Víctor Jesús López Suárez

Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
323/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Víctor Jesús López Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que se impone es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 323/2023, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Del contenido de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados consisten en: 1. La determinación contenida en el oficio ******** de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le comunica al promovente *******, el cambio a funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado. 2. La determinación contenida en el oficio ****** de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le comunica al promovente *******, el cambio de adscripción al módulo de licencias en la ciudad de Pánuco, Veracruz. En ese tenor, el suscrito estima se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en la medida en que se considera que los actos reclamados no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo. Con el fin de dar explicación a la actualización de la causal de improcedencia en comento, resulta pertinente establecer el contenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]. De los dispositivos legales en comento, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como un ente patronal ya que sus determinaciones derivan de la relación que sostiene con un trabajador. Por tal motivo, en la especie, su actuación se encuentra en una relación jurídica de coordinación con el aquí promovente, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive en cuestiones atenientes al cambio a funciones administrativas, así como al cambio de adscripción de una dirección a otra, ello derivado de una relación en la que las autoridades responsables tienen únicamente el carácter de un organismo patronal y con este carácter las relaciones que se den con los particulares serán en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, en congruencia con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o las extinguiría. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001 (registro 188436) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Pues bien, como se estableció en apartados previos, el promovente *******, reclama: 1. La determinación contenida en el oficio ******** de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le comunica el cambio a funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado. 2. La determinación contenida en el oficio ******* de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le comunica el cambio de adscripción al módulo de licencias en la ciudad de Pánuco, Veracruz Actos que atribuye a las autoridades Secretario de Seguridad Pública del Estado, Secretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en la DGTE, Director General de Transporte del Estado, Director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, Subdirección Administrativa en la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública, Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, Delegado Administrativo en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en la Dirección General de Transporte del Estado y Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, todas con residencia en esta ciudad. En ese sentido, es dable concluir que el reclamo del promovente en esta instancia constitucional deriva de una cuestión íntimamente relacionada con una modificación a las condiciones laborales, específicamente con el cambio a funciones administrativas y al lugar en que deberá desempeñar sus actividades. Ello es así, pues mediante los oficios reclamados se notificó al promovente el cambio a funciones administrativas así como el cambio de adscripción al módulo de licencias en la ciudad de Pánuco, Veracruz, lo que pone de manifiesto que se trata de una modificación a las condiciones laborales del promovente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, para la que labora y por ende ejerce una función de organismo patronal. Así, resulta claro que los actos reclamados derivan de una relación obrero-patronal, esto es, no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se duele el promovente tienen su origen en una relación de trabajo entre particulares donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de carácter contractual. Por ello la actuación reclamada no puede considerarse como acto de autoridad, pues si bien el acto reclamado pudiese afectar la situación jurídica del promovente al ordenarse el cambio de funciones administrativas y el cambio de adscripción a un diverso centro de trabajo, lo cierto es que ello no puede ser analizado en esta instancia constitucional al derivar tal cuestión de una relación de coordinación y no así de supra subordinación, al fungir la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, como ente patronal de ******. Lo anterior, en razón que de lo expuesto por el promovente en su demanda de amparo, así como de las documentales anexas, se advierte que entre el mismo y las autoridades responsables existe una relación laboral, según se aprecia de los oficios reclamados. Luego, es evidente que entre el promovente y las autoridades responsables subyace un vínculo empleado-patrón; por ende, se reafirma, nos encontramos ante una relación de coordinación y no de subordinación (gobierno-gobernado), cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como ente patronal, el promovente tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante las autoridades competentes, pues como ya se explicó, los actos impugnados no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto que ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación (trabajador patrón) la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. En consecuencia, los actos que el solicitante de amparo pretende combatir, son actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida desvinculados totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio constitucional; lo cual implica, que el promovente, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (registro 2011343) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1956 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, cuyo rubro dispone: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Asimismo, por analogía resulta aplicable la tesis VII.2o.A.T.10 A (registro 194572) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 487 del Tomo IX, Febrero de 1999, de rubro siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 310, con número de registro digital 178883, de rubro: SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que se impone es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, tómese nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado por el promovente, para entablar comunicaciones no procesales. Se tienen como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******* y *******, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se autoriza a ******* y *********, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, debido a que no cuentan con sus cédulas registradas en dicho sistema. PETICIONES Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", se autoriza el acceso al expediente electrónico a la clave de usuario "*******", para efectos de consulta del presente asunto. Por tanto, se comisiona al Analista Jurídico "SISE" el registro del usuario antes referido; y se instruye al actuario de la adscripción relativo, para que realice las habilitaciones correspondientes. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN (...) HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda "

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