Victor Joel Morales Rangel

Expediente 62/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
62/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Victor Joel Morales Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo.

  2. Principal

    el director de Catastro de León, Guanajuato remite las constancias relativas a la ubicación de los predios con cuenta catastral ***********... dese vista a los peritos para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten si con la información proporcionada por la autoridad oficiante y con las manifestaciones realizadas por el referido tercero interesado, estiman conveniente ampliar o aclarar sus peritajes ya rendidos y ratificados...

  3. Principal

    CÚMPLASE.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se emplaza y notifica a la parte tercera interesada, los acuerdos de veinticuatro de enero y doce de febrero, ambos de dos mil dieciocho que en resumen dice: Auto de 24 de enero de 2018: "EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 62/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: a) La omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, en pronunciarse y desahogar las pruebas ofrecidas por el quejoso dentro de la carpeta de investigación 45519/2017 incoada en su contra; y b) El quejoso señala como tal, el auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 1P2017-1396 del índice del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Región IV en el estado de Guanajuato, mediante el cual se ordenó citar al peticionario a la celebración de la audiencia inicial que tendrá verificativo a las once horas del veintiséis de enero de dos mil dieciocho; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se ordenaría su comparecencia o aprehensión; y su ejecución. SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por Víctor Joel Morales Rangel, contra actos del agente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y otra autoridad, en cuanto al acto reclamado precisado en el inciso a). Lo anterior es así, toda vez que respecto al acto en comento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Nuevo acto que logra la insubsistencia de aquél, la cual sustituye procesalmente al anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. En el caso, se reclama la omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, en pronunciarse y desahogar las pruebas ofrecidas por el quejoso dentro de la carpeta de investigación 45519/2017 incoada en su contra. De las constancias de autos se advierte lo siguiente: a) El veintidós de noviembre del año próximo pasado el quejoso acudió a la agencia de investigación criminal de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de León, Guanajuato, y se le informó que Juan Manuel Orozco Martínez presentó querella por la comisión del delito de robo calificado; b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete rindió declaración por escrito de los hechos imputados dentro de la carpeta de investigación 45519/2017, en la que ofertó diversas pruebas, no obstante, la responsable no se pronunció en relación a su admisión. c) Mediante auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se convocó al quejoso a la audiencia inicial a celebrarse el veintiséis de enero del año en curso, dentro de la causa penal 1P2017/1396, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se ordenaría su comparecencia o aprehensión; y su ejecución. Lo anterior da noticia de la materialización del motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas de la omisión del agente del Ministerio Público en pronunciarse y desahogar las pruebas ofertadas dentro de la carpeta de investigación 45519/2017, fueron sustituidas por la determinación que ordenó citar al peticionario a la celebración de la audiencia inicial. Es esa resolución la que rige la situación jurídica del peticionario y la que, de no cumplir le podría generar un perjuicio. Esto es, la resolución contenida en el acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 1P2017-1396 del índice del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Región IV en el estado de Guanajuato, mediante el cual se ordenó citar al peticionario a la celebración de la audiencia inicial, sustituyó procesalmente la omisión del Ministerio Público, pues ahora el quejoso se encuentra obligado al cumplimiento de lo ahí resuelto. Bajo esa condición, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo. SE ADMITE PARCIALMENTE LA DEMANDA. Se admite parcialmente la demanda promovida por Víctor Joel Morales Rangel, contra los actos del titular del agente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y otra autoridad, respecto al acto consistente en:  El auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 1P2017-1396 del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Región IV en el estado de Guanajuato, a través del cual se convocó al peticionario a la audiencia inicial que tendrá verificativo a las once horas del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se ordenaría su comparecencia o aprehensión; y su ejecución AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía , cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación : i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; ii) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstenga o sea omisas en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía , cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, cuyo valor fue publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo . En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía , cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa a su escrito de demanda, misma que por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada, sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto." Acuerdo de 12 de febrero de 2018: "Agréguese la razón actuarial de cuenta mediante la cual el fedatario judicial adscrito hizo constar la imposibilidad para emplazar al tercero interesado ******************** por las razones que ahí expone... En consecuencia y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado en el ubicado en **************... Por conducto del actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, emplácese al tercero interesado ********************, en el citado domicilio, a quien deberá correr traslado con copia de la demanda, así como del auto por el que se admitió.

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