Víctor Javier Serrano Galván
Expediente 2/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Javier Serrano Galván
- Víctor Javier Serrano Galván y Otros.
- Juan Antonio Castillo Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; ahora bien, al advertirse que, en cumplimiento a las resoluciones dictadas en los recursos de queja 294/2020, 295/2020 y 296/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de éste Décimo Tercer Circuito, en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se dejó sin efecto el diverso acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el cual se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional; de igual manera, se dejó sin efectos las consecuencias procesales que de él deriven, así como la audiencia incidental relativa al presente incidente; en consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia de cinco de julio de este año, en que se sobreseyó en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en sus artículos 18 fracción I, inciso b), y 35. En este asunto se concedió la suspensión de plano, por lo que esta juzgadora determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo quince, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, c) En su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2/2020; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda y desechamiento. VÍCTOR JAVIER SERRANO GALVÁN, JESÚS PRIMITIVO MALDONADO TOPETE y JUAN ANTONIO CASTILLO TREVIÑO por su propio derecho, mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General, Director Técnico, Subdirector Técnico, Encargado del Departamento de Servicios Médicos, Comité Técnico, Director de Seguridad, Subdirector de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", que hicieron consistir en: ".IV. ACTO RECLAMADO. A todas las responsables les relamamos: La omisión de proporcionarnos atención médica real y especializada en carácter de urgente en las ramas de psiquiatría, traumatología, neurología y optometría, de acuerdo a la patología de cada uno de los quejosos y obusamente (sic) el tratameinto y suministro de los medicamentos que deriva de estas valoraciones incluyendo el material ortopédico que necesitamos.." Actos que estimaron violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4, 8, 14, 16, 17, 18 segundo párrafo, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de tres de enero de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 2/2020 de su índice, y al advertirse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, el entonces titular de este órgano jurisdiccional, determinó desechar la demanda de amparo. No conformes, los quejosos interpusieron recurso de queja en contra de ese proveído, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, donde se radicó con el número 49/2020. El seis de octubre de dos mil veinte, ese Tribunal Colegiado resolvió declarar fundado el recurso de queja, revocó el auto recurrido y ordenó admitir a trámite la demanda planteada. TERCERO. Admisión y trámite. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, entre otras cuestiones, el titular de este órgano jurisdiccional ordenó admitir a trámite la demanda, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se concedió a los quejosos la suspensión de plano de los actos reclamados. El encargado de la Dirección Técnica, rindió el informe justificado por sí, por el Subdirector Técnico y por el encargado del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA"; el Encargado del Despacho de la Dirección General y de la Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", rindió el informe justificado por sí como Director General y como Presidente del Comité Técnico de ese Centro; por su parte, el Encargado de la Dirección de Seguridad, rindió los informes solicitados al Director de Seguridad y Subdirector de Seguridad y Custodia del mencionado Centro Federal. CUARTO. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 23/2018 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el 3/2013, ya que el acto versa sobre la materia penal y tiene ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado por los quejosos VÍCTOR JAVIER SERRANO GALVÁN, JESÚS PRIMITIVO MALDONADO TOPETE y JUAN ANTONIO CASTILLO TREVIÑO en el este juicio de amparo: Único. La falta de atención médica, especializada en psiquiatría, traumatología, neurología y optometría, así como la falta de suministro de medicamentos. TERCERO. Negativa del acto reclamado. Las autoridades responsables Encargado de la Dirección de Seguridad, y Subdirector de Seguridad y Custodia, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA, al rendir su informe negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario; por tanto, al quedar desvirtuada su negativa implica sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia número 284, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-2000, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVAS DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuye y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto controvertido por los quejosos a las autoridades responsables Encargado de la Dirección Técnica, Subdirector Técnico Encargado del Departamento de Servicios Médicos, así como al Encargado del Despacho de la Dirección General y de la Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", pues si bien al rendir su informe negaron la existencia del acto reclamado, en las diversas manifestaciones que realizan, afirman que el veintitrés de febrero y once de enero de este año, se realizaron valoraciones médicas a los aquí quejosos. Lo anterior además se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó esta última a su informe justificado con las notas médicas de cada quejoso; por lo que se tiene por cierto el acto que les atribuyen los quejosos. CUARTO. Causales de improcedencia En el caso, la suscrita estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que impone para sobreseer en el juicio, la cual es de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 234 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Ciertamente, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Del citado numeral se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, o recurso o medio de defensa legal por medio del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, para los efectos del juicio de amparo, que un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Por lo que, en resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que los quejosos -internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca-, reclaman la omisión de las responsables de brindarles atención médica especializada en psiquiatría, traumatología, neurología y optometría, así como la falta de suministro de medicamentos. Ahora bien, conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho la contradicción de tesis 57/2018 de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), que más adelante se transcribe, cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento (como en el caso lo es la omisión brindarle atención médica especializada) éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco constitucional. Pues, es la autoridad penitenciaria la que organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; así como la que supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, entre otras, de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. De ahí que resulte evidente que, previamente a presentarse la demanda de amparo, los quejosos deben haber agotado el medio ordinario de defensa previsto para tal efecto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, toda vez que dicha Ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Cierto, los artículos 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracciones I, IV, VI y VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; [...]". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; [...] IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y [...]". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; [...]". "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; [...] IV. Medidas de seguridad; [.] VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; [...] VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y [.]." Como puede advertirse, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, la citada legislación prevé, en principio, un procedimiento administrativo de peticiones en favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, en forma específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control en contra de los hechos, actos u omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento. Ese mecanismo inicia con un procedimiento de peticiones administrativas, que pueden ser formuladas por las personas privadas de la libertad y aquellas que estén legitimadas legalmente. Con motivo de ese tipo de peticiones, la autoridad penitenciaria debe pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para los internos o la vulneración a los derechos de terceras personas y, en su caso, reparar dicha transgresión, pues dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá por escrito la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en el supuesto de que la solicitud sea confusa. El director del centro penitenciario tiene la obligación de resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la solicitud y deberá notificar al peticionario en uno diverso no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la determinación respectiva. Si la petición se resuelve en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la decisión correspondiente. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. En la hipótesis de que la solicitud no se resuelva dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar tal omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá en un lapso no mayor a setenta y dos horas. En el caso de la acción sea procedente el órgano jurisdiccional requerirá a la autoridad penitenciaria que se pronuncie respecto del fondo de la petición formulada en el plazo de cinco días y dará vista al superior jerárquico inmediato de la entidad administrativa. La autoridad penitenciaria hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene para interponer el recurso de controversia ante el Juez de ejecución y deberá dejar constancia de esa situación por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre los hechos, los actos u omisiones asociadas con las condiciones de internamiento que de no atenderse de inmediato quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución para plantear su solicitud. Los Jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con: a) las condiciones de internamiento y de sus situaciones conexas o asociadas; b) el plan de actividades de la persona privada de la libertad y las cuestiones relacionadas con él que impliquen violación a los derechos fundamentales; y, c) la duración, la modificación y la extinción de la pena y de sus efectos. Los sujetos legitimados legalmente para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos siguientes: I) las condiciones de internamiento, el plan de actividades y las cuestiones relacionadas con esos aspectos, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; y, II) la impugnación de las sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, la cual podrá hacerse valer en el acto de la notificación o dentro de los diez días siguientes, entre otros conflictos. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o de la resolución que se impugna y tiene por objeto que el Tribunal de alzada revise la legalidad de la determinación combatida, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: a) el desechamiento de la solicitud; b) las medidas de seguridad; c) la ejecución de las sanciones disciplinarias; y, d) la afectación a los derechos de las personas privadas de la libertad, entre otros supuestos. De donde se obtiene que el citado mecanismo ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. Asimismo, ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. También, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente. Es decir, resulta evidente que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo integral de control de actos u omisiones suscitados al interior de los centros penitenciarios, el cual, si bien inicia con peticiones administrativas, en realidad, se trata de un mecanismo de defensa judicializado, pues aunque en un primer momento la autoridad penitenciaria conoce de ella (lo cual se justifica ante la necesidad de solucionar de manera pronta y eficaz los conflictos que se susciten con motivo de las condiciones de internamiento propiciando así el restablecimiento de la vida digna y segura en la prisión); ello no implica que la autoridad penitenciaria tenga la última decisión sobre el conflicto planteado, sino que el referido mecanismo fue diseñado con contrapesos que permiten el control jurisdiccional en todo momento, tan es así que en el caso de que el promovente reciba una respuesta negativa puede atacarla ante el Juez de ejecución a través del recurso de controversia. Incluso, la judicialización de ese mecanismo también se evidencia a partir de que en el supuesto de que la autoridad no resuelva la petición en el plazo legal, el solicitante puede denunciar tal omisión ante el juez de ejecución para que éste dentro del lapso de setenta y dos horas califique tal denuncia y, de ser procedente, requiera a la autoridad penitenciaria que responda la petición de fondo y dará vista al superior jerárquico de aquélla. En ese contexto, se trata de todo un sistema que implementa mecanismos de defensa en favor de las personas internas en los centros penitenciarios, en el cual la última decisión está a cargo de una autoridad judicial. De ahí que se considere un sistema judicializado, a pesar de que no pasa inadvertido que la autoridad penitenciaria es formalmente administrativa; empero, no debe soslayarse que esa entidad pública materializa la ejecución de la pena de prisión de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por ende, debe procurar la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme al principio de reinserción social y al sistema penitenciario vigente establecidos en el artículo 18 de la Constitución Federal y en el citado ordenamiento; así, la realización de esas tareas constituye un ejercicio complementario del procedimiento de ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del promovente. Lo anterior es así porque es al juez de ejecución a quien compete constitucional y legalmente la labor de vigilar y de controlar las relaciones de hecho y de derecho que surjan entre las personas sentenciadas y la autoridad penitenciaria, entre otros aspectos, las asociadas con las condiciones de internamiento y las situaciones conexas a la ejecución de la pena de prisión, por lo que la actuación del ente administrativo se concreta a lo que se le haya ordenado en el fallo definitivo condenatorio. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), antes referida, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En tales condiciones, al no haberse hecho valer el mecanismo de defensa analizado en párrafos precedentes, en contra de la omisión inherente a las condiciones de su internamiento reclamada (omisión de brindarle atención médica especializada en psiquiatría, traumatología, neurología y optometría, así como la falta de suministro de medicamentos), es claro que no se satisfizo por la parte quejosa el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, consistente en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada la misma. Sin que pueda estimarse que el presente asunto se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de un acto carente de fundamentación y motivación; ello al tratarse de una conducta omisiva. Es así porque si bien el acto reclamado incide en un derecho humano de las personas privadas de la libertad, específicamente el derecho a la salud, en el caso particular la atención médica de los internos está prevista tanto en la ley aplicable como regulada en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y por tanto, el incumplimiento a tales deberes por parte de la autoridad carcelaria produciría una violación a tal norma secundaria de manera directa y a la Constitución de manera indirecta. Por otro lado, al ser omisiones el acto reclamado no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado, precisamente atendiendo a su naturaleza omisiva. Además, porque la circunstancia de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo de los quejosos y éstos pudieran considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, toda vez que la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; pues, mientras el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo; la regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudirse al juicio de amparo es necesario agotar el medio de defensa que en su caso prevea la ley, salvo las excepciones previstas al respecto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 11/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es, sobreseer en el juicio de amparo. Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente ejecutoria, que interpretan la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por VÍCTOR JAVIER SERRANO GALVÁN, JESÚS PRIMITIVO MALDONADO TOPETE y JUAN ANTONIO CASTILLO TREVIÑO, en términos de lo expuesto en el penúltimo y último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, en el que informa se ordenó habilitar los permisos correspondientes a fin de que el juicio de amparo 260/2021, del índice de su adscripción, sea vinculado por el plazo de diez días con este juicio de amparo 2/2020. Por tanto; se solicita al analista jurídico SISE realice la vinculación correspondiente; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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