VICTOR IDELFONSO GARCIA FLORES y Otros.
Expediente 1045/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VICTOR IDELFONSO GARCIA FLORES y Otros.
- Victor Idelfonso Garcia Flores
Actuaciones
- Principal
Agreguese el of de cuenta, toda vez que cuenta con la certificación secretarial correspondiente tiene pleno valor probatorio. Mediante el cual acusa recibo de los oficios 34323/2019 y 34326/2019, mediante los cuales se notificó la sentencia dictada en este asunto el tres de septiembre del año en curso, a las autoridades responsables Comisionado del Instituto Nacional de Migración y Director General de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración. En tales condiciones, vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo no fue recurrida por alguna de las partes la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Federal en Puebla del Instituto Nacional de Migración, para que de inmediato proceda a cumplimentarla, y dentro del término de tres días remita las constancias con la que así lo acredite, o bien, comunique a este juzgado de Distrito las determinaciones que tomó para ello. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del uno de febrero siguiente. De igual forma, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación al Secretario de Gobernación, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad Delegado Federal en Puebla del Instituto Nacional de Migración, y requiérasele para que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá multa en los mismos términos del párrafo precedente, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven Víctor Idelfonso García Flores, Miguel Ángel Chávez Saucedo, Francisco Ramírez Guerrero, Jesús Javier Zamora Luis, Moisés Bello Atanacio, Ricardo Beltrán Flores, Omar Machado Sillas, Juan David Méndez Malfabon, Roberto Carlos Vargas Salinas, Juan Carlos Mendoza Bahena, Hugo Cruz Bautista, Guillermo Flores Herrera, Francisco Luna Sandoval, Jorge Hernández Castañeda, Faustino López Hernández, Miguel Ángel Castillo Martínez, Edgar Galván Vargas, Jesús A. Castro Rendón, Sergio Ruiz Jacome y Martin Alejandro Macedo Barrera, por derecho propio; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1045/2019. Toda vez que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, se analizará este. En ese entendido, estudiada la demanda de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ACTO RECLAMADO "El no otorgarme la Atención necesaria Medica Gral. Es por esto que tengo miedo a que mi vida se vea afectada, asi como mi salud, tanto fisica como psíquica por tal situación." (sic) De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que los quejosos están internos en el Centro Federal de Reinserción Social 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit. Ahora, es pertinente conocer el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto se aprecia que es juez competente para conocer de un asunto: 1. Aquel en cuya Jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, será competente; y 3. Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. El artículo 37 de la Ley de Amparo, determina de manera clara la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio, con base al lugar en el que el acto reclamado tendrá materialidad sin importar la naturaleza de éstos. Asimismo, se advierte que, en las hipótesis mencionadas, existe un elemento común entre ellas, dicho elemento lo es la acción de ejecución del acto que por ésta vía se combate, toda vez que la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien, (de manera específica) si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso acontece, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En el presente asunto, como antes se indicó, se advierte que los quejosos están recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit; en tales condiciones, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado se está ejecutando en Tepic, Nayarit, esto es, fuera de la circunscripción territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Idelfonso García Flores, Miguel Ángel Chávez Saucedo, Francisco Ramírez Guerrero, Jesús Javier Zamora Luis, Moisés Bello Atanacio, Ricardo Beltrán Flores, Omar Machado Sillas, Juan David Méndez Malfabon, Roberto Carlos Vargas Salinas, Juan Carlos Mendoza Bahena, Hugo Cruz Bautista, Guillermo Flores Herrera, Francisco Luna Sandoval, Jorge Hernández Castañeda, Faustino López Hernández, Miguel Ángel Castillo Martínez, Edgar Galván Vargas, Jesús A. Castro Rendón, Sergio Ruiz Jacome y Martin Alejandro Macedo Barrera, por derecho propio, y la declina en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el original del escrito de demanda a la oficina de correspondencia común respectiva, para que por su conducto remita el presente juicio al órgano que por razón de turno corresponda, solicitando acuse de recibo. En otro orden de ideas, no obstante la incompetencia decretada, con fundamento en los artículos 48, 125 y 126, 127, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica; y tomando en consideración que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, entre otros actos, el tormento de cualquier tipo, así como las penas inusitadas y trascendentales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO en relación con dicho acto reclamado para el efecto de que cese de inmediato, lo que se traduce en que hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus atribuciones, deberán adoptar las medidas necesarias para que se proporcione a los citados quejosos el servicio médico y los medicamentos necesarios para atender la o las enfermedades que padecen. En consecuencia a lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para que en un término no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas de que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas conforme el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZ!GADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Hágase saber a las responsables que la violación a la medida suspensional decretada, entraña la comisión de un delito, según lo establece el numeral 262, fracción III de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." De igual forma, las autoridades responsables deberán tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar la integridad física del quejoso. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a las autoridades responsables mediante oficio. En caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que les es enviado, el actuario deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibirla; y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá tanto al encargado como a la autoridad responsable multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del uno de febrero del año en curso. Se estima procedente el apercibimiento por doscientos cincuenta días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a Víctor Idelfonso García Flores, como representante común de la parte quejosa, sin perjuicio de que dicha designación pueda ser modificada a petición de la parte interesada. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos están internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 116, párrafo segundo, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, en términos de su numeral 2°, así como Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en Turno, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda, se sirva notificar este proveído a los quejosos, entregándoles para tal efecto copia autorizada del mismo; hecho lo anterior, de inmediato devuelva la comunicación oficial por la misma vía.
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