Victor Hugo Tovar Romero

Expediente 3888/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3888/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Victor Hugo Tovar Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; tres de junio de dos mil veintidós. Estado Procesal. De la tercera certificación de cuenta y del estado procesal de los autos se advierte que en el juicio de amparo 191/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, informó la aplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De dicho oficio informó lo siguiente: "a) A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2021 este Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tuvo la obligación de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 del citado ordenamiento, por lo que, a partir de la primera quincena del mes de junio 2021 (quincena 11-2021 Ordinaria) se incluyeron en la Base gravable, para determinación, retención y entero del impuesto sobre la renta los conceptos P11) Prima Vacacional, P13) Recompensa Anual por Antigüedad, P17) Anteojos y Pupilentes, P18) Aparatos Ortopédicos, P19) Ayuda de Alimentos, P20) Despensa, P27) Material Didáctico, P34) Prótesis Dental, P38) Ayuda de Transporte, P39) Ayuda para Gastos de Defunción, P44) Ayuda para encuadernación de tesis, P57) Compensación Especial de Fin de Año y P58) Estímulo al Trabajador de Fin de Año. b) Como constancia de lo anterior se adjunta al presente copia certificada de los Comprobantes de pago del quejoso de la segunda quincena del mes de mayo de 2021 (quincena 10-2021 ordinaria) y de la primera quincena del mes de junio de 2021 (quincena 11-2021 ordinaria)". Ahora bien, dado que de lo anterior se advierte la existencia de nuevos actos; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de QUINCE DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído indique si es de su interés legal señalar como acto reclamado, específicamente la aplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, pues según refiere la responsable es el artículo que le aplicó en su perjuicio. En caso de desahogar lo requerido, deberá cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En el entendido que de no desahogar el requerimiento en el plazo concedido, se continuará el trámite del asunto con los actos y autoridades planteados en la demanda inicial y, en el momento procesal oportuno, se resolverá con las constancias que obran en autos. DIFERIMIENTO En tal virtud, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se forman de cuadernos. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 901/2021, se integra de manera electrónica y físicamente por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que, en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate la representación otorgada, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe previo en los términos solicitados en el presente proveído. Apercibido que, de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Fundamento: artículo 17 constitucional, así como 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con siete minutos del veinte de junio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia en cita fuera del plazo legalmente previsto, ello obedece a la saturación excesiva de la agenda correspondiente, aunado a que dicho proceder tiene por objeto de salvaguardar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, este resolutor considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo, las partes -se insiste-, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: "IV. ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se reclama: La discusión y aprobación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación" publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente lo que se refiere al artículo séptimo del citado decreto referente al apartado en que se adicionó el artículo 17-H Bis, al Código Fiscal de la Federación. . Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la C. Secretaría de Gobernación, se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto señalado en el numeral 1 del presente apartado, mismo que contiene la disposición cuya inconstitucionalidad se reclama. Del C. Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "1", se reclama: La emisión y ejecución del OFICIO NÚMERO 500-30-00-03-02-2021-04356, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que contiene la aplicación de la disposición cuya inconstitucionalidad se reclama." Efectos. La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: "., para el efecto de que este H. Juzgado colmine (Sic.) a la Autoridad Responsable a dar cumplimiento al procedimiento reglado en el 17 H Bis, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es decir, que el contribuyente pueda hacer uso del certificado de sello digital, ." Asimismo, señaló que bajo protesta de decir verdad que la norma destacada se reclama como norma heteroaplicativa, es decir que el primer acto de aplicación incide en la esfera jurídica de la quejosa. Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Por lo que solicita la presente medida cautelar en términos del numeral 148 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente señala lo siguiente: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." Porción normativa que dispone que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión además se decretará en relación a los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, quien provee debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con la documental consistente en el Oficio 500-30-00-03-02-2021-04356, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "1", con sede en Jalisco, elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Medios probatorios que por un lado, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera y, en relación con las documentales en cita adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199, 200, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Interés suspensional. En la especie, la parte quejosa aduce ser una persona moral, contribuyente activo del padrón del sistema de administración tributaria. Posteriormente, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "1", con sede en Jalisco, emitió el oficio 500-30-00-03-02-2021-04356, mediante el cual se restringió temporalmente el certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet; luego entonces, se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectado por la disposición cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por RAMIRO ALEJANDRO GORDILLO SIERRA en representación de la persona moral denominada CAMILANESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que, para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora bien, el primero requisito es que la suspensión provisional sea solicitada por la quejosa, situación que en la demanda que nos ocupa acontece. Luego, en segundo término, contempla que no se deberá seguir perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisito de procedibilidad que, en el caso a estudio, no se actualiza, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para que pueda hacer uso del certificado de sello digital contemplado en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación y posterior a ello, las cosas se mantengan en el estado que guardan; quien provee contrapondría con el interés social, ya que el objeto de dicho precepto es evitar la posible comisión del algún delito fiscal; objetivo que las autoridades responsables pretenden alcanzar en beneficio del interés público. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Pues de un análisis integral a la exposición de motivos del Decreto impugnado, se advierte que la reforma de mérito tienen como finalidad primordial, en síntesis y de manera enunciativa lo siguiente: Lograr una mayor transparencia eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales, pues se generaron de forma excesiva comprobantes fiscales apócrifos por parte de las empresas facturadoras de operaciones simuladas sobre operaciones, compras o servicios no realizados, con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos; de ahí que se consideró necesaria la implementación de las disposiciones reclamadas. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria. Combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago del Impuesto Sobre la Renta en México. Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal. Que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia, se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. Combatir a las empresas que facturan operaciones inexistentes, así como aquellas que dan efectos fiscales a las mismas. Se inhiba que los contribuyentes continúen simulando la realización de operaciones en perjuicio del Fisco Federal. Evitar que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes, al momento de realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos incorrectos, dentro de los que destaca el referente al domicilio, pues señalan domicilios inexistentes o de difícil localización, que evidentemente no constituyen el asiento o administración principal del negocio del contribuyente, o bien, el lugar en el que desempeñan sus actividades. Que las autoridades correspondientes aún sin ejercer sus facultades de verificación puedan comprobar que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos, situación que en el caso de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes es recurrente para evitar que la autoridad les informe que tienen una notificación o mensaje en su buzón tributario, lo que impide que éstos sean notificados por dicho medio. Establecer como supuesto para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales, cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad, lo cual permitirá evitar la generación de facturas por posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podría resentir la parte quejosa con la aplicación de dicho numeral, pues como se analizó, con la reforma normativa de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar la evasión de los impuestos y combatir la compraventa de facturas falsas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, en su caso, impedir la evasión fiscal, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). Efectos y consecuencias del acto de aplicación Además de lo anterior, la parte quejosa solicita la suspensión provisional, respecto del acto reclamado consistente en el Oficio 500-30-00-03-02-2021-04356, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "1", con sede en Jalisco, por el que se aplicó el numeral 17-H Bis, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, restringiendo temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, de ahí, que quien provee no pueda otorgar la medida cautelar peticionada, dado que se le estarían dando efectos restitutorios, y ello, sin duda, equivaldría a resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, pues se estaría restituyendo a la parte quejosa en el derecho que persigue con la presentación del juicio de amparo de que se trata, en virtud de que si fuera el caso, obligaría a la autoridad responsable a restablecer el uso del citado certificado, lo cual es propio de la sentencia definitiva que en su momento se dicte en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia. Circunstancia que impide el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, ya que ésta tiene como fin tutelar, aun de manera precaria, algún derecho que corra peligro de afectación, por virtud de su ejecución, siempre que por su propia naturaleza sea susceptible de ser suspendido. Apoya lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis aislada sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 11 segunda parte, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." En ese contexto, se niega la suspensión provisional solicitada. Pruebas. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo, que en cumplimiento a lo acordado en el cuaderno principal obran en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Expedición de copias. Finalmente, expídase a la parte quejosa, a través de sus autorizados, para el caso de que así lo requieran, copia certificada de esta resolución, previa razón que obre en autos para debida constancia legal. Notifíquese.

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