Víctor Hugo Uicab Del Valle
Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/04/2023
Partes del expediente
- Víctor Hugo Uicab Del Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Por otra parte, en atención a que obra por separado dos tomos de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Archivo Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
Oficio. La autoridad responsable, Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, realiza lo siguiente******************** a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Ofrece pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Se forma anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación. En ese tenor, dada la voluminosidad del legajo de pruebas, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno, se encuentra a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Litis constitucional. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir******************** 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Ahora bien, la demanda de amparo se depositó el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de requerir a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, de su índice, para que rinda los informes ordenados en los autos de veintitrés de noviembre y siete de diciembre de dos mil veintidós; y, el informe relativo a las convivencias de noviembre y diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, de su índice, se advierte que dicho acto resulta inexistente. Lo anterior, en atención a las actuaciones que se advierten de las copias certificadas del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (tomo de pruebas I), que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, la autoridad responsable, Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, manifestó y acreditó que realizó lo siguiente******************** 1. Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja163, tomo de pruebas I), ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado, a fin de que rindiera los informes correspondientes a las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada******************** 2. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés (foja 184, ídem), ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado, a fin de que informara lo relativo a las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada******************** En consecuencia, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el veinte de febrero de dos mil veintitrés, queda claramente demostrado que no existe la omisión reclamada y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa, en función de que la autoridad responsable el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla requirió a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que informara lo relativo a las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada******************** y para que rindiera los informes correspondientes a estas. En ese orden, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido para este juzgado de Distrito que mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés (foja 181, ídem), el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla acordó lo conducente a los informes remitidos por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, en relación con las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada******************** Sobreseimiento por inexistencia. Caso concreto. En ese tenor, por cuanto hace al acto reclamado de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistente en la omisión de rendir el informe relativo a la entrevista psicodiagnóstica actualizada de las partes, ordenada mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, este juzgado de Distrito advierte que dicho acto resulta inexistente, por los motivos que a continuación se exponen. Como se observa, en el caso concreto, se reclama una abstención u omisión por parte de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. En el caso, la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla no se encuentra en condiciones para rendir el informe relativo a la entrevista psicodiagnóstica actualizada de las partes. Lo anterior, se corrobora de la copia certificada del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 202, ídem) -a la que le reviste pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, de la que se advierte que señaló las ocho horas con quince minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la valoración psicológica relativa a la niña de identidad reservada******************** De lo que se colige que la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, no se encuentra en posibilidad de rendir el informe relativo a la entrevista psicodiagnóstica actualizada de las partes, toda vez que se encuentra pendiente el desahogo de la valoración psicológica relativa a la niña de identidad reservada******************** Por tanto, el acto reclamado de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistente en la omisión de rendir el informe relativo a la entrevista psicodiagnóstica actualizada de las partes, ordenada mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, deviene inexistente. Entonces, queda claramente demostrado que no existen los actos reclamados, antes precisados, y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que las autoridades responsables, previo a la interposición del amparo, por cuanto hace a la primera autoridad en comento, efectuó las omisiones que en este juicio le imputa, además que la segunda autoridad no se encuentra en posibilidades de subsanar las omisiones reclamadas, por no encontrarse en aptitud para efectuarla al encontrarse pendiente una actuación previa a esto. Sobreseimiento por cesación. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, este juzgado de Distrito advierte que, en relación con los actos reclamados de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistentes en******************** La omisión de rendir el informe relativo a las convivencias de noviembre y diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés, ordenadas dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. La omisión de rendir el informe relativo a las convivencias de la niña de identidad reservada********************, con sus abuelos paternos, desahogada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, de las copias certificadas del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (tomo de pruebas I) -previamente valoradas-, se advierte lo siguiente******************** 1.- El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, presentó los informes en relación con las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada********************, ante el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, de su índice. Lo cual, además se corrobora de los acuses correspondientes, que adjuntó al rendir su informe con justificación, a los que les reviste pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. 2.- Además, mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés (foja 181, ídem), el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla acordó lo conducente a los informes remitidos por la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Puebla, en relación con las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada******************** Consecuentemente, los actos reclamados cesaron en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de las autoridades responsables han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haber presentado los informes en relación con las convivencias presenciales en relación con la niña de identidad reservada********************, ante el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia ********************, de su índice. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo debiendo acompañar copia autorizada y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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