Víctor Hugo Torres Mora
Expediente 655/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Abraham Torres Mora
- Víctor Hugo Torres Mora
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dieciséis de agosto del presente año, por el que se desechó la demanda promovida por ********************, a través de su mandatario judicial y apoderado legal ********************, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual remite la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, téngase a dicha parte por enterada del citado proveído.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, al que anexó demanda de amparo formulada por ******* a través de su mandatario judicial y apoderado legal *******, calidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo y que se desprende de las constancias de la controversia de origen, así como las demás constancias detalladas en la certificación de cuenta, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 655/2018-IV-B. En cumplimiento de lo determinado por el órgano colegiado, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio de origen. Acúsese recibo a la autoridad remitente. Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este Juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo dese el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso a medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa, ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la Ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del artículo trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos señalados para ello en la ley de la materia, esto es, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surte efecto la notificación del acto reclamado, o de que se tenga el conocimiento de él. De las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria dictada por el magistrado responsable el cuatro de junio de dos mil dieciocho, por la que se resolvió el recurso de apelación intentado en contra de la sentencia emitida en el incidente de oposición al inventario y avaluó dictado por el juez Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato. Por otra parte, de la boleta de la Oficialía de Partes Común de los Juzgado de Distrito en esta ciudad, se desprende que la fecha de la presentación de la demanda fue el quince de agosto de dos mil dieciocho; por tanto, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; esto es, el siete de junio pasado y feneció el veintisiete de junio del año en curso, sin contar los días, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de junio del año en curso, por ser inhábiles, luego si la demanda fue presentada hasta el quince de agosto de la presente anualidad, tal promoción resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, reputándose por tanto, consentido tácitamente el acto reclamado. La razón por la que debe tomarse tal fecha como la presentación de la demanda obedece al criterio emitido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, identificable como 1ª./J. 13/2014 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, tomo I, agosto de dos mil catorce, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. De la tesis transcrita se desprenden como condiciones necesarias para tomar como data de presentación de la demanda, en la que fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, las siguientes: Que exista un acto emitido después de concluido el juicio. Que contra dicho acto se haya promovido un juicio de amparo en la vía directa. Que el Tribunal Colegiado que haya conocido de la demanda, se haya declarado incompetente -explicando las razones de su determinación- y lo remita al Juez de Distrito correspondiente. Que el Juzgado de Distrito se haya avocado al conocimiento del asunto y haya dictado sentencia que otorgue la protección constitucional. Que, en cumplimiento a esa ejecutoria, se dicte un nuevo fallo. Que contra ese segundo acto, el mismo quejoso haya presentado una nueva demanda de amparo y de nueva cuenta lo haga ante la autoridad responsable; es decir, como amparo directo. Lo anterior obedece a que el Máximo Tribunal permite la presunción de la buena fe procesal del impugnante que presenta una demanda de amparo en la vía incorrecta; empero, si existe constancia de que el promovente conocía la vía que debía incoar, su conducta procesal deja de considerarse como de buena fe y, por el contrario, se estima encaminada a entorpecer la correcta marcha del juicio. Es decir, los anteriores requisitos, se podrían resumir en la premisa de que no es procedente interrumpir el plazo para la presentación de una demanda de amparo cuando es notorio y manifiesto que el promovente conocía la vía correcta a incoar. Ahora bien, en el caso se estima, se cumplen con las condiciones antes mencionadas, de conformidad con las constancias que integran el juicio de origen, las cuales fueron remitidas por la responsable al diverso juicio de amparo 654/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Nicolás Martínez Romero a través de su mandatario judicial Manuel Alejandro Ruíz Martínez, quien es albacea en el sucesorio de origen, así como de los propios antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, y de los autos que conforman el diverso juicio de amparo 459/2017, del índice de este juzgado que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo y cuya demanda, auto admisorio, constancias de emplazamiento a los terceros interesados (ahora quejosos) y sentencia, se ordena agregar a los autos en copia simple para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, Novena Época, número de registro 172215, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2007, Tomo XXV, Página: 285, del contenido literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En efecto, en el supuesto se desprende lo siguiente: El catorce de mayo de dos mil catorce, ********, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******. De dicho juicio por turno correspondió conocer al Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, quien por auto de dieciséis de mayo de dos mil catorce, lo radicó bajo el número ***, y ordenó la publicación de edictos, con la finalidad de llamar a acreedores y personas que se crean con interés a la herencia, además de que citó a los posibles herederos. El tres de junio de dos mil catorce, ******, por propio derecho y en representación de su menor hija ******, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de ******. Del citado sucesorio por turno conoció el Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, quien por auto de cinco de junio de dos mil catorce, lo radicó bajo el número ***, ordenó la publicación de edictos, con la finalidad de llamar a acreedores y personas que se crean con interés a la herencia, además de que citó a los posibles herederos. Así, por auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, el juez responsable, determinó que existen dos controvertidos respecto a la sucesión intestamentaria a bienes de *******; motivo por el cual ordenó la acumulación del juicio ***, al tratarse de asuntos que por su naturaleza puedan ser decididos en una misma controversia. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Juez responsable resolvió la primera sección del juicio sucesorio intestamentario y determinó declarar como herederos a ******, además señaló fecha para el desahogo de la junta de herederos y la designación del albacea. El veintidós de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la junta de herederos y se designó como albacea a ******, quien en ese momento aceptó y protestó el cargo conferido. Así, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se declaró que la determinación señalada en el punto anterior causó estado y se dio por terminada la primera sección y el juez responsable ordenó la apertura de la segunda sección. El trece de enero de dos mil quince, ******* y el ingeniero ******, presentaron el inventario y avalúo respecto de los bienes que forman el caudal hereditario. En la citada fecha, el juez responsable tuvo por presentado el inventario y avalúo, por lo que ordenó poner a la vista el mismo por el término de cinco días a los demás coherederos para que lo examinaran y manifestaran lo que a su interés conviniera. ******, presentó oposición al inventario y avalúo, la cual fue admitida por el Juez responsable el once de febrero de dos mil quince y ordenó correr traslado a las partes de esa oposición. Asimismo, mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil quince, ******, por conducto de su apoderado, formuló oposición contra el inventario y avalúo presentado, la cual fue admitida por el juez responsable el trece siguiente y ordenó correr traslado a las partes de esa oposición. Seguidos los trámites legales, el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el juez responsable emitió resolución en la que declaró improsperantes los incidentes de oposición al inventario y avalúo planteados. En contra la anterior determinación, ******, mandatario judicial de Jaime ******, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo el doce de enero de dos mil diecisiete, por el juez responsable. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, revocó la resolución impugnada para el efecto de declarar parcialmente procedente la oposición planteada y como consecuencia de lo anterior, no aprobó el inventario y avalúo rendido por el albacea, requiriéndolo para que presentara uno nuevo en los términos ahí expuestos. En contra de dicha determinación el ahora tercero interesado promovió demanda de amparo indirecto, la que tocó conocer a este juzgado con el número 459/2017. Ahí se concedió el amparo para el efecto de que el magistrado responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, dictara otra resolución, en la que ordenara al juez responsable que dejara insubsistente lo actuado en el sucesorio de origen hasta la audiencia de dos de diciembre de dos mil dieciséis, y ordenara la notificación personal a *******, de todo lo actuado en el sucesorio de origen, para que en el plazo genérico de tres días manifestara lo que a su derecho convenga, y hecho que sea, procediera a resolver lo que en derecho corresponda respecto a las oposiciones planteadas. Cumplido lo anterior, el juez resolvió nuevamente el incidente de oposición planteado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, declarándolo parcialmente procedente. Contra este acto el ahora promovente interpuso recurso de apelación; el que fue resuelto por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, modificando para que se considere en los pasivos la obligación alimentaria a cargo de la masa hereditaria. Es así, que el ahora quejoso promovió amparo directo en contra de la resolución dictada en el recurso de apelación y que constituye el acto aquí reclamado. Lo anterior permite evidenciar que si bien el supuesto en análisis no es idéntico al que se plantea en la tesis transcrita, la idea que sustenta ésta, a saber, que no es procedente interrumpir el plazo para la presentación de una demanda de amparo cuando es notorio y manifiesto que el promovente conocía la vía correcta a incoar, se surte en la especie. Sobre esta base, se insiste, el acto reclamado en el presente juicio es la resolución interlocutoria dictada por el magistrado responsable el cuatro de junio de dos mil dieciocho, por la que se resolvió el recurso de apelación intentado en contra de la sentencia emitida en el incidente de oposición al inventario y avaluó dictado por el juez Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, resolución que es de igual naturaleza jurídica a la reclamada en el juicio de amparo 459/2017, en el cual los ahora quejosos fungieron como terceros interesados y que debidamente fueron llamados, incluso les fue notificada la sentencia que concedió el amparo y protección constitucional; motivo por el cual es que se estima que los ahora inconformes tenían conocimiento de cuál es la vía que debían iniciar. De ahí que, se advierte de lo anterior que no existe duda de que la intención de los quejosos es promover amparo indirecto, motivo por el cual debieron sujetarse a las formalidades previstas en la Ley de Amparo, sin que así lo hicieran. No es óbice para lo anterior, el hecho de que el caso en estudio no es el mismo que el analizado en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal identificada como 1ª./J. 13/2014 (10ª); sin embargo, puede aplicarse mediante una interpretación extensiva y por las razones que la sustentan, toda vez que fueron remitidas las constancias correspondientes al haberse presentado como amparo directo. Con ellos, se estima que se cuenta con los elementos suficientes para acreditar que la parte quejosa conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la interposición del juicio de amparo y la fecha que se toma en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación será aquella en la que fue recibida en este órgano jurisdiccional y no ante la autoridad responsable. En tal virtud, el acto que ahora reclama es una consecuencia de aquel que fue impugnado por la vía indirecta y los quejosos tuvieron intervención en dicho juicio como terceros interesados; razón por la cual, si se trata de los mismo terceros en ese juicio y quejosos en la nueva demanda de amparo, no puede atribuírseles un error en la instauración de la vía, pues la anterior se presentó idóneamente y los peticionarios de este nuevo amparo fueron parte y conocían de la vía instaurada correctamente; por lo que, si los actos reclamados en ambos juicios son de idéntica naturaleza jurídica no puede estimarse que desconocían la vía por la cual debía impugnarse. En esa medida, acorde con el cómputo asentado en este proveído, es indudable que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de amparo, ha transcurrido en exceso, y con fundamento en el artículo 113, 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza una causal de notoria e indudable improcedencia; por tanto se desecha de plano la demanda promovida por Jaime Abraham y ****** a través de su mandatario judicial y apoderado ****** Notificación del presente. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte un que la parte quejosa señaló como domicilio procesal los estrados del Tribunal Colegiado que por turno conociera del asunto; consecuentemente, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, se ordena notificar el presente proveído a la parte quejosa, por conducto de la autoridad responsable Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el último domicilio procesal que tenga registrado en autos, incluso estrados o domicilio electrónico. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aún las de carácter personal se le hará por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Autorizados Por otra parte, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por no haber proporcionado su números de cédula profesional a efecto de que este juzgado pueda verificar si se encuentran registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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