Victor Javier Mcnaught Arellano

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Victor Javier Mcnaught Arellano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio ...; se concluye que no es de relevancia documental. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el sumario es susceptible de destrucción, porque se desechó la acción. No obra documento en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ... por propio derecho; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar en la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 218/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la ley de la materia establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la acción y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la legislación citada, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El quejoso reclama la resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Décimo Sexto de lo Familiar en la Ciudad de México, que lo condenó a pagar $167,124.92 (ciento sesenta y siete mil ciento veinticuatro pesos 92/100 m.n.), por concepto de las diferencias de las pensiones alimenticias, a razón del cuarenta por ciento de sus percepciones, con apercibimiento de embargo en caso de no dar cumplimiento. Asimismo, reclama el auto que despachó la ejecución forzosa. III. El juicio es improcedente, en atención al principio de instancia de parte agraviada, conforme a los artículos 61, fracción XXlll, en relación al artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como el artículo 6 de la normatividad aplicable. Del análisis de la demanda electrónica de cuenta, se advierte el motivo de improcedencia descrito, por lo expuesto a continuación: El artículo 3 de la legislación correspondiente permite la presentación de promociones mediante el empleo de las tecnologías de la información, donde establece que en los escritos se utilizará la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En ese orden, la firma es un elemento esencial para la validez de los documentos presentados ante los órganos jurisdiccionales, pues ésta constituye un elemento objetivo del que se obtiene la voluntad de quien promueve; es decir un documento que carece de este elemento sólo representa un papel que bajo ninguna circunstancia puede incorporar un acto volitivo. Lo anterior se aprecia en la tesis VI.1º.151 K, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995, Página: 303, con registro 208351, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. ... ." En el caso, la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa. Sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a su cargo, particularmente del artículo 16, se advierte la necesidad de que las personas interesadas (en este caso el promovente), cuenten con una firma digital reconocida por el Poder Judicial de la Federación, para acceder a los beneficios del Portal de Servicios en Línea, misma que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Por ello, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por quien se perjudique del acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que de la acción y la evidencia criptográfica contenida en ella, se desprende la discrepancia entre el promovente - ...- y quien la firma - ... -, es que no debe considerarse que el impetrante exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. En tales condiciones, se estima que la demanda que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica de quien promueve), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. ... ." Entonces, acorde a lo invocado, se advierte que al ser la firma la manifestación inequívoca de la voluntad de la quejosa, en ningún caso, podrá hacerse uso de la misma a nombre de otro, ello atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, rector en el procedimiento de amparo. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A.39 K (10a.), de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2017524, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. ... ." Asimismo se cita por analogía la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, de octubre de 1192, página 315, con registro 218142, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el numeral 17 del Acuerdo General Plenario en cita, pues en el caso, el quejoso reclama la sentencia que lo condenó al pago de diversa cantidad por concepto de pensiones alimenticias adeudadas con apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento, así como el diverso que ordenó su ejecución forzosa, lo cual evidencia que se requiere colmar el requisito de procedibilidad para la promoción del juicio de amparo a través de la firma. Tampoco es óbice que de la demanda se advierta que José Antonio Puentes Reyes fue autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia por el promovente, empero la acción constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. Entonces, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para intervenir en actuaciones en que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" pues ello constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, mismo que no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello implicaría que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. Apoya lo anterior la tesis II.1o.27 K (10a.), de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2014299 que dispone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." Asimismo la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página 210, Libro 9, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar de plano la demanda que intenta promover ..., con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado y autorizando para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de aquellas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Sexto Familiar en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

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