de Moreno, Colonia Tepango, C.P. 39096 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero que alberga la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el CECOFAM, Instituto de Defensoría Pública, Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Juzgados Materia Civil y Familiar, Sala Civil y Familiar, Primera y Cuarta Sala Penal, Sala Penal Unitaria y Juzgados de Control y Enjuiciamiento Penal, en el Distrito Judicial de Bravo. 2.- La omisión de las autoridades señaladas en los incisos b) y c), de ejercer las acciones y los procedimientos legales pertinentes y procedentes, para liberar las instalaciones de la toma ilegal que ejecuta la autoridad señalada en el inciso a). 3.- La negativa y omisión de las responsables señaladas en los incisos b) y c), de garantizar el derecho a una efectiva Impartición de Justicia en materias Civil, Familiar, de Paz y Penal, de manera pronta e imparcial y de Velar la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de ellas emanan, dentro del ámbito de su competencia. 4,- La omisión del H. Congreso del Estado de Guerrero, de integrar comisiones de investigación para profundizar en el conocimiento de los hechos y los actos constitutivos de responsabilidades, atribuibles a los servidores públicos que mantienen tomadas las instalaciones referidas. 5.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero de garantizar la protección y la seguridad ciudadana, la conservación del or4en, la tranquilidad y la seguridad en el Estado y de disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales, en el caso de fuerza mayor y alteración grave del orden público, derivado de la toma y obstrucción de las instalaciones referidas. 6.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero de proporcionar al Poder Judicial del Estado de Guerrero y en general a los órganos que administran justicia, el auxilio necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 7.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos y procurar el progreso y bienestar social en el Estado. 8.- Se reclaman también efectos que produzcan o puedan producir los actos reclamados." Ahora bien, previo a acordar respecto de la solicitud de la promovente para que se admita la demanda, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar el escrito constitucional para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página ochocientos noventa, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Bajo esos parámetros, esta juzgadora federal estima que respecto a los actos que se atribuyen al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y al Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ambos con residencia en Chilpancingo, se actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo que acontece en el presente asunto, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: "(.) la obstrucción y entorpecimiento de la Administración de Justicia, mediante la toma ilegal de las instalaciones del Palacio de Justicia Alberto Vázquez del Mercado, ubicado en Av. Gran Vía Tropical s/n, Fraccionamiento las Playas, en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, 1 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. que alberga los Juzgados de Primera Instancia en materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el Juzgado de Paz Civil y la Segunda Sala Penal; así como de las instalaciones de los edificios de ciudad Judicial en Chilpancingo, Guerrero, ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros esquina con Avenida Kena de Moreno, Colonia Tepango, C.P. 39096 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero que alberga la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el CECOFAM, Instituto de Defensoría Pública, Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Juzgados Materia Civil y Familiar, Sala Civil y Familiar, Primera y Cuarta Sala Penal, Sala Penal Unitaria y Juzgados de Control y Enjuiciamiento Penal, en el Distrito Judicial de Bravo; la omisión de las autoridades señaladas en los incisos b) y c), de ejercer las acciones y los procedimientos legales pertinentes y procedentes, para liberar las instalaciones y la negativa y omisión de las responsables señaladas en los incisos b) y c), de garantizar el derecho a una efectiva Impartición de Justicia en materias Civil, Familiar, de Paz y Penal, de manera pronta e imparcial y de Velar la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de ellas emanan, dentro del ámbito de su competencia (.)". Ello es así dado que del contenido de la circular 30/2021, de veintiuno de octubre del año en curso, emitida por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, misma que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y acorde al criterio sustentado en la tesis I.3O.C.35 K (10A.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", se advierte lo siguiente: Por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a la peticionaria de amparo, al celebrarse el diecinueve de octubre pasado, un acuerdo entre el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero (quien tomó medidas para la liberación de instalaciones) y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y con motivo de ello haberse logrado la liberación las instalaciones donde se albergan diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en esta ciudad y en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y reanudarse las labores en los mismos, restituyéndola en el goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación la tesis 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese mismo contexto, por lo que respecta a los diversos actos que se atribuyen a las autoridades responsables Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Guerrero; Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, todos con residencia en Chilpancingo, se determina que el juicio que nos ocupa, también deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" Para establecer la naturaleza de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad, conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derecho humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Bien, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la invocada con antelación, establecida en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese contexto, tenemos que los actos que reclama la parte quejosa a las mencionadas autoridades consisten en los siguientes: "(.) 2.- La omisión de las autoridades señaladas en los incisos b) y c), de ejercer las acciones y los procedimientos legales pertinentes y procedentes, para liberar las instalaciones de la toma ilegal que ejecuta la autoridad señalada en el inciso a). 3.- La negativa y omisión de las responsables señaladas en los incisos b) y c), de garantizar el derecho a una efectiva Impartición de Justicia en materias Civil, Familiar, de Paz y Penal, de manera pronta e imparcial y de Velar la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de ellas emanan, dentro del ámbito de su competencia. 4,- La omisión del H. Congreso del Estado de Guerrero, de integrar comisiones de investigación para profundizar en el conocimiento de los hechos y los actos constitutivos de responsabilidades, atribuibles a los servidores públicos que mantienen tomadas las instalaciones referidas. 5.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero de garantizar la protección y la seguridad ciudadana, la conservación del or4en, la tranquilidad y la seguridad en el Estado y de disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales, en el caso de fuerza mayor y alteración grave del orden público, derivado de la toma y obstrucción de las instalaciones referidas. 6.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero de proporcionar al Poder Judicial del Estado de Guerrero y en general a los órganos que administran justicia, el auxilio necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 7.- La Omisión del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos y procurar el progreso y bienestar social en el Estado. 8.- Se reclaman también efectos que produzcan o puedan producir los actos reclamados (.)". Sin embargo, como ya quedó precisado, de la circular emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, se advierte que fueron liberadas las instalaciones donde se albergan diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en esta ciudad y en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y con motivo de ello de reanudaron las labores en los mismos. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia anunciada, puesto que resulta evidente que si bien subsisten las situaciones que motivaron a que la parte quejosa instara esta vía constitucional (diversas omisiones por parte de las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, para lograr la liberación de las instalaciones que se encontraban tomadas), ya no puede surtir efectos; considerar lo contrario daría lugar a que jurídicamente se torne imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que se estima violado, ya que ningún efecto jurídico tendría la sentencia protectora, en razón de que por lo narrado es imposible que ese acto y sus efectos trasciendan y, por ende, cumpla su finalidad el fallo amparador que se emitiera, si ya no existe la toma de las instalaciones en las que se encuentran diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guerrero). En efecto, la causal de improcedencia que se analiza, se considera actualizada cuando el juzgador de amparo advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, como acontece en el caso, pues como se vio, en caso de concluirse que esas omisiones que alega fueran inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Es aplicable a lo resuelto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189, del tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." De ahí que en la especie se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Víctor José Mendoza Lázaro, por su propio derecho, contra actos del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con sede en Chilpancingo de los Bravo, y otras autoridades. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibido y se ordena agregar a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Jefe de Departamento de Amparos Indirectos, adscrito a la Subdirección "B" del Área de Asuntos Contenciosos de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, en representación del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en autos, e informa que no se le han notificado los oficios 9853/2021 y 10881/2021; toda vez que en acuerdo de cuatro de octubre pasado, se ordenó reexpedir dichas comunicaciones oficiales. Notifíquese.
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