Víctor Hugo Solis Rumbo y Otros.
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Víctor Hugo Solis Rumbo y Otros.
- Víctor Hugo Solis Rumbo
- Presidente del Ayuntamiento de José Azueta, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA ALOS QUEJOSOS, EL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de haber concedido la suspensión de plano de los actos reclamados: por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por su parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se declara que es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, toda vez que existe el original. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos ?????????????? del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por lo cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obra agregado copia certificada del instrumento notarial exhibido por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero de dicho Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger la documental de que se trata, por lo que deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sea devuelta, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dicho documento será destruido junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de haber concedido la suspensión de plano de los actos reclamados: por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por su parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se declara que es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, toda vez que existe el original. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos ?????????????? del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por lo cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obra agregado copia certificada del instrumento notarial exhibido por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero de dicho Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger la documental de que se trata, por lo que deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sea devuelta, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dicho documento será destruido junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
VISTOS, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 200/20200, promovido por ************************, por conducto de su representante legal, Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos del Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido a ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito, ******************, por conducto de su apoderado legal, Víctor Hugo Solís Rumbo, demandaron el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto reclamado que a continuación se indican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- El Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de José Azueta, Guerrero,. "IV.- ACTOS RECLAMADOS: En representación de mis representados quejosos reclamo del Presidente Constitucional del Ayuntamiento de José Azueta Guerrero, los siguientes actos: 1.- Ataques a la libertad personal de mis representados fuera de procedimiento. 2.- Las amenazas de la autoridad responsable de derribar por segunda ocasión las enramadas de mis representados donde actualmente se dedican a vender mariscos y bebidas. 3.- La confiscación de los bienes pertenecientes a mis representados (cervezas, mariscos, mesas, sillas, sombrillas, refrigeradores, congeladores, refrescos, botellas de vino, manteles etc.), sin una orden de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, acto que está prohibido por el artículo 22 de la Constitución de México. "V.- AUTORIDAD QUE LO HUBIERE ORDENADO, SI FUERE POSIBLE.- El presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de José Azueta Guerrero. VI. LA AUTORIDAD QUE EJECUTE O TRATE DE EJECUTAR EL ACTO; Y; Bajo protesta de decir verdad las autoridades que posiblemente puedan llegar a ejecutar los actos reclamados: * Director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, con Residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero., con domicilio ampliamente conocido en paseo de Zihuatanejo poniente número 21, Colonia la deportiva Código Postal 40880. * Director de Reglamentos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta Con Residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero., con domicilio ampliamente conocido en paseo de Zihuatanejo poniente número 21, Colonia la deportiva Código Postal 40880. * Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta con Residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con domicilio ampliamente conocido en paseo de Zihuatanejo poniente número 21, Colonia la deportiva Código Postal 40880. * POLICÍA MUNICIPAL de Zihuatanejo de Azueta, con domicilio bien conocido en Avenida Bicentenario sin número, colonia El Limón de la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero. POLICÍA DEL ESTADO DE GUERRERO, con domicilio bien conocido en Avenida Bicentenario sin número Colonia El Limón de la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero. PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. SEGUNDO. Tramitación del juicio. Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 200/2020. La suspensión de oficio y de plano, se concedió para los siguientes efectos: "(.)dado que en la demanda de amparo la parte quejosa señala como actos reclamados, entre otros, ataques a su libertad personal fuera de procedimiento; con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO de dichos actos reclamados, así como en su caso, de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en acatamiento a lo anterior, deberán cesar de inmediato dichos actos, que se traduce en que, las autoridades responsables deberán dictar a la brevedad las medidas necesarias para que a los quejosos *********, NO SEAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL CON MOTIVO DE LOS HECHOS ACONTECIDOS Y QUE SE REFIERE EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA O BIEN CUALQUIER OTRA PENA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y 15 DE LA LEY DE AMPARO. SALVO QUE SE TRATE DE LA DETENCIÓN CON MOTIVO DE UN DELITO FLAGRANTE EN CUYO CASO SE TENDRÁN QUE PONER A INMEDIATA DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE CORRESPONDA. IGUAL SALVEDAD APLICA SI LA ORDEN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD FUE DICTADA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL COMO CONSECUENCIA DE UN DELITO GRAVE O DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EN CUYO CASO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE AMPARO, LA SUSPENSIÓN SERÁ PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LOS QUEJOSOS QUEDEN A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADOR EN CUANTO A LA LIBERTAD PERSONAL Y A DISPOSICIÓN DEL JUEZ NATURAL PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO; igualmente, de forma inmediata girarán las instrucciones necesarias para que cesen los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento de la que dicen los quejosos son objeto; en ese sentido, las autoridades responsables se encuentran obligadas a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En auto de dos de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que en esta fecha se desahogó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que el acto de molestia es atribuido a autoridades responsables que tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa, reclama lo siguiente: En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: a) Los ataques a su libertad personal; b) La destrucción de sus enramadas y la prohibición de que sigan vendiendo alimentos y bebidas en dichas enramadas por parte del personal del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; c) La confiscación de bienes. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las conductas que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a su certeza o inexistencia, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se entre al análisis del fondo de la cuestión debatida. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, tal como se advierte de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se estima que es inexistente los actos reclamados al Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero (en su correcta denominación), Coordinador Operativo de la Costa Grande de la Policía Estatal, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en la Ciudad de México, toda vez que al rendir su informe justificado, negaron los actos, que la parte quejosa les atribuye a esas dependencias; lo anterior, basta para considerar inexistente los actos reclamados, pues existe prueba idónea en contrario que desvirtúa la afirmación del justiciable. Amén de lo anterior, con los referidos informes se le dio vista a la quejosa, para que manifestara lo que en derecho correspondiera, sin que al efecto ejerciera ese derecho. Resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo contenido dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, febrero de 2002, página 903). Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expuestos en ella, se hayan expresado, bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello, acreditar sus afirmaciones. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que literalmente dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, TEXTO DEL. NO SE ACREDITA CON LA DEMANDA DE AMPARO. Toda vez que la demanda de garantías contiene simples manifestaciones del quejoso, aunque en ella se transcriba el texto del acuerdo combatido, no es prueba idónea para acreditar ese extremo, a pesar de que la autoridad responsable no rinda informe justificado, sino que se requiere que se exhiba el documento fehaciente que contenga el propio acuerdo." (Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91- 96 Sexta Parte, página 14) Asimismo, se aplica la tesis número IX.1o.83 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables."(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714) Consecuentemente, si los quejosos no demostraron la existencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero (en su correcta denominación), Coordinador Operativo de la Costa Grande de la Policía Estatal, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en la Ciudad de México, con medio de convicción idóneo, lo que procede, es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a dichas autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 fracciones XIV y XXIII, 73, 74, 75, 76, 77 fracción I, 124 y 217, todos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.
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