Victor Jesus Aguillon Hernandez
Expediente 1319/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Victor Jesus Aguillon Hernandez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple del escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios, promovidos por********************, por propio derecho y como representante de los menores ******************** y ********************, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, en términos de los artículos 115 y 125, de la Ley de Amparo, se integra de manera electrónica y física el presente incidente de suspensión. Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del que quede legalmente notificada, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia. Apercíbase en términos de los artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir con lo antes señalado, además de presumir ciertos los actos reclamados, podrá imponérseles una multa de cien a mil veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial -y de aquéllos en que se desahogó la prevención-. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados consistentes en: a. La expedición del oficio número ********************, de fecha cinco de mayo de este año, en el que se le comunica su cambio de adscripción dentro de la Guardia Nacional; b. La expedición del oficio ******************** de nueve de mayo de este año, en el que se le comunica su cambio de adscripción dentro de la Guardia Nacional; c. El contenido de los oficios ******************** y ********************, de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, así como en el oficio ******************** de nueve de agosto de dos mil veintiuno y el diverso ******************** de doce de abril de dos mil veintidós; d. La ejecución de lo ordenado en esos oficios; e. Las consecuencias derivadas de la ejecución de los citados oficios, en concreto, las relativas a la alteración y disminución de los alimentos de su menor hijo de iniciales ********************. Análisis de la suspensión provisional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la apariencia de buen derecho consiste en establecer una credibilidad objetiva y seria sobre el fondo del asunto que descarte una pretensión manifiestamente infundada o temeraria. Lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio. Ese ejercicio consiste en realizar un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no constitucional, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada. Lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilidad del derecho esgrimido. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo128 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que la solicite la parte quejosa Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por lo que hace al orden público e interés social, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son nociones íntimamente vinculadas. El primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población. El segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha considerado que por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resintiría. Dichos conceptos se encuentran previstos en la fracción II del artículo 128 de la ley de amparo: "Artículo128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los siguientes requisitos (.) II Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 107, fracción 10 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 138, de la Ley de Amparo, lo procedente es realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Efectos de la suspensión. Cabe destacar que la suspensión puede concederse para efectos y consecuencias distintas a las propuestas; pero vinculadas con el acto reclamado esencialmente. Del capítulo de suspensión fijado en la demanda, se advierte que se solicitó la medida cautelar para estos efectos: a. Que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la orden contenida en los oficios reclamados; b. Que le sea cancelado a ella o a sus menores hijos, los servicios de seguridad social. Nota relevante. La quejosa también solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se le obligara a incorporarse de manera forzosa al ejército, ni a la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, al desahogarse la prevención formulada en el juicio principal, la quejosa consideró innecesario combatir del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, entre otras disposiciones, la Ley de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós, sino únicamente combatió la legalidad del cambio de adscripción del que fue objeto la parte quejosa dentro de la Guardia Nacional. Por eso tampoco se hizo un pronunciamiento sobre la suspensión de plano, como lo señala el artículo 126 de la Ley de Amparo, dado que la incorporación forzosa al ejército que alude no la señaló como acto reclamado destacado, ya que no combatió propiamente el Decreto de reformas antes indicado, y además, constituye un hecho notorio para esta juzgadora que el propio artículo sexto transitorio, fracción III, de ese decreto, no implica una incorporación forzosa al ejército para los elementos de la Guardia Nacional que pertenecieron a la extinta Policía Federal -como la quejosa-, sino que regula una situación distinta por cuanto a que esos elementos seguirían al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, no se hará un análisis del diverso efecto para el cual se solicitó la medida cautelar, consistente en la abstención por parte de las autoridades responsables de actos de hostigamiento laboral, dado que tales cuestiones están vinculadas directamente con los conceptos de violación expresados en la demanda y, por ende, se estudiarán, en todo caso, cuando se examine el fondo de la pretensión planteada. Determinación judicial. La suscrita estima procedente conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior parte del supuesto sobre que los actos reclamados en la demanda son de naturaleza positiva, de ahí que sus efectos sean susceptibles de suspenderse. Respecto al requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la ley, la quejosa lo acredita con lo expuesto en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con las documentales ahí adjuntas, protestadas en términos del artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de lo que se obtiene que es un elemento activo en la Guardia Nacional y madre de los menores que acude a representar en este procedimiento constitucional. Ahora, en cuanto al segundo requisito, cabe destacar que el artículo 128, fracción II de la ley, prevé que la suspensión del acto reclamado se decretará siempre que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto debe decirse que la parte quejosa es una servidora pública (al ser elemento de la Guardia Nacional), dado que las actividades que desempeña son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Guardia Nacional, que tienden a promover la protección e integridad de la sociedad, así como salvaguardar los bienes y recursos de la nación y llevar acciones de colaboración y coordinación con las entidades federativas y los municipios. Por tal motivo, debe analizarse si, en función de la labor que desempeña la quejosa dentro de la institución en la que labora, la concesión de la medida cautelar conllevaría un perjuicio al interés social o una contravención de disposiciones de orden público. La suscrita juzgadora no soslaya el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 6/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que es improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional al Agente del Ministerio Público de la Federación cuando combate su cambio de adscripción. Ello se precisó de esa manera, en atención a que al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, concluyó que contra su cambio de adscripción, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional. En el caso, el artículo 26, fracción VIII, de la Ley de la Guardia Nacional, establece claramente que los elementos de esa institución, podrán ser cambiados de adscripción. "Artículo 26. La Carrera de Guardia Nacional se regulará conforme a lo siguiente:" (.) "VIII. El personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio. En relación con los mandos, se garantizará su rotación permanente para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones; (.)" En ese sentido, no cabe duda que los elementos de la Guardia Nacional no pertenecen al régimen militar; pero sus funciones sí son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Guardia Nacional, pues el objeto de dicha Institución, es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponde a las Entidades Federativas o Municipios. Hasta este punto, no hay duda de las funciones realizadas por un elemento de la Guardia Nacional son de interés público, de ahí que la sociedad esté interesada en que aquellas se cumplan. Sin embargo, en el caso, uno de los efectos por los que se solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados -y en su momento, la definitiva- se indicó para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, por ende, no se ejecute la orden de cambio de adscripción combatida y continúe laborando, por lo menos hasta que se resuelva el juicio de amparo, en la adscripción ubicada en Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, en la Coordinación de Batallón, con sede en Tijuana, Baja California, como Jefa de Departamento. Esa solicitud la hace descansar en el impacto que la ejecución del acto tendría en su entorno familiar, al aducir que es madre de un menor de edad en etapa de lactancia, siendo que en el lugar en el que se ordenó el cambio de adscripción, esto es, en la Ciudad de México, no cuenta con una red familiar de apoyo en el cuidado de su menor hijo. Esa situación particular de la quejosa orilla a esta juzgadora indagar otros aspectos que inciden para determinar si debe o no concederse a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. En el caso, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2022, determinó que cuando las Juezas o Jueces de amparo adviertan que en algún caso que se les presenta se encuentran involucrados, directa o indirectamente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben estudiar los hechos y las pruebas que se vinculan con tales menores de edad. Asimismo, señaló que si la obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptar el interés superior de la niñez, se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a los niños, entonces, si el juzgador percibe que existen cuestiones que no forman parte propiamente de la litis que le es elevada, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior del menor de edad, ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia depararía directa o indirectamente en el niño, no sólo resulta permisible, sino obligatorio que el Juez, oficiosamente, examine tales cuestiones "indirectas" a la litis, a fin de que el interés superior del menor de edad sea tomado en cuenta de manera primordial en dicha decisión jurisdiccional. En el particular supuesto, no se soslaya que en la jurisprudencia 2a./J. 6/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los efectos principales que se intenta desalentar al precisar que debe negarse la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un servidor público, es el desacato que ello conllevaría por parte de los quejosos, llevando al extremo de que ningún cambio de adscripción pudiera ejecutarse en los términos en que fue ordenado. Sin embargo, aunque la locución inmersa en esa jurisprudencia, sobre que por "regla general" es improcedente conceder la suspensión, no se refiere a situaciones identificables, debe interpretarse entonces que existen casos particulares que pudieran ser una excepción a fin de considerar si contra el cambio de adscripción procede la medida cautelar. En el caso, de la demanda se advierte que la quejosa es madre, entre otro, del menor de iniciales ********************, nacido el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por lo que a la fecha de este auto, cuenta con siete meses de edad cumplidos; en ese contexto, resulta clara su dependencia físico-emocional con su progenitora, el estar en etapa de lactancia; por lo que el pleno desarrollo del menor está ligado invariablemente a su madre, incluso ante el hecho de que el padre pudiese quedarse a su cuidado, el cual, por la edad del menor y atendiendo que el menor es un lactante, no podría gestionarlo de la misma forma. De igual manera, cabe destacar que el cambio de adscripción -no de puesto- no presupone cambios negativos en la remuneración del servidor público, quien en todo caso, tiene la obligación de velar y determinar la manera en que proporcionará el desarrollo integral y adecuado de los derechos de sus hijos, además de que dicho cambio no tiene como fin el impedir la convivencia y sano desarrollo de los menores. Pero, en este punto, se estima que el cambio de adscripción de la quejosa, en las condiciones en que se encuentra su vida familiar, y atendiendo a que, como lo manifestó en su demanda, bajo protesta de decir verdad, carece de una red familiar de apoyo en la localidad en que se ejecutará el cambio de adscripción y es madre soltera, ni tampoco se tiene constancia de las condiciones en que el cambio se ejecutará -horarios de labores, etcétera- sí tiene un impacto relevante por cuanto hace al pleno desarrollo de su menor hijo lactante, quien goza de una protección constitucional sobre sus derechos y obliga a la suscrita, a tutelarlos indirectamente. De ese modo, la suscrita juzgadora estima que de otorgarse la suspensión provisional no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Por su parte, en lo que atañe a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, deberá sopesarse con el perjuicio que pueda sufrir el interés social, esto es, si es mayor el daño que pueda sufrir el quejoso, ya que la preservación del interés social está por encima del interés particular afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Diciembre de 2009, Tomo XXX, página 315, Novena Época, con registro digital 165659, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En ese contexto, en un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado se estima que es mayor la afectación que podría resentir la justiciable con la negativa de la suspensión que la que pudiere resentir la sociedad, toda vez que con la suspensión lo único que se paraliza son los efectos y consecuencias para que la inconforme conserve su adscripción, grado, rango y prestaciones, lo que incluye los emolumentos quincenales y las relativas a la seguridad social. Bajo esa línea, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y, por tanto, las autoridades responsables respeten los derechos generados por la quejosa******************** al momento de la presentación de la demanda de derechos, a saber: lugar de adscripción, grado, rango y prestaciones, lo que incluye los emolumentos quincenales y las correspondientes a la seguridad social, ?siempre y cuando no se haya ejecutado o consumado el cambio de adscripción de la quejosa a la fecha de la emisión de este auto?, hasta en tanto se les notifique a las autoridades responsables la determinación correspondiente sobre la suspensión definitiva. La suspensión provisional decretada surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo y sin que sea necesario fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Notifíquese.
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