Víctor Iván Calva Aburto
Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Iván Calva Aburto
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que anexa el testimonio de la resolución dictada en el expediente **********, de la que se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto en autos, contra el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo, hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, en razón que obra en autos un documento original exhibido por la parte quejosa (foja 12), con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el documento previa copia que del mismo se agregue a los autos; por lo tanto, requiérase a la parte quejosa para que comparezca a recogerlo en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado; en el entendido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Atento a su contenido, se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando que dio trámite recurso de queja interpuesto en autos; por lo tanto, estese en espera que remita la resolución que dicte en el expediente ******** de su índice. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por ********, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en autos y al efecto manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el día uno de junio de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, respecto de los actos que se reclaman en la demanda que se recibe, se advierte que se la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) El artículo transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se intenta contra actos consentidos tácitamente; esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro de los términos que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre esa base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general, el término para promover la demanda de amparo es de QUINCE DÍAS, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Relacionado con lo anterior, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe consultarse el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme al precepto invocado, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. A aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. A aquél en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. 4. Y para el caso que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se contará a partir de su entrada en vigor. HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: a) La falta de llamamiento al juicio ********, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. b) Todo lo actuado en el juicio mencionado, incluyendo la sentencia dictada en éste. En relación con ello, en los antecedentes que el quejoso expone bajo protesta de decir verdad, manifiesta que "NO TENÍA CONOCIMIENTO", y que se enteró, en virtud que un conocido suyo vio su nombre en las lista del Juzgado en donde aparecía como demandado y la parte actora ********, y al buscarlo en internet aparecía un desplegado de actuaciones en donde, entre otras, aparecía una sentencia en la que se le condenaba al pago total del crédito que actualmente tiene por vivienda que habita el ubicado en ********de esta ciudad. Asimismo, en el escrito que se provee en esta fecha el quejoso ********, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día uno de junio de dos mil veintitrés. A tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Asimismo, del sello estampado en la primera hoja de la demanda, se advierte que ésta fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veintitrés de junio de la presente anualidad. CONCLUSIÓN Por lo tanto, respetuosamente, se concluye que si desde el uno de junio de dos mil veintitrés la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos reclamados, y la demanda la presentó el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, según se observa del sello, ésta resulta extemporánea. Lo anterior, porque entre la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la diversa de presentación del escrito de demanda, transcurrieron dieciséis días hábiles, previo descuento de los días siguientes: Los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos; todos inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: "Registro digital: 171389 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.28 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2613 Tipo: Aislada PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." "Registro digital: 226886 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página 199 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz a través del cual refiere que ha dado cumplimiento al fallo protector; no obstante, de las constancias de autos se aprecia que aún no se informa sobre el total cumplimiento. En efecto, el sentido del fallo protector fue el siguiente: (.) En las relatadas consideraciones, dado que los conceptos de violación resultaron fundados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **** para el efecto que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables Director General, Jefe de la Unidad Jurídica de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Jurídica, Director de Administración, Director de Servicios de Usuarios, Gerente Comercial, Gerente de Administración de Tomas, Gerente de Operación y Mantenimiento, todos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, en el ámbito de sus competencias, realicen lo siguiente: 1. Restablecer de inmediato el servicio de suministro de agua potable suspendido en el domicilio del quejoso siendo el inmueble ubicado en ******* en esta ciudad, bajo la cuenta registrada con número 156984, codificación **** 2. En caso que pretendan realizar la suspensión del servicio al impetrante por subsistir falta de pago de los servicios: a) Se siga el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es decir, que se formule requerimiento expreso debidamente fundado y motivado; que se conceda el plazo de tres días hábiles para realizar el pago o celebrar convenio en parcialidades; que se recabe la información necesaria para verificar el número de personas que habitan la vivienda; necesidades a cubrir; las condiciones en que viven; capacidad económica; si alguno de los habitantes se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de especial protección. b) En caso de restringir el servicio, se tomen las medidas necesarias a efecto de proteger el acceso al mínimo vital del quejoso, lo que implica que, en su caso se le suministren por lo menos cincuenta litros diarios de agua potable. (.) Ahora bien, se advierte que las autoridades responsables mediante oficio de doce de junio del año en curso (foja 277), únicamente comunicaron el cumplimiento dado al apartado marcado con el número 1; y de las constancias que anexaron se aprecia la siguiente manifestación (foja 278) "Asimismo hago de su conocimiento que el punto 2. Inciso a y b, no son competencia de esta Gerencia, toda vez que la Cartera Vencida es facultad de la Gerencia Comercial" Sin que hasta el momento se haya recibido diverso oficio por el que comuniquen el cumplimiento dado a ese punto 2. Por lo tanto, requiérase a la autoridad responsable Gerencia Comercial de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que en el término de tres días, legalmente computado, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comunique las medidas que adopte con tal finalidad o bien el impedimento legal que tengan para hacerlo; apercibida que de no cumplir, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del primero de los artículos mencionados. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
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