Víctor Hugo Santos León
Expediente 919/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Hugo Santos León
Actuaciones
- Principal
"...Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 9 a 13), se desechó la demanda de amparo en el presente asunto; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. MESA V
- Principal
MESA V "... Agréguese la demanda de garantías promovida VÍCTOR HUGO SANTOS LEÓN, contra actos de la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; presentada el treinta y uno de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, como en este Juzgado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 919/2016. Ahora, vista la demanda de que se trata, en principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. "ARTÍCULO 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama la suspensión de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, específicamente al momento del desahogo del INCIDENTE POR FALTA DE PERSONALIDAD, dictada en el expediente número 1468/2015(2) Bis de la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Partiendo de esa premisa, es necesario ahora recalcar que el artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La citada disposición legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto, esto es, cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que el juicio constitucional indirecto era procedente, de manera excepcional, aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, porque con dicha resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior pues, de ser fundada, debía reponerse el procedimiento lo que traía como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación, son las siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." (Tesis P.L.VII/2004 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página nueve, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época) No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir es la suspensión de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, específicamente al momento del desahogo del INCIDENTE POR FALTA DE PERSONALIDAD, dictada en el expediente número 1468/2015(2) Bis de la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicha suspensión de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, específicamente al momento del desahogo del INCIDENTE POR FALTA DE PERSONALIDAD, dictada en el expediente número 1468/2015(2) Bis de la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la institución quejosa tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por VÍCTOR HUGO SANTOS LEÓN, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas para tal efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)
- Principal
"...Visto el oficio del Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia, en esta ciudad, por el que remite el original y el juicio de amparo promovida por GREGORIO RUIZ BERNAL Y MARIA GLADIS PEREZ RIOS...se acepta la competencia declinada...Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, para la celebración de la audiencia constitucional...gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil en turno, con sede en la ciudad capital, para que en auxilio de las labores se sirva a ordenar a quien corresponda notifique el proveido a los quejosos GREGORIO RUIZ BERNAL Y MARIA GLADYS PEREZ RIOS, quienes señalaron domicilio para oir y recibir notificaciones...asimismo, requerirlos para que en el termino de tres días, señalen domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de caracter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos." MESA I
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