Victor Hugo Torres Davalos
Expediente 189/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Hugo Torres Davalos
- Juez de Ejecucion de Sanciones Penales de la Region Zamora, Michoacan.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, atento a su contenido, infórmesele que mediante auto de Se tuvo por recibido el exhorto 98/2017, orden 109/2017, parcialmente diligenciado; lo que se ordena hacer de su conocimiento por cualquiera de las vías que refiere; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Como de autos se advierte así como la certificación que antecede, el término de quince días que establecen los artículos 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías ha fenecido, sin que a hasta ésta fecha se haya inconformado con dicho proveído; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno. Asimismo, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de DEPURACIÓN por haberse concedido la protección de la Justicia Federal, al igual que el original del cuaderno incidental por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, mas no así el duplicado del mismo es DESTRUIBLE; en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA EL QUEJOSO., DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado CONCEDIO el amparo y protección de la justicia federal a en contra del acto que reclamó al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, en los términos siguientes: 1) ".Deje insubsistente el auto impugnado de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente de ejecución número 171/2013. 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido en el cual subsane las deficiencias formales aquí destacadas (fundamentación y motivación) o bien, en uno diverso." Por auto de quince de noviembre de la presente anualidad, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio número 2897/2017, recibido por este juzgado el seis de diciembre del año que transcurre, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, revocó al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución y dictó en su contra orden de reaprehensión, examinando la inherente al plazo de la prescripción de la sanción. Es así, se estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución..."; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado CONCEDIO el amparo y protección de la justicia federal a en contra del acto que reclamó al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, en los términos siguientes: 1) ".Deje insubsistente el auto impugnado de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente de ejecución número 171/2013. 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido en el cual subsane las deficiencias formales aquí destacadas (fundamentación y motivación) o bien, en uno diverso." Por auto de quince de noviembre de la presente anualidad, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio número 2897/2017, recibido por este juzgado el seis de diciembre del año que transcurre, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, revocó al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución y dictó en su contra orden de reaprehensión, examinando la inherente al plazo de la prescripción de la sanción. Es así, se estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
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