Víctor Javier Serrano Galván

Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
201/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Víctor Javier Serrano Galván y Otros.
  • Víctor Javier Serrano Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Intégrense a los autos los oficios signados por la secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual, envía testimonio de las ejecutorias dictadas el veinticinco de agosto de este año, en los recursos de queja 121/2022 y 136/2022, respectivamente, de su índice; en el que el tribunal de alzada declaró infundados los referidos medios de impugnación; igualmente, envía el original del juicio de amparo 201/2022 y el cuadernillo de copias certificadas que se le enviaron para sustanciar los referidos recursos de queja; acúsese recibo vía interconexión. Ahora, destrúyase el cuaderno de copias certificadas que se formó con motivo del envió al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso de queja. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. a) Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. b) De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta depurable, por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como se ordenó en proveído de quince de julio del año en curso. c) Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso en el centro de su reclusión y por oficio al tribunal de alzada.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, mismo que quedó registrado con el número 136/2022 de su índice. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la diligencia de notificación que antecede, se advierte que el quejoso ***, asentó diversas manifestaciones; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de mayo de este año, por el cual, se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, y al estar concluido este asunto, se ordena remitir el original de este juicio de amparo (previo cuaderno de antecedentes que se forme a partir de esta fecha, al coincidir el expediente físico con el electrónico), así como la notificación original, por la que se interpuso el aludido recurso, al Tribunal Colegiado en turno, en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, para la substanciación de ese medio de impugnación. Se instruye al Oficial Judicial A, para que haga disponible el presente expediente, a efecto de que el Tribunal Colegiado que corresponda, realice la vinculación respectiva del expediente electrónico. Finalmente, sin que sea necesario notificar personalmente al quejoso, pues al haber interpuesto ese recurso, ya tiene conocimiento de éste. Notifíquese por lista electrónica."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, por medio del cual, envía testimonio de la ejecutoria emitida el tres de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del conflicto competencial * * * ** de la estadística del citado tribunal, así como el original del juicio de amparo * * * * * * del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio; acúsese recibo vía interconexión. Ahora, toda vez que el tribunal de alzada, resolvió que a este Juzgado le corresponde la competencia de la demanda de amparo (que se separó en el acuerdo de tres de marzo de este año), respecto del acto reclamado consistente en: La omisión de contestar las peticiones que el quejoso * * * * ** , presentó el día primero, de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todas del año dos mil veintiuno; y, febrero del año dos mil veintidós. Que le atribuye al: a) Comité Técnico; y, b) Director General Ambos, del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca". En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria recibida, este Juzgado, se avoca al conocimiento de ese acto reclamado. Anótese su reingreso y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, infórmese al tribunal de alzada, para su conocimiento en el conflicto competencial * * * * * * así como al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Desechamiento de la demanda. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior es así, porque el análisis de la demanda de amparo conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: El acto reclamado se hace consistir en la omisión de contestar las peticiones que el * * * * * *, presentó el uno de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos de dos mil veintiuno; y, febrero de dos mil veintidós, pues señala que las autoridades penitenciarias responsables han sido omisas en brindarle los medicamentos psiquiátricos, no obstante las peticiones que les ha hecho y en atención a esa omisión, solicita el amparo. En atención a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". Por su parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Ahora, en el caso, el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias la omisión de contestar las peticiones que presentó el uno de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos de dos mil veintiuno; y, febrero de dos mil veintidós, en las que solicitó se le suministre el medicamento psiquiátrico. Por tanto, es evidente que existe un procedimiento administrativo revisto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa; es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o n ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (...)." En consecuencia, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida. Además, no se advierte que se haya agotado el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que los obliga agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el Juez de Ejecución por virtud de los actos reclamados; pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Es así, debido a que el quejoso debe agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a obtener la atención que pretende se le otorgue en el Centro de su reclusión, sin que exista limitación en cuanto a la cantidad de veces que puede hacer valer peticiones administrativas o controversias judiciales, como se aprecia de los preceptos que han quedado transcritos. Máxime, que de estimarlo un caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces de Ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: " OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Así como la diversa PC. III. P. J / 18 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, registro 2017822, de rubro y texto: " PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad ". Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo; porque en el caso, la parte quejosa no reclama que el acto de que se duele carezca de fundamentación; máxime que las cuestiones relativas a las condiciones de los internos se encuentran reguladas por la citada ley de ejecución; además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento, pues como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley Nacional de Ejecución Penal la que lo estipula. Ante ello, con fundamento, en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por * * * * * * , respecto de la omisión que ha quedado señalada en líneas que anteceden. Criterio que encuentra apoyo, en lo que interesa, en la ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 961/2018. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Notificación a la parte quejosa. Se comisiona al actuario, en turno, de este Juzgado, para que, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca del quejoso * * * * * * * *, hecho que sea, le notifique personalmente este auto; asimismo, les haga entrega de la copia autorizada que al efecto se acompaña. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el centro de su reclusión.

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