Victor Javier Ruiz Luque
Expediente 37/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Victor Javier Ruiz Luque
- Victor Javier Ruiz Luque y Otros.
- Edgar Uriel González Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. INFORMA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual se tiene a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de treinta y uno de enero pasado, por lo que remite un disco óptico en formato versátil digital, que contiene la audiencia de doce de enero del año en curso, pronunciada en la causa penal *** de su índice. Acúsese recibo. Para el mejor manejo del expediente, con el disco versátil digital, fórmese el anexo I. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, visto el estado que guardan los autos, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; . De esta transcripción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que la ley reputa como consentidos, es decir aquellos respecto de los cuales se hayan aceptado expresamente todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, o bien, por manifestaciones que entrañen ese consentimiento. En el caso, se reclaman el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a los quejosos en audiencia de veinte de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal***, del índice del Juzgado Penal de Control del Primer Circuito Judicial, con sede en Tizayuca, Hidalgo. Al respecto, resulta importante referir que el veinte de diciembre de dos mil veintidós el referido juzgado de control remitió las constancias que integran la causa penal ***, al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, en virtud que se declinó competencia por razón de materia, órgano que se avocó al conocimiento del asunto radicándolo bajo el número de causa penal ***. Ahora bien, del disco óptico en formato versátil digital que remite la Administradora del Centro de Justicia penal Federal en el Estado de Hidalgo, se advierte que en audiencia de doce de enero de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ** de su índice, se concedió la suspensión condicional del proceso, pues los aquí quejosos ***celebraron un plan reparatorio, trayendo como consecuencia su inmediata libertad. En consecuencia, si los actos reclamados en este juicio son la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ***; es evidente que los quejosos, al estar de acuerdo con la salida alterna autorizada, consintieron los actos reclamados. En tales condiciones, se estima que los ahora quejosos, al aceptar culminar su proceso a través de la suspensión condicional del proceso, consintieron el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que reclamaron en la presente instancia constitucional, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. En efecto, la aceptación de culminar el proceso a través del multicitado medio alternativo de solución del conflicto y la formulación de la propuesta antes precisada, también implica que los quejosos son sabedores de que las medidas cautelares, incluso la prisión preventiva justificada, se suspenderán junto con el proceso, en términos del artículo 179 del código nacional; de ahí que el consentimiento deba hacerse extensivo a la medida cautelar. En suma, si bien tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar son resoluciones que dirimen cuestiones diversas -pues el primer acto tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito, mientras que el segundo se encarga de sujetar a proceso al justiciable-, lo cierto es que la vigencia e imposición de la medida cautelar para la etapa de investigación complementaria depende, principalmente, de la existencia del auto de término constitucional. Así lo establece el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho de otra manera, la medida cautelar no podría mantenerse si el auto de vinculación a proceso deja de existir y, por tanto, podría considerarse, solo para el análisis de la mencionada causal de improcedencia, a la medida cautelar como un acto derivado de otro consentido de forma expresa. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las diez horas con treinta y un minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de febrero de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los autos el escrito signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; visto su contenido, ténganse por formulados los alegatos ministeriales de referencia, con los que se dará cuenta en la audiencia constitucional que, en su caso, se celebre, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a su costa la copia certificada de la resolución que en su momento se dicte en el presente juicio, previa razón que por su recibo se asiente en autos....M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de febrero de dos mil veintitrés. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; no obstante, a la fecha no han sido remitidas las constancias que fueron requeridas en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, siendo necesarias para efecto de resolver el problema jurídico aquí planteado y no vulnerar los derechos fundamentales de las partes. En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las diez horas con treinta y un minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés. REQUERIMIENTO. Por lo anterior, solicitese atentamente a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, para que, si es posible, en el término de tres dias, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la audiencia de doce de enero de este año, pronunciada en la causa penal *** de su índice, relativa a la suspensión condicional de dicho proceso; ello, en virtud de que tales constancias resultan necesarias para resolver el problema jurídico aquí planteado...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de febrero de dos mil veintitrés. INFORMA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual se tiene a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, acusando recibo de los oficios a través de los cuales se hizo de su conocimiento que se le designó como autoridad responsable sustituta en el presente juicio. Asimismo, refiere que en la brevedad posible remitirá a este órgano jurisdiccional las constancias certificadas que le fueron requeridas en auto de treinta y uno de enero pasado...VII
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