Víctor Javier Rodríguez Avalos
Expediente 1023/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Víctor Javier Rodríguez Avalos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de seis de julio de dos mil veintiuno,, por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite diversas constancias derivadas del juico laboral 69/M/2007, de las que se advierte envió los oficios 6725/2021 y 6726/2021, a través de la correspondencia de fecha treinta de junio del año en curso. En consecuencia, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno DEMANDA Agréguese a los autos el escrito signado por Marcela González Arjona, quien se ostenta representante legal de Víctor Javier Rodríguez Avalos, a través del cual aduce, ocurre a desahogar la prevención que se hiciera mediante proveído de quince de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, se determina que no resulta procedente tener por desahogada dicha prevención; lo anterior, toda vez que en tal proveído se previno para que la ocursante justificara lo siguiente: Acredite con documento idóneo el carácter con el que se ostenta, esto es, como representante legal de Víctor Javier Rodríguez Avalos. Sin que obste para considerar lo anterior, la exhibición de la copia del escrito de once de mayo de dos mil veintiuno, signado por José Guadalupe Báez Ibarra, en su carácter de diverso representante legal de la parte actora, pues no resulta un documento idóneo para acreditar la personalidad que ostenta la promovente. Máxime que, no se advierte que se encuentre en alguno de los casos de excepción, toda vez que las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentra referida a la materia penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta (.)" Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia cuyo texto es como sigue: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.1 En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que subsiste dicha prevención (en el aspecto ya indicado) y apercibimiento con que fue conminado, para lo cual sigue contando con el plazo que se le concedió por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, para cumplir con ella. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia número 106/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."
- Principal
Se declara que la sentencia dictada en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
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