Victor Israel Velasco Camarillo
Expediente 1939/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Victor Israel Velasco Camarillo
Actuaciones
- Principal
Vista la boleta de turno registrada por la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, de la que se advierte que el recurso hecho valer en autos se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, agréguese al sumario para que obre como constancia.
- Principal
Citatorio principal.- por este medio se notifica al Quejoso el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, que dice: Del análisis de las constancias que conforman este expediente se aprecia que por acuerdo de trece de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio, suscrito por la Jueza indicada, adjunto al cual, exhibió copia certificada de la constancia con la que informó a este tribunal de amparo, la forma y términos en que se llevaron a cabo los actos tendentes a acatar la sentencia concesoria del amparo. debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia. En razón de lo anterior, deben desestimarse los argumentos vertidos por el peticionario de derechos fundamentales en su escrito registrado el diecinueve de julio del año en curso, en el que evacua la vista ordenada por acuerdo de trece de julio en el sumario, toda vez que con ellos pretende, por un lado, que se analice si los fundamentos invocados por la autoridad responsable resultan aplicables al caso concreto, lo cual resulta improcedente analizar al calificar el cumplimiento del fallo, pues como se precisó, el amparo en ese aspecto, se otorgó única y exclusivamente para que la Jueza indicada, citara el precepto que lo autoriza a considerar como data para formular las operaciones aritméticas para obtener su monto, el propuesto por la reclamante al formular la incidencia planteada, lo cual sólo obliga a la autoridad de instancia a ocuparse y resolver el aspecto en que fue omisa, obligatoriedad que no puede extenderse, por su misma naturaleza, a analizar si los fundamentos invocados resultan correctos, por lo que si la autoridad responsable abordó y resolvió tal problema, agotó con eso el cumplimiento de su obligación frente al fallo federal y el sentido en que lo hizo fue con jurisdicción plena, no vinculada a la sentencia de amparo. Por tanto, debe concluirse que no procede dilucidar si los fundamentos y motivos fueron o no correctos, pues tal asunto es ajeno a la ejecutoria que se cumplimenta. Efectivamente, los efectos de la ejecutoria de amparo que otorgó la protección constitucional únicamente obligó a la autoridad responsable a invocar el fundamento que la autoriza a resolver de esa manera; empero, quedó en libertad de decisión, dado que no se le imprimió lineamiento de fondo alguno; de ahí que este órgano de control constitucional arribe a la conclusión de que la sentencia de amparo en ese aspecto se cumplió; en tanto que, en la especie, no resulta dable verificar la legalidad de las consideraciones en que la responsable haya fundamentado el acto de cumplimiento, pues ello es ajeno lo determinado en la ejecutoria de que se trata. De igual manera, deben desestimarse las alegaciones del peticionario de amparo en el sentido de que la autoridad responsable fue omisa en abordar el diverso razonamiento en el que refiere que debió considerar como fecha para la sumatoria de los alimentos provisionales, lo asentado en la proposición cuarta de la interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quince, toda vez que, a criterio de quien esto resuelve, su análisis quedó inmerso al señalar los motivos por los cuales considera que debe ser a a partir del ocho de abril de dos mil catorce, en que se resolvió la providencia precautoria de alimentos, aunado a que en relación con las consideraciones hechas valer por el deudor alimentario, aquí quejoso, expresamente, señaló: .En consecuencia, como se dijo, no obstante los argumentos de oposición vertidos por el deudor alimentario, se estiman por quien hoy resuelve insuficientes para justificar sus pretensiones habida cuenta que de manera alguna acreditó estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia provisional a la que se obligó a proporcionar a favor de su ex cónyuge en el período reclamado, pues el cumplimiento de las obligaciones corresponde acreditarlo al demandado, lo que en la especie no aconteció. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-como las de prontitud y expeditez pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente, lo que en la especie, como se ha visto a lo largo de la presente determinación, quedaron debidamente cumplimentados los efectos de la sentencia amparadora. En efecto, las anteriores manifestaciones, en opinión de quien esto resuelve, se estiman ineficaces e insuficientes para no estimar cumplida la ejecutoria de amparo, porque se dirige a combatir aspectos novedosos surgidos en la parte de ejecución del laudo ajenos a las consideraciones del fallo protector, lo cual constituye un problema ajeno al cumplimiento del fallo, puesto que este órgano de control constitucional se encuentra obligado únicamente a examinar si se han acatado o no los lineamientos de la sentencia protectora, en esa medida, se estima que tales cuestiones no pueden ser objeto de análisis en el presente período de ejecución del fallo, sin que pueda estimarse que tales aspectos constituyan un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia amparadora, como se advierte de los efectos impresos en la resolución que otorgó la tutela federal. Consecuentemente, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de conservación en un plazo de tres años, por haberse concedido el otorgamiento de la tutela federal y por carecer de relevancia documental, sin que las partes hubiesen exhibido documentos originales. Finalmente, visto el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario del Juzgado indicado, con el cual remite el escrito que suscribe el quejoso téngase por recibido y en atención a lo que solicita dígasele que deberá de estarse a lo acordado en líneas precedentes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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