Víctor Ignacio Osuna Picos
Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Víctor Ignacio Osuna Picos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de dieciocho de mayo del año en curso que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Del estudio de autos se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa de emitir acuerdo con motivo de la contestación de demanda presentada en el juicio de origen, su notificación, así como la omisión de tramitar y resolver en los términos de ley el juicio de referencia. En ese orden, respecto la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente con motivo de la contestación de demanda en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la que se configura cuando su efectos desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que en doce de julio de dos mil diecisiete el aquí quejoso presentó demanda ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado contra el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; en once de agosto de agosto del mismo año la responsable emitió el auto admisorio de demanda; en veinte de septiembre de dos mil diecisiete la parte demandada presentó su escrito de contestación; en dos de abril del año en curso la responsable emitió el acuerdo que recayó al escrito de contestación de demanda el cual fue notificado en veinte de abril a las partes. En mérito de lo anterior, han cesado los efectos del acto reclamado antes precisado, pues la responsable remitió copia certificada del acuerdo que recayó al escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio de origen así como de su notificación a las partes, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir y, en esa medida, el presente juicio de garantías deviene improcedente, pues en consideración que de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo para el caso que la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a que dictara la determinación correspondiente y procediera a su notificación. En otro aspecto, en lo referente a las omisiones que se llegaran a presentar en el trámite y resolución del juicio 1765/2017-I se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio respecto al acto aquí abordado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia derivada de los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, el hecho de que se realice fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado desenlace, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Del estudio de autos se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa de emitir acuerdo con motivo de la contestación de demanda presentada en el juicio de origen, su notificación, así como la omisión de tramitar y resolver en los términos de ley el juicio de referencia. En ese orden, respecto la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente con motivo de la contestación de demanda en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la que se configura cuando su efectos desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que en doce de julio de dos mil diecisiete el aquí quejoso presentó demanda ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado contra el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; en once de agosto de agosto del mismo año la responsable emitió el auto admisorio de demanda; en veinte de septiembre de dos mil diecisiete la parte demandada presentó su escrito de contestación; en dos de abril del año en curso la responsable emitió el acuerdo que recayó al escrito de contestación de demanda el cual fue notificado en veinte de abril a las partes. En mérito de lo anterior, han cesado los efectos del acto reclamado antes precisado, pues la responsable remitió copia certificada del acuerdo que recayó al escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio de origen así como de su notificación a las partes, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir y, en esa medida, el presente juicio de garantías deviene improcedente, pues en consideración que de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo para el caso que la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a que dictara la determinación correspondiente y procediera a su notificación. En otro aspecto, en lo referente a las omisiones que se llegaran a presentar en el trámite y resolución del juicio 1765/2017-I se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio respecto al acto aquí abordado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia derivada de los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, el hecho de que se realice fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado desenlace, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible.
- Principal
Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe; dado lo voluminoso de los documentos en cuestión, por separado fórmese el cuaderno de pruebas respectivo (I). Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional.
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