Víctor Idelfonso Romero Navarrete

Expediente 2287/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2287/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Víctor Idelfonso Romero Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por presentado y se agrega a este expediente el escrito de Arturo de Jesús Sandoval Torres, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, y en atención a lo solicitado, remítase al correo electrónico ajsandoval @cjf.gob.mx, la demanda de amparo que obra agregada a estos autos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. De igual forma, en términos del numeral 3 de la ley de la materia y fracciones IV y V del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica a la cuenta de usuario, "SANDOVALIFDP", siempre y cuando la clave de usuario proporcionada sea correcta y se encuentre debidamente registrada; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por *******************, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual atiende al requerimiento realizado por este Juzgado de Distrito mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, precisa la parte quejosa que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, accediendo a la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, en donde le informaron que no era posible proporcionarle directamente la información que necesitaba y que en su momento se informaría lo conducente a este Juzgado de Distrito. Ahora bien, debe destacarse que la parte quejosa al ofrecer diversas pruebas en el presente juicio de amparo, informó que no contaba con los recursos necesarios para proporcionar un perito particular en materia de documentoscopía y grafoscopía, por lo cual presentó una solicitud ante la Fiscalía esperando respuesta de la misma; sin embargo, al no haber obtenido una respuesta favorable, y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 119, 120 y 122 de la Ley de Amparo, se admite la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía ofrecida por la misma, haciéndole de su conocimiento que se adhiere al dictamen que rinda el perito que se designe por este Juzgado, la cual se desahogará al tenor del interrogatorio inserto en escrito de veintiséis de agosto de dos mil veinte, que obra agregado en autos, por lo que se ordena correr traslado a las demás partes con copia del mismo, para que de estimarlo conveniente a sus intereses, designen en el término de tres días perito de su parte, para que se asocie al que designe el juzgado o rinda dictamen por separado, así como para que de considerarlo pertinente adicionen el cuestionario exhibido por el oferente de la prueba pericial. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa, por adherida al dictamen que rinda el perito oficial que se designe por parte de este Juzgado de Distrito. Igualmente, y a efecto de que este Juzgado se encuentre en condiciones de hacer la designación del perito en términos del artículo 120 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, con el fin de que se sirva proporcionar a un profesional en materia de grafoscópica y documentoscópica para que funja como perito de este Juzgado en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante las copias certificadas que solicita, y entréguese las mismas a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, en principio resulta conveniente tener en consideración los siguientes antecedentes del mismo. El presente expediente se formó con el juicio de amparo 592/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Campeche (ahora 1335/2021 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Yucatán.) De la revisión de las constancias que lo integran se advierte que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte que dictó el Juzgado de origen, se suspendió el juicio de amparo con motivo del recurso de queja interpuesto por Úrsula Garzón Aragón, como autorizada de la parte quejosa, en contra del acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, por el que por una parte declaró carecer de competencia, por otra desechó parcialmente la demanda, y admitió la misma por los quejosos habitantes de Campeche. Por otra parte, se observa que por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se remitieron las constancias conducentes al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, para que resuelva lo conducente respecto del conflicto competencial que se suscitó con los Juzgados Cuarto de Distrito en Yucatán, Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo, con sede en Chetumal y Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, con sede en Cancún, quienes no aceptaron la competencia se les planteó en el referido auto de dos de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, también se evidencia que la cuestión de competencia fue resuelta; y, que mediante ejecutoria dictada en la queja 321/2020 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, el recurso -que motivó la suspensión del procedimiento- fue declarado fundado "(.) pues la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, deberá emitir un nuevo acuerdo en el que, en principio, (i) en torno a su competencia, atienda a lo resuelto en el conflicto competencial 1/2021; (ii) admita la demanda respecto de la quejosa Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil y la diversa quejosa Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Asociación Civil; (iii) reitere el desechamiento por lo que ve a la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat)." Es pertinente recordar que a través de la circular SECNO/23/2021 se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de julio de dos mil veintiuno, aprobó la concentración SECNO/CE/4/2021, promovida por Nacional Financiera, S.N.C. a fin de que se concentraran en un solo órgano jurisdiccional los juicios de amparo indirecto en los que se impugnaron diversos actos relacionados con las consecuencias de la planeación, construcción, desarrollo y/o acondicionamiento del Tren Maya, habiéndose designado para tal efecto, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. En atención a lo resuelto por la Superioridad y en la concentración de expedientes, este Juzgado en su oportunidad levantó la suspensión del procedimiento y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo por la integridad de los quejosos; es decir tanto los que tienen su residencia en el Estado de Campeche, como en Yucatán y Quintana Roo, con inclusión de las asociaciones civiles -punto (i) de la ejecutoria-. De igual manera, como se ordenó en la ejecutoria relativa a la queja 321/2020 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, este Juzgado reiteró el desechamiento por lo que ve a la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) -punto (iii)-. Asimismo, sobre la base de que aun no existía pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda por la totalidad de los quejosos (pues en auto de dos de diciembre de dos mil veinte se admitió únicamente respecto de los quejosos con residencia en el Estado de Campeche); a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente -y con ello acatar el punto (ii) de la ejecutoria- este Juzgado requirió la remisión de las documentales que se acompañaron a la demanda de amparo, para tenerlas a la vista al momento de proveer, ya que sólo obraban glosadas diversas constancias que en su momento fueron remitidas electrónicamente (fojas 862 a 881), pero no aquellas que la parte quejosa exhibió materialmente. Pese a las diversas medidas que este Juzgado adoptó para allegarse de esas constancias, el resultado fue infructuoso por lo que se abrió el incidente de reposición de autos, el cual fue resuelto el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, conforme a lo resuelto por la Superioridad en el conflicto competencial 8/2020 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diverso 1/2021 del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y en la concentración de expedientes, se determina lo siguiente: Se reconoce la personalidad con la que se ostenta Antonella Vázquez Cavedón, como apoderada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, Asociación Civil, en términos del primer testimonio de la escritura pública tres mil ochocientos cuatro pasada ante el notario público suplente en el protocolo del notario siete del Estado de Quintana Roo. De igual forma se reconoce la personalidad con la que se ostenta Gustavo Adolfo Alanís Ortega, como apoderado de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil, en términos de la copia certificada de la escritura pública sesenta y tres mil doscientos cuarenta pasada ante el notario público noventa y cuatro de la Ciudad de México. Se reconoce la personalidad con la que se ostenta Blanca Azucena García Gual, como apoderada de Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres, Asociación Civil, en términos de la copia certificada de la escritura pública dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pasada ante el notario público suplente de la Notaría seis del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se reconoce la personalidad con la que se ostenta María Cristina Muñoz Menéndez, como apoderada de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, en términos de la copia certificada de la escritura pública noventa y tres pasada ante el notario público setenta y seis del Estado de Yucatán. Por otro lado, se reconoce la personalidad con la que se ostenta Jorge Trejo Pardo, como apoderado de Agua Clara Ciudadanos por Bacalar, Asociación Civil, en términos del primer testimonio del instrumento seiscientos ochenta y cinco pasado ante el notario público ciento seis del Estado de Quintana Roo. También se reconoce la personalidad con la que se ostenta Sergio Madrid Zubirán, como apoderado de Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Asociación Civil, en términos de la copia certificada de la escritura pública quince mil ochocientos noventa y ocho pasada ante el notario público ciento noventa y cinco de la Ciudad de México. En otro contexto, al advertirse que Vicente Ferreyra Acosta se desistió del juicio de amparo (foja1227), y que ratificó su escrito de desistimiento ante el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán (foja 1263); con apoyo en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por desistimiento expreso, únicamente por lo que respecta al quejoso Vicente Ferreyra Acosta. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 2a/J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XI, del mes de abril del año dos mil, página 147, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales pertinentes. Por otro lado se tiene como representante común de la parte quejosa a Aurora Urania Beltrán Torres, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo. Ahora, vista la demanda de amparo y sus ampliaciones, al avocarse este Juzgado Federal a su conocimiento, se advierte la necesidad de realizar prevenciones y para mayor claridad se realizará en apartados diferentes. I. Prevención de la demanda de amparo. No será materia de prevención lo relacionado con los quejosos habitantes en el Estado de Campeche, pues respecto de éstos ya se admitió la demanda. Tampoco lo será respecto de las personas morales quejosas Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil y la diversa quejosa Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Asociación Civil; pues al margen de lo que aquí se acuerde, la superioridad ya ordenó la admisión de la demanda en sus términos. En ese sentido, esta prevención se ocupará de los quejosos -personas físicas- habitantes en los Estados de Yucatán y Quintana Roo. De igual manera de las personas morales Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, Asociación Civil; Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres, Asociación Civil; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil; Agua Clara Ciudadanos por Bacalar, Asociación Civil. Una vez que se ha precisado a cuáles quejosos les atañe la prevención en este apartado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V y 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles, por escrito cumplan con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, informen la fecha en la que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. Lo anterior resulta relevante si se toma en cuenta que reclama diversos actos y cada uno tiene una fecha de emisión distinta. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 161/2013 de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, visible en la página 1079 del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Exhiba adjunto a su escrito aclaratorio (con el que cumpla las prevenciones que se realizan en este auto), diecinueve copias de éste para correr traslado a cada una de las partes e incorporar al incidente de suspensión, pues se considerará parte integrante de la demanda de amparo. Sirve de orientación al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.J 36/20011 , de texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir en el término señalado con los incisos a) y b) se tendrá por no presentada la demanda de amparo por lo que refiere a los quejoso a quienes atañe esta prevención, de conformidad con lo establecido en el ya invocado artículo 114 de la Ley de Amparo. II. Prevención de la primera ampliación de la demanda de amparo. Este apartado comprende a la totalidad de los quejosos. En la primera ampliación de la demanda de amparo se reclaman diversos actos omisivos relacionados con la Autorización en materia de impacto ambiental de forma condicionada del Proyecto denominado "Tren Maya Fase 1", y ésta misma. De su lectura se observa que lo suscribe Aurora Urania Beltrán Torres, como representante común de la parte quejosa; y también por diversos quejosos quienes nombraron a Genomelín López Velázquez -quien también firmó el escrito- como diverso representante común ad calutelam, en tanto se resolvía lo relacionado con los quejosos residentes en Quintana Roo. En el mismo escrito de ampliación se hizo notar que en el asunto se había admitido la demanda únicamente respecto de los habitantes en el Estado de Campeche. En ese sentido, con fundamento en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo, 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles, por escrito cumplan con lo siguiente: Precisen si la ampliación de la demanda en la que se reclaman diversos actos omisivos relacionados con la Autorización en materia de impacto ambiental de forma condicionada del Proyecto denominado "Tren Maya Fase 1", y ésta misma, se promueve por la totalidad de los quejosos, o si bien atañe únicamente a los quejosos con residencia en el Estado de Campeche -por los que previamente se había admitido la demanda-. Exhiban veinte copias de la ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, para correr traslado a todas las partes, pues se advierte que son seis autoridades responsables, once terceros interesados, una para la representación social y dos para el incidente de suspensión. Exhiba adjunto a su escrito aclaratorio (con el que cumpla las prevenciones que se realizan en este apartado), diecinueve copias de éste para correr traslado a cada una de las partes e incorporar al incidente de suspensión, pues se considerará parte integrante de la demanda de amparo. Sirve de orientación al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.J 36/20011, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", antes citada. Con el apercibimiento que de no cumplir en el término señalado con el inciso c) se entenderá que la primera ampliación de la demanda se realizó únicamente respecto de los quejosos con residencia en el Estado de Campeche que hayan suscrito el escrito. De no cumplir con los incisos d) y e) se tendrá por no presentada la primera ampliación de la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el ya invocado artículo 114 de la Ley de Amparo. III. Prevención de la segunda ampliación de la demanda de amparo. Este apartado comprende a la totalidad de los quejosos. De su lectura se advierte que la parte quejosa reclama actos omisivos relacionados con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción del Proyecto denominado Tren Maya. Con fundamento en el artículo 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles, por escrito cumplan con lo siguiente: Exhiban cuatro copias más de la segunda ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, pues sólo exhibió diecisiete, cuando lo necesario son veintiuno, pues son siete para las autoridades responsables, once para los terceros interesados, una para la representación social adscrita a este Juzgado y dos para integrar al incidente de suspensión. Con el apercibimiento que de no cumplir en el término señalado con el inciso f) y exhibir cuando menos una copia del escrito de la segunda ampliación, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en los ya invocados artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo; de no exhibir las dos restantes requeridas se postergará abrir el incidente de suspensión por lo que a la segunda ampliación de la demanda se refiere. IV. Prevención de la tercera ampliación de la demanda de amparo. Este apartado comprende a la totalidad de los quejosos. En la tercera ampliación de la demanda de amparo se reclama el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Con fundamento en el artículo 108, fracciones IV, V, 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles, por escrito cumplan con lo siguiente: Precise si el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, lo reclaman con motivo de su sola vigencia o si bien con motivo del primer acto de aplicación, en el entendido de que para el caso de estar en este último supuesto deberá precisar cuál es ese primer acto de aplicación y manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha en la que se tuvo conocimiento del mismo. Exhibir adjunto a su escrito aclaratorio (con el que cumpla las prevenciones que se realizan en este apartado), veinticuatro copias de éste para correr traslado a cada una de las partes e incorporar al incidente de suspensión, pues se considerará parte integrante de la demanda de amparo. i) Exhiban una copias más de la tercera ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, pues sólo exhibió veintitrés, cuando lo necesario son veinticuatro, pues son diez para las autoridades responsables, once para los terceros interesados, una para la representación social adscrita a este Juzgado y dos para integrar al incidente de suspensión. Sirve de orientación al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.J 36/20011, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", previamente citada. Con el apercibimiento que de no cumplir en el término señalado con los incisos g) y h), se entenderá que la norma general la reclama por su sola entrada en vigor; y de no cumplir con el inciso i) se postergará abrir el incidente de suspensión. V. Prevención de la cuarta ampliación de la demanda de amparo. Este apartado comprende a la totalidad de los quejosos. En la ampliación de la demanda que nos ocupa la parte quejosa por conducto del representante común reclamó la Autorización de Impacto ambiental de veinte junio de dos mil veintidós, contenida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG-03703-22, derivado de las obras y actividades del proyecto denominado "Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur". Como se señaló de la cuarta ampliación de la demanda se observa que lo suscribe Aurora Urania Beltrán Torres, como representante común de la parte quejosa; y el acto que ahí se reclama consiste en el oficio SGPA/DGIRA/DG-03703-22 de veinte de junio del año en curso, relativo a la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur". Ahora, para la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados al Proyecto Tren Maya, éste ha sido dividido en siete tramos principales, entre ellos el Tramo cinco denominado Caribe 2, que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo; el cual ha sido dividido a su vez en dos tramos: Tramo cinco norte que comprende de Cancún a Playa del Carmen; y el Tramo cinco sur, que transita de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo, 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días hábiles por escrito cumplan con lo siguiente: j) Precise si la ampliación de la demanda en la que se reclama el oficio SGPA/DGIRA/DG-03703-22 de veinte de junio del año en curso, relativo a la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur", se promueve por la totalidad de los quejosos, o si bien atañe únicamente a los quejosos con residencia en el Estado de Quintana Roo. k) Manifiesten bajo protesta de decir verdad la inexistencia o desconocimiento del tercero interesado; lo anterior porque del apartado de la cuarta ampliación de la demanda, relativo al tercero interesado, se advierte que la parte quejosa se limitó a señalar que hasta la fecha no identifica a tercero interesados para el Tramo 5 Sur del Proyecto denominado Tren Maya; cuando conforme al artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, la manifestación respecto al desconocimiento de aquel y su domicilio deberá realizarse bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2022217, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 4/2020 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, de texto: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." l) Exhiban trece copias más de la ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, pues sólo exhibió once cuando debieron ser veinticuatro para correr traslado a todas las partes. ll) Exhiba adjunto a su escrito aclaratorio (con el que cumpla las prevenciones que se realizan en este apartado), veinticuatro copias de éste para correr traslado a cada una de las partes e incorporar al incidente de suspensión, pues se considerará parte integrante de la demanda de amparo. Sirve de orientación al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.J 36/20011, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", antes señalada. Con el apercibimiento que de no cumplir en el término señalado con el inciso j) se entenderá que la cuarta ampliación de la demanda se realizó por la totalidad de los quejosos. De no cumplir con los incisos k), l) y ll) se tendrá por no presentada la cuarta ampliación de la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el ya invocado artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa vía exhorto, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

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