Víctor Joel Padilla Montiel

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Víctor Joel Padilla Montiel
  • Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México, Santa Martha Acatitla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA III. Ciudad de México a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de que establece el artículo 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de mayo pasado, que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio de quien resuelve no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Mesa III. Ciudad de México, dos de agosto de dos mil veintiuno.Visto el estado de autos se advierte que no obra constancia de la cual se advierta que ****, defensora pública de la parte quejosa, haya sido notificada del proveído de veinticuatro de mayo pasado, dictado en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones, túrnese este expediente al actuario de la adscripción que corresponda a fin de que realice la notificación de mérito y estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Cúmplase.

  3. Principal

    MESA. III. Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Adriana García García, defensora público de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que brindó asesoría jurídica a Víctor Joel Padilla Montiel, en relación a este asunto y al efecto acompaña imagen de la papeleta denominada "petición de interno", de fecha veinte de mayo del año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, la defensora refiere que, en atención a la prevención formulada en autos al directo quejoso, una vez brindada la asesoría correspondiente, éste manifestó que el acto que reclama en este asunto es "el abuso de autoridad, discriminación y desigualdad, que derivan del cambio de estancia", atribuido al Comité técnico, al Director de la Penitenciaria y al Jefe de Unidad Departamental de la CDUTDT (Centro de Unidad Departamental de Tratamiento) Lic. Orlando Meza. Todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, por lo cual, solicita se tenga por desahogada la prevención formulada en sus términos. Al respecto, se provee: DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Juicio de Amparo* El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio.**** En el caso, el aquí quejoso previamente de haber acudido al juicio constitucional debió agotar los procedimientos administrativos que tenía a su alcance, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal que rige el acto reclamado, establece la posibilidad de promover un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud de los cuales esos actos pueden ser revocados, modificados o nulificados. Lo anterior, pues si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, cierto es que, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. En efecto, los artículos los artículos 108 a 115 y 130 a 1351 1 "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición."*** de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen el procedimiento administrativo de peticiones mediante el cual las personas privadas de las libertad en términos del artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como el "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones."* lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, visitas, alimentación, entrega de vestimenta, reportes médicos, cuestiones de salud, entre otros, ante el Director del Centro de Reclusión, si la resolución que emita el director es contraria a los intereses del interno, podrá ser impugnada ante el Juez de Ejecución en términos del artículo 114 del referido ordenamiento, incluso si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente y demandar tal omisión. Además, tratándose de casos urgentes, como por ejemplo aquellas que, de no entenderse de inmediato, dejaran sin materia la petición, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese sentido, el quejoso Víctor Joel Padilla Montiel, previo a promover el juicio de amparo indirecto, debió agotar el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución, en observancia al principio de definitividad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.III.P. J/18P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1701, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de*** internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, en términos del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado por Víctor Joel Padilla Montiel, consistente en el abuso de autoridad, discriminación y desigualdad, derivados de su cambio de estancia, atribuido a autoridades administrativas. **

  4. Principal

    MESA. III Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con el que se da cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución relativa al recurso de queja Q.P. 35/202. Sin que haya necesidad de emitir acuse de estilo correspondiente, toda vez que el Tribunal oficiante refiere que tendrá como tal, el sello de recepción de la comunicación que se atienden. De la lectura de la resolución emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: ".ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En ese sentido, se procede a dar cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los siguientes términos: Se deja insubsistente el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno. Acorde a lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hágase del conocimiento Juicio de Amparo 590/2020 III-A**** del directo quejoso y su defensa pública que, de conformidad con las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros puntos, se aprobó como medida en relación con contagios de enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que implicó la suspensión de labores en dichos órganos jurisdiccionales, durante el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la suspensión de plazos y términos en este juicio, se reanudó a partir del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, lo que implicó que los plazos otorgados continuarían desde el punto en el que quedaron pausados, sin que ello implique su reinicio. En ese tenor, tomando en consideración que la prevención formulada en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, en este juicio de amparo, fue notificada al quejoso Víctor Joel Padilla Montiel, el veinte de noviembre de dos mil veinte y a la defensora pública A****, el uno de diciembre de dos mil veinte, el término de cinco días concedido para desahogarla comenzó a computarse para la defensora pública el tres de diciembre de dos mil veinte, interrumpiéndose el cinco de diciembre siguiente, de conformidad con la Circular SECNO/29/2020, esto es, habiendo transcurrido dos días para desahogar la citada prevención.**** En tales condiciones, se precisa que, los tres días que le restan a la parte quejosa para desahogar la prevención de doce de noviembre de dos mil veinte, correrán una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. En el entendido, que subsiste el apercibimiento decretado en el multicitado acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, para el caso de no desahogar la prevención en los términos ahí indicados.

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