Victor José Guillén Blanco y Otros.

Expediente 1236/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1236/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Victor José Guillén Blanco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Víctor José Guillén Blanco, contra actos del Secretario de Educación de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese con el número 1236/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. HECHOS En el caso, del escrito de demanda y constancias anexas se advierte que los actos reclamados por el promovente consisten en los siguientes: En el cese que se le intentan dar a mis derechos laborales como trabajador de la Secretaría de la que me duelo en el presente escrito de amparo, acto que describiré con exactitud en el capítulo de hechos. Asimismo, de la autoridad ejecutora Dirección de Nominas de la Secretaría de Educación de Veracruz, reclamó las retenciones indebidas de mi salario, toda vez que no existe motivo alguno que sea apegado a derecho, para privarme de este derecho. Por otra parte, cabe destacar que el promovente en el capítulo de "HECHOS" de su demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que dese hace varios años se ha desempeñado como trabajador de la Secretaría de educación de Veracruz, como docente, para posteriormente ocupar el cargo de Supervisor Escolar, hasta el diecinueve de marzo de dos mil trece, que fungió como Supervisor de Telebachillerato de la Zona Isla, Veracruz; para posteriormente ser asignado como docente en el Telebachillerato "Sehualaca", clave 30ETH0479E, perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución de los actos reclamados tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, debido a que la destitución o cese laboral respecto de la fuente de trabajo de la parte quejosa se ubica en ese lugar, situación que se corrobora con la copia de la constancia de servicio que anexo el promovente de la cual se advierte su adscripción a dicho bachillerato. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el promovente haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa sino el lugar en donde se acredite que tendrán ejecución, se ejecuten o se hayan ejecutado los actos reclamados. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en Turno, con sede en Boca del Río, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúensele por lista de acuerdos. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dionne de la Paz Islas Rodríguez y Ruth Islas Vista, debido a que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y a las restantes personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con cédulas profesionales registradas en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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