Víctor Hugo Silvan Rodríguez

Expediente 1109/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1109/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Silvan Rodríguez
  • Congreso del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Hugo Silvan Rodríguez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1109/2020-8, promovido por Víctor Hugo Silvan Rodríguez. A continuación, la secretaria certifica: que en cumplimiento al proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 24070/2020, se solicitó informe justificado al Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, autoridad señalada como responsable, el cual recibió el nueve de marzo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el termino para rendir el informe respectivo, transcurrió del diez de marzo al cinco de abril de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la copia simple de la credencial de elector a nombre de la parte quejosa, Víctor Hugo Silvan Rodríguez. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite el medio de convicción de referencia y se tiene por desahogado por su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1109/2020-8, promovido por Víctor Hugo Silvan Rodríguez, contra actos del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 16 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, Víctor Hugo Silvan Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión hecha por el CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO al no llevar a cabo su labor legislativa y así expedir las leyes reglamentarias que se encargarían de regular lo dispuesto en el artículo 109 párrafo último de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en donde se establece la responsabilidad de indemnizar a las personas que sufran afectaciones en sus bienes o patrimonios por el desempeño irregular en las actividades de las que el estado es directamente responsables, en estos artículos se ordena al estado crear las leyes correspondientes que se encargaran de establecer las bases, límites y procedimientos para la indemnización de los afectados, mandato que no ha sido acato por el CONGRESO DEL ESTADO TABASCO, órgano encargado de emitir las leyes reglamentarias del estado, y hasta el día de hoy no existe ley alguna para la reparación del daño provocado por una administración gubernamental irregular creando así una laguna jurídica y una incertidumbre legal para las personas que caigan en este supuesto ya que no existen medios legales para hacer valida esta garantía constitucional [.]". (sic) A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO . SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1109/2020-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de legislar una ley secundaria en materia de responsabilidad patrimonial, según lo establecido en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le fue reclamado a la autoridad responsable porque no rindió informe justificado, mediante oficio 24070/2020, el cual recibió el nueve de marzo de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la constancia que obra en autos. Presunción que se corrobora porque la existencia o no de un ordenamiento de observancia general publicado en un Periódico Oficial, no está sujeto a prueba; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como por lo expuesto en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 15, Tomo 65, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente rubro y texto: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En la referida hipótesis el legislador establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. El aludido supuesto jurídico se actualiza en el presente asunto, porque del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se observa que el quejoso sustancialmente reclama la omisión de legislar una ley secundaria en materia de responsabilidad patrimonial, según lo establecido en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, aun cuando subsiste la referida omisión legislativa, no puede surtir efectos porque ya fue materia de análisis en diverso juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional solicitada por diversos quejosos, lo que enseguida se evidenciará como hecho notorio, en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el diverso criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: (1)El doce de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Domínguez y Basilio Sánchez Ruíz, quienes reclamaron del Congreso local, la omisión legislativa de esa autoridad en dictar las normas relativas sobre responsabilidad patrimonial de dicha entidad federativa, previsto en la reforma del numeral 113 de la Carta Magna de catorce de junio de dos mil dos, en el párrafo segundo actualmente 109 último párrafo, registrada con el expediente 1110/2018. (2) El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección para los efectos siguientes: La protección constitucional se otorga para que el Congreso del Estado de Tabasco: Cumpla con la obligación contenida en la reforma en el artículo 113 Constitucional vigente hasta la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince (actualmente 109 último párrafo), y único transitorio del Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos; y proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, lo que deberá realizar de la manera siguiente: a) Iniciar el proceso legislativo para emitir la referida ley; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario. b) Comuniqué la anterior determinación a la parte quejosa. c) Dada la particularidad del caso (posibles actos de tortura) de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , (tutela judicial efectiva) a fin que la parte quejosa esté en aptitud de iniciar el proceso para reclamar la resposabilidad de los hechos que refiere, hasta en tanto, se promulga la ley correspondiente, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su artículo 71, párrafo segundo y su artículo cuarto transitorio de la reforma publicada en el Periódico Oficial de quince de noviembre de dos mil tres, provea o informe, un proceso a fin de determinar la procedencia o no de su reclamo. d) Lo anterior, con indepedencia de que una vez que esté el marco normativo correspondiente, la parte quejosa esté en aptitud de promover lo relativo, con las adecuaciones correspondientes a su caso.". (3) Inconforme con la precitada determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el expediente 472/2018, y remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, radicándolo con el diverso 68/2019, que a su vez determinó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que reasumiera su competencia originaria. (4) El dos de julio de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que se registró con el número 428/2019, turnándose el expediente para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; y, el siete de agosto de esa anualidad, el Presidente de la Segunda Sala, se avocó al conocimiento. (5) En sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal dictó resolución en la que determinó ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión precitado. (6) El quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer del citado recurso y lo registró con el expediente 941/2019, el cual se radicó en la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que en sesión de trece de mayo de dos mil veinte, determinó confirmar la resolución recurrida. (7) Previos los trámites de ley, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, una vez que recibió el testimonio de la ejecutoria del amparo en revisión 941/2019 derivado como se desprende de párrafos que anteceden de su juicio amparo indirecto 1110/2018; requirió al Congreso del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento a la resolución emitida en ese juicio, misma que se encuentra en vías de cumplimiento. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020, en la parte resolutiva puntos 76 a 83), sostuvo lo siguiente: 76. Y a partir de las razones transcritas se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado: para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. En el entendido de que la regulación que debe emitir el Congreso de la Unión deberá ser integral y, en lo general, tomando en cuenta los parámetros establecidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que se refieren a la consulta indígena, en especial la 81/2018, resuelta el veinte de abril de dos mil veinte. Para ello, deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, por conducto de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. 77. Entonces, si como ha quedado evidenciado, en el amparo en revisión 1144/2019 del índice de esta Segunda Sala se concedió la protección constitucional solicitada a efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación legislativa y regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 78. Para lo cual debía iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. 79. La reparación constitucional se logrará cuando el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. 80. De ahí que en que el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y 81. Se afirma lo anterior porque si bien hasta el momento subsiste la omisión absoluta que se atribuye al Congreso de la Unión, ya se le ordenó cumplir con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regular las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 82. De manera que a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente en el presente juicio de amparo, donde se reclama la misma omisión legislativa absoluta que ya se ordenó reparar al Congreso de la Unión, porque en su caso resultaría en la concesión de la protección federal en iguales términos y efectos que el precedente, traducidos en constreñir a las autoridades responsables a que actuaran en los mismos términos. Lo cual irremediablemente llevaría a duplicar innecesariamente el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando ha quedado señalado que con el acatamiento de la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 1144/2019, todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en México, serán beneficiadas. 83. Consecuentemente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio por las razones aquí señaladas, diversas a las invocadas por el juzgador de origen En ese contexto, se puede establecer que, aun cuando subsista la omisión legislativa reclamada, misma que también fue combatida en el diverso juicio de amparo 1110/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, cuya resolución fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso en revisión 941/2019. Ya se ordenó al Congreso de la entidad federativa en cuestión, cumplir con la obligación que se le impuso desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de dos mil dos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, acorde a lo determinado en el juicio de amparo indirecto 1110/2018. Por lo que, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020 de su índice, a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente del acto aquí reclamado, donde se combate la misma omisión legislativa. Por tanto, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Silvan Rodríguez, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 8 Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término de quince días otorgado en proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable Congreso del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, se encuentra transcurriendo del diez al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal, tal y como se desprende de la constancia de notificación relativa. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese la constancia actuarial de cuenta, realizada por la Fedataria Judicial adscrita a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad para entregar el oficio 5121/2021, dirigido al Congreso del Estado de Tabasco, en virtud de que fue informada por Alfredo Gutiérrez, quien labora en el área de logística de dicha dependencia, que con motivo de la pandemia ocasionada por el VIRUS SARS COVID-19 y a efecto de evitar la propagación de la misma, dicha autoridad determinó suspender actividades desde el inicio de ésta y continúan sin recibir correspondencia, asimismo que el veinticinco de febrero del presente año, se emitió un comunicado signado por el licenciado Gabriel Issac Ruíz Pérez, Secretario de Asuntos Parlamentarios del aludido Congreso, en ese sentido. En ese contexto, se acuerda lo siguiente: Por lo que hace a la imposibilidad para entregar el oficio de referencia a la citada autoridad responsable, en razón a lo informado de la persona que atendió a la actuaria de la adscripción, instrúyase a la actuaria de la adscripción para que resguarde el oficio que se menciona, hasta en tanto el supracitado al Congreso del Estado de Tabasco, reinicie sus labores. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano