Víctor Hugo Sesma Contreras
Expediente 275/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Hugo Sesma Contreras
Actuaciones
- Principal
MESA 5*** Ciudad de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el ***, acusa de recibo el Juicio de amparo *** de nuestro índice y se avoca a conocimiento, respecto de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, ..., archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, ...., se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ... Notifíquese.
- Principal
MESA "5" En la Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------------------------------------------------, por propio derecho, contra el acto y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-5 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia de la suspensión de plano y oficio, respecto de la orden de -------------------- reclamada No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito die demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Incompetencia Ahora, del análisis integro de la demanda que se atiende, se desprende que el promovente designó como autoridad responsable, entre otras, a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre los que se encuentra este órgano jurisdiccional, por lo que es evidente que la que suscribe no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 38, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones siguientes: En ese orden, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la ley de la materia, que establece lo siguiente: ".Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito, otro del mismo distrito y especializado en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. En atención a los numerales transcritos, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, así como todos los juzgados de Distrito de este circuito judicial se encuentran señalados como responsables, resultan legalmente incompetentes para conocer de la demanda de que se trata. Por tanto, de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo de que se trata, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que por su conducto lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano judicial de la misma naturaleza que este Juzgado Federal, por no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señaló entre otras como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México entre los que se encuentra este órgano jurisdiccional. De igual forma, se solicita al Juez de Distrito que conozca del presente asunto, tenga a bien acusar de recibo para los efectos legales a que haya lugar. Con una copia del escrito de demanda, así como con la presente resolución, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizada a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i)indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii)crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii)vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico ---------------------------------- así como el teléfono (55)------------------- extensión 4305. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales..... Notifíquese personalmente....."
- Principal
MESA"5" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. En la Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------------------------------------------------, por propio derecho, contra el acto y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-5 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia de la suspensión de plano y oficio, respecto de la orden de -------------------- reclamada No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito die demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Incompetencia Ahora, del análisis integro de la demanda que se atiende, se desprende que el promovente designó como autoridad responsable, entre otras, a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre los que se encuentra este órgano jurisdiccional, por lo que es evidente que la que suscribe no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 38, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones siguientes: En ese orden, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la ley de la materia, que establece lo siguiente: ".Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito, otro del mismo distrito y especializado en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. En atención a los numerales transcritos, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, así como todos los juzgados de Distrito de este circuito judicial se encuentran señalados como responsables, resultan legalmente incompetentes para conocer de la demanda de que se trata. Por tanto, de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo de que se trata, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que por su conducto lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano judicial de la misma naturaleza que este Juzgado Federal, por no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señaló entre otras como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México entre los que se encuentra este órgano jurisdiccional. De igual forma, se solicita al Juez de Distrito que conozca del presente asunto, tenga a bien acusar de recibo para los efectos legales a que haya lugar. Con una copia del escrito de demanda, así como con la presente resolución, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizada a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i)indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii)crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii)vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico ---------------------------------- así como el teléfono (55)------------------- extensión 4305. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales..... Notifíquese personalmente....."
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