Victor Jair Martinez Brito

Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Victor Jair Martinez Brito
  • Fiscal General En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que hubieran exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 294/2021, promovido por Víctor Jair Martínez Brito contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintiuno, ante el Secretario de Guardia de este juzgado, Víctor Jair Martínez Brito, por conducto de María del Rosario Martínez Brito solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Fiscal General en el Estado de Morelos Director de Investigaciones y Control de Procesos Penales, de la Fiscalía General en el Estado de Morelos Subprocurador de Justicia de la Zona Sur-Poniente Coordinador General de Investigaciones Criminales Comandante de la Policía de Investigaciones Criminales de Ordenes de Aprehensión Agente del Ministerio Público de la Agencia de Atención Temprana, en Casa Blanca, del Municipio de Jojutla, Morelos Acto reclamado: Orden de detención ejecutada en su contra, así como incomunicación y tortura física. SEGUNDO. El uno de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 294/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la en el juicio laboral la orden de detención ejecutada en su contra, así como incomunicación y tortura física. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades siguientes al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados: Fiscal General en el Estado de Morelos. Director de Investigaciones y Control de Procesos Penales, de la Fiscalía General en el Estado de Morelos. Subprocurador de Justicia de la Zona Sur-Poniente. Comandante de la Policía de Investigaciones Criminales de Ordenes de Aprehensión. En consecuencia toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe esa negativa, lo procedente es sobreseer en este enjuiciamiento constitucional con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la jurisprudencia 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Existencia del acto reclamado. Es cierto únicamente el acto reclamado consistente en la detención ejecutada en contra de la parte quejosa, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado las siguientes autoridades responsables: Coordinador General de Investigaciones Criminales. Agente del Ministerio Público de la Agencia de Atención Temprana, en Casa Blanca, del Municipio de Jojutla, Morelos. CUARTO. Procedencia del juicio. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". El artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora bien, la parte quejosa Víctor Jair Martínez Brito, reclama de las autoridades responsables antes mencionadas, la orden de detención y/o aprehensión ejecutada en su contra. Y si bien es cierto que el treinta de marzo del año en curso el quejoso fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Adolescentes de la Fiscalía Regional Sur Poniente, por conducto de elementos de la Tropa 108 del Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la probable comisión de los delitos contra la salud, y lo que resulte, cometido en agravio de la sociedad, también lo es que el treinta y uno de marzo del año en curso, dicho representante social puso a disposición del Juez de Control del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, solicitando audiencia de control, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso por los delitos antes mencionados. La cual se llevó acabo el uno de abril del año que transcurre, ante el Licenciado Armando David Prieto Limón, Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, dentro de la carpeta judicial CJ-Q27/2021, quien determinó calificar de legal la detención del quejoso y decretó auto de vinculación a proceso, fijando la medida cautelar de internamiento del quejoso en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes en Alpuyeca, Xochitepec, Morelos. En tal virtud, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse desahogado la audiencia de control en el la carpeta judicial CJ-Q27/2021. Para arribar a tal conclusión debe tomarse en cuenta que la Agente del Ministerio Público solicitó a la Juez de control citara a la parte inconforme a una audiencia inicial para calificar de legal la detención del justiciable así como de formularle imputación, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra indica: "ARTÍCULO 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad. El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud..." Del precepto anterior se establece que el agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de que se resuelva la situación jurídica del imputado. Por ende, el hecho de que un Juez de Control haya calificado de legal la detención del amparista, y haya dictado auto de vinculación en su contra, imponiéndole además como medida cautelar el internamiento del quejoso en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes en Alpuyeca, Xochitepec, Morelos, es indiscutible que tal determinación generó efectos distintos y novedosos a los que en su momento se crearon con la detención del amparista, los cuales se afectarían si se adentrara al estudio de constitucionalidad del acto primigenio. De lo que se desprende, hubo un cambio de situación jurídica del inconforme, que quedó irreparablemente consumada, por lo que se actualiza la invocada causal de improcedencia, de ahí que lo conducente es sobreseer en este juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ilustra por analogía la tesis XVIII.2o.P.A.2 P (10a.), publicada en la página 1430, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". Y la tesis II.2o.P.20 P (10a.), impresa a foja 1287, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Jair Martínez Brito, contra el acto que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes en relación a la vista realizada con los informes justificados rendidos por el Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitanas, Fiscal Regional Sur Poniente y el Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, de los cuales se advierte que el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, no ha hecho mención a la fecha, si el quejoso ya compareció a la entrega-recepción del cheque expedido a su favor, y haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de las documentales con las cuales acredite que entregó el cheque expedido a favor del quejoso Carlos Viadana Lasso, así como las constancias conducentes, que acredite que se encuentra dando total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su caso la imposibilidad que tiene para hacerlo. De no estar entregado el citado cheque, señale hora y día para la entrega-recepción, y en todo caso, hacerle de su conocimiento para que acuda a sus oficinas. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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