Víctor Hugo Sánchez Ramírez

Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1191/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Sánchez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    (1) Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite fotocopia certificada de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial **********, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano de control constitucional. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada del testimonio de ejecutoria de veintidós de septiembre del año en curso, en la cual declaró competente para conocer de la demanda promovida por el quejoso ******************, al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que tramite y resuelva dicho asunto, por las consideraciones que ahí se exponen. Por lo anterior, previas las anotaciones que obren en el libro de control respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción después de seis meses.

  2. Principal

    (1)... Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del cual informa que se dio trámite al conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado, el cual quedó radicado con el número ***********; circunstancia de la cual queda enterado este Órgano de Control Constitucional.

  3. Principal

    (1)....Glósese a los autos el oficio firmado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y anexo que acompaña -descrito en la cuenta-, mediante el cual informa que el órgano de su adscripción no acepta el conocimiento del presente asunto porque a su consideración no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo cual devuelve los autos del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Se insiste en que este Juzgado Federal no es competente para conocer de la demanda de amparo. No obstante, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, insiste en que no es legalmente competente para tramitar y resolver el citado juicio de amparo, pese a las consideraciones vertidas en la determinación de la autoridad oficiante; lo anterior, con base a las consideraciones expuestas el dos de agosto del año en curso, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ." Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de los preceptos constitucional y legal antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente, siempre y cuando el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, es importante evidenciar que el referente que toman en cuenta las dos primeras hipótesis para definir la competencia es la ejecución material del acto reclamado, mientras que la última, por tratarse de actos que carecen de ejecución, tiene como criterio el lugar en que el promovente presente la demanda de amparo. En ese tenor, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda de amparo. Respecto a la distinción entre los actos que sí requieren y los que no requieren ejecución material, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis *********, determinó lo siguiente: "(.) Dicho precepto (el artículo 37 de la Ley de Amparo) alude a 'ejecución material', como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. (.) Lo expuesto parte de la premisa de que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. (.)" De lo anterior se desprende que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha estimado que por "ejecución material" debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material. Asimismo, se advierte el lineamiento relativo a que la "ejecución material" no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Además, se aprecia que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha estipulado que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. Así, de conformidad con los supuestos normativos e interpretación del Máximo Tribunal que existen en materia de competencia por razón de territorio, el Juez de Distrito que conozca de una demanda de amparo, de la que considere carecer de competencia por razón de territorio, debe tener presente la naturaleza del acto reclamado (si requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado). Lo anterior, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera objetiva y razonable permitan dilucidar la asignación de la competencia relativa, según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Entonces, a fin de determinar la competencia legal que corresponde al presente asunto, debe atenderse de manera fundamental a la naturaleza de los actos reclamados, los que en la especie son: La emisión y la ejecución del oficio ************, de veintidós de julio de dos mil veintidós, en donde se comunica el cambio de adscripción del quejoso *******, a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Servicios Especiales, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Ciudad de México. La emisión y la ejecución del oficio **********, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, dirigido al quejoso ***********, en donde se le exhorta para realizar las actividades que se le encomienden Mientras que de los antecedentes narrados en la demanda, el quejoso señaló que se venía desempeñando como Oficial adscrito a la Subestación Tula de Allende, dependiente de la Estación Pachuca de Soto, perteneciente a la Coordinación del Batallón de Seguridad de Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Hidalgo y/o la Coordinación de Compañía de Seguridad a vías de Comunicación Hidalgo. Asimismo, que mediante oficio **********, de veintidós de julio de dos mil veintidós, se le comunicó al impetrante de derechos el cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Servicios Especiales, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México; lo que pone de manifiesto la competencia territorial a favor del juzgado de Distrito en esa Ciudad, por ser la entidad en la que habrán de ejecutarse los actos reclamados. Sin que se pudiera considerar que el lugar donde actualmente se encuentra adscrito el quejoso, esto es, en la Subestación Tula de Allende, dependiente de la Estación Pachuca de Soto, perteneciente a la Coordinación del Batallón de Seguridad de Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Hidalgo y/o la Coordinación de Compañía de Seguridad a vías de Comunicación Hidalgo, sea el lugar donde se vaya ejecutar el acto reclamado, ya que el contenido del oficio *********, de veintidós de julio de dos mil veintidós, informa que su ejecución será en la Ciudad de México, al comunicarse de manera expresa que su cambio de adscripción será en la Dirección General de Servicios Especiales perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en dicha ciudad. En ese orden, tomando en consideración el oficio *********, de veintidós de julio de dos mil veintidós, el cual fue adjuntado a la demanda de derechos, así como los hechos manifestados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se pone de manifiesto que el juez competente para conocer del líbelo constitucional, es el que radica en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado; siendo éste, en el que se ordenó el cambio de adscripción del peticionario, es decir, en la Ciudad de México. Similar criterio tuvo el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ************de su índice, en cuya ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, consideró lo siguiente: "De lo expuesto, esto es, del contenido de la demanda de amparo como de los hechos narrados por el quejoso, se advierte que se le ordenó el cambio de adscripción, con nuevas funciones en la Ciudad de México; circunstancia que evidencia la competencia territorial a favor del juzgado de Distrito en esta Ciudad, por ser la entidad en la que habrán de ejecutarse los actos reclamados. Sin que pueda considerarse que la ejecución del acto tendrá lugar en la adscripción del quejoso de las oficinas de la Guardia Nacional en Veracruz, por el contrario, el contenido del oficio ***********, informa que su ejecución será en esta Ciudad, al comunicarse expresamente que su cambio será a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa de esta Ciudad. En tal sentido, teniendo en cuenta las constancias que obran en el sumario de amparo, como hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en la demanda, se considera que el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, es el que radica en donde deba tener ejecución el acto reclamado; y, en el caso, se trata de aquél en el que se ordenó el cambio de adscripción del peticionario." (Lo resaltado es propio). Por lo que, con fundamento en los artículos 107, fracción VII del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 párrafo primero y 48, ambos de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 43/2012, 3/2013, 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, al ejercer jurisdicción en el lugar donde ha de ejecutarse el acto reclamado." Por tanto, en atención a lo manifestado en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional considera que no le corresponde el conocimiento del presente juicio de amparo. Así, con base a lo expuesto, se precisa de forma respetuosa que contrario a lo aseverado por la autoridad oficiante, este órgano jurisdiccional no comparte su criterio y, por ende, la competencia se surte a favor del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Bajo tales directrices, al tomar en consideración que este Juzgado Federal, insiste que no le corresponde el trámite y resolución de la demanda de amparo de que se trata; de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se ordena remitir este expediente, previo cuaderno de antecedentes, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para que resuelva sobre el conflicto competencial aquí planteado, previa notificación que se realice a las partes, circunstancia que además deberá hacerse del conocimiento del indicado Juzgado Federal, para que exponga ante el órgano colegiado a quien corresponda el conocimiento de este conflicto competencial, lo que estime pertinente. Apoya lo anterior el siguiente criterio cuyos datos de localización son los siguientes: "Registro digital: 175648 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.15o.A.5 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1968 Tipo: Aislada CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES DE DISTINTA JURISDICCIÓN ORDINARIA. LA COMPETENCIA PARA RESOLVERLO RADICA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO. Si se atiende, por analogía, al principio general de la prevención que alberga la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la solución de los conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito en juicios de amparo, así como a lo dispuesto en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de esa Suprema Corte, es posible establecer que del conflicto competencial suscitado entre órganos de distinta jurisdicción ordinaria debe conocer, de manera delegada, el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre aquel que anticipó en el conocimiento del asunto, por lo que si el conflicto se turna a un Tribunal Colegiado diverso, éste debe declinar su competencia y remitirlo a aquel en el que la competencia radique, dado que la circunstancia de que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos jurisdiccionales, sean titulares de esa función, no implica que puedan realizarla en cualquier tipo de asuntos, sino únicamente en aquellos de su competencia."

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