Victor Isaac Valencia Orta
Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Isaac Valencia Orta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. SE REMITEN OFICIOS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito, signado por el licenciado Hugo Zacarías Sánchez; en su carácter de Defensor Público Federal del quejoso Víctor Isaac Valencia Orta, por el que atento a su contenido, previa copia que del mismo sea dejada dentro del presente expediente, remítase el comunicado de cuenta al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia; lo anterior, en virtud de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de Morelia, en la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 36/2023, declaró que dicho juzgado es legalmente competente para conocer el juicio de amparo de que se trata, el cual radicó con el consecutivo IX-1162/2023, de su índice; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DE INCOMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio 6412/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, de Ocampo, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 36/2023, en la que se declaró que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUEMENTAL. Por lo anterior, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20 fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual transcribe el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el Magistrado presidente de dicho órgano colegiado, acusa recibo del diverso 19085/2023, derivado del proveído de trece de septiembre actual, mediante el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 412/2023-V, del orden cronológico de este Juzgado y radicado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con el número IX-1162/2023; a fin de que tenga a bien resolver el conflicto competencial suscitado entre ambos Juzgados de Distrito; asimismo, informa que dicho conflicto competencial se admitió y registró bajo el consecutivo 36/2023. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a través del cual transcribe el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el titular de dicho juzgado, no aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional para seguir conociendo y resolver el presente asunto por los motivos que expone. Se tienen por recibidos los autos originales del juicio en que se actúa. Acúsese de recibido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Al respecto, esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por el titular del Juzgado oficiante, en razón de las consideraciones que quedaron plasmadas en la resolución emitida en audiencia constitucional celebrada el uno de septiembre de dos mil veintitrés, donde se determinó declinar la competencia. Máxime que, como se mencionó en aquélla resolución, el acto reclamado concretamente lo constituye la omisión reclamada a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, de resolver la controversia 321/2021, dentro de la cual solicita se le dé atención médica especializada en el área de oftalmología y odontología, para atender de manera adecuada sus padecimientos físicos. Es decir, dicha omisión se traduce en la obligación de la autoridad responsable de resolver lo atinente a su inconformidad, pues las peticiones que realiza van dirigidas precisamente a un expediente que se tramita ante la potestad de autoridad señalada como responsable; lo cual, conlleva a concluir que esa respuesta, en todo caso, habrá de emitirse en el lugar donde tiene sede la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán -Morelia, Michoacán-, quien para ello deberá proveer lo conducente, lo que indiscutiblemente, con su emisión, se generará un actuar de la autoridad responsable que producirá un cambio fáctico o material en la esfera jurídica de derechos del quejoso, bien porque el acto en sí mismo implique tal cambio, o porque sus efectos conlleven esa modificación. Por tal razón, en respetuoso disenso, esta Juzgadora considera que no es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), que el juzgador oficiante invoca, sino las diversas 2a./J. 32/2023 (11a.) y 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que la suscrita se apoyó para sustentar que el Juez comparente para resolver el asunto, es el residente en la Capital del Estado. Rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Es así, porque las consecuencias de las omisiones reclamadas necesariamente se surtirán en el expediente de controversia 321/2021 que se tramita ante la potestad de la autoridad responsable, pues es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, cuenta habida que la respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, deberá constar en el acuerdo que en dicho asunto emita la autoridad responsable, por lo que, tal circunstancia, en nada afecta la libertad personal del agraviado, pues lo que él pretende -con la tramitación de este juicio-, es que la referida controversia sea resuelta, por lo que esa circunstancia es insuficiente, para afirmar que la autoridad competente que debe resolver el juicio en que se actúa, sea la residente en su lugar de internamiento, fundamentalmente porque la materia de la juicio, se encuentra sometida a la potestad de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia. Atento a lo expuesto, se insiste en que la competencia legal para seguir conociendo y resolver presente juicio de amparo, se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno (Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia). En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para seguir conociendo del juicio de amparo 412/2023-V del índice de este Juzgado; y, radicado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, con el número IX-1162/2023; respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, remítase el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que conozca del presente conflicto competencial; lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.
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