Víctor Hugo Salas Sánchez
Expediente 1974/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1974/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/10/2023
Partes del expediente
- Víctor Hugo Salas Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en forma de alegatos y ofrece pruebas; al respecto, se provee: se le tienen por formulados los alegatos a que hace referencia en su ocurso de cuenta, y con ellos, se ordena dar nueva cuenta al momento en que se celebre la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene haciendo suya el dictamen pericial emitido en autos por el perito tercero en discordia, y por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional lega y humana, las cuales e tiene por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo el recurso de queja, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.
- Principal
V I S T O S; para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovida por la parte quejosa Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe******************** así como la tercera interesada TWC COMPANY, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal Oscar Alejandro Sánchez Martínez, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 2372/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************, mediante escrito presentado vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Villahermosa, Tabasco, promovió juicio de amparo indirecto contra el Juez Primero de lo Civil de Cárdenas, Tabasco, Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Titular de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, Titular de la Secretaría de Economía, Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tabasco, Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco SAT y Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y por los actos que se a continuación se precisan: "Las resoluciones judiciales, medidas cautelares o providencias precautorias (sus efectos y consecuencias), que por indicios conocemos que provienen de los expedientes 1865/2022 y/o 2059/2022 del índice de las responsables, en las que, sin que por una Asamblea de Accionistas se haya ordenado exigir responsabilidad a los administradores, esto es: a) SIN QUE PREVIMENTE SE HAYA CELEBRADO UNA ASAMBLE GENERAL DE ACCIONISTAS, b) sin que los derechos de minoría otorgue derecho a proponer y nombrar en una Sociedad Anónima a un administrador único provisional bajo sus órdenes y por otro lado c) sin que la suspensión de acuerdos de asamblea de accionistas se prevea para la acción de nulidad como aquí se ejercitó, en el caso se ordenó: (.).". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, el conocimiento de la citada demanda, el que en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, la admitió, ordenando formar el expediente con el número 1741/2022, de su índice, ordenó pedir informes justificados y dio la intervención al representante social. TERCERO. En esa misma fecha el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, proveyó lo relativo a la suspensión del acto reclamado y tramitó por separado el cuaderno relativo. CUARTO. Mediante resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1741/2022, se concedió la suspensión definitiva para los siguientes efectos: "Conceder la suspensión definitiva a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para el efecto de que (sic) Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Lo anterior es así, puesto que en el caso concreto de los documentos que aparecen agregados en la presente incidencia, así como del informe del juez que decretó la mediad cautelar que se reclama no se desprende que se haya celebrado asamblea general de accionistas previamente a la emisión de los actos reclamados en la que se haya concluido ejercer responsabilidad en contra de los administradores en términos de los artículos 161 y 162 Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que se ejercitó la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada Ley.". Dicha resolución fue impugnada por el tercero interesado en revisión cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Tabasco, bajo la revisión incidental registrada con el número 2/2023-II. Cabe precisar que mediante resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito con residencia en el Estado de Tabasco, en la revisión incidental registrada con el número 2/2023-II, se declaró legalmente incompetente para conocer de ella y ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Asimismo, mediante oficio número 3938/2023 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, hizo del conocimiento de este juzgado que se avocó al conocimiento de la revisión interpuesta y la admitió bajo el número de toca de revisión incidental 247/2023, el cual se encuentra pendiente de su resolución. QUINTO. Una vez seguida la secuela procedimental y ante el desistimiento de la parte quejosa de las autoridades residentes en el Estado de Tabasco, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distritos en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para su conocimiento. SEXTO. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, conocer del juicio constitucional, por lo que mediante proveído de nueve de febrero de dos mi veintitrés, se avocó al conocimiento de dicha demanda de amparo, asimismo, se ordenó su registro con el número 2372/2022, de igual forma se ordenó la separación de los juicios de origen por lo que este sumario únicamente se avocó el conocimiento relativo al juicio de origen 1865/2022; se ordenó dar vista a la representación social; y, se citó a las partes a la audiencia de ley. SÉPTIMO. Interposición del primer incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el quejoso Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************, promovió incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, concedida el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1741/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Tabasco; y de la que hoy es materia el presente incidente de suspensión, respecto de los actos que fueron reclamados del juicio de origen 1741/2022; al considerar que la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Mercantil del Estado de Jalisco, ha incurrido en defecto al dar cumplimiento a la misma. OCTAVO. Segundo incidente por exceso en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a Oscar Alejandro Sánchez Martínez, en su carácter de apoderado de la parte tercera interesada TWC COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, promoviendo diverso incidente por exceso en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada en este cuaderno incidental; y con esa misma fecha se admitió y dio trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo, así como, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Posteriormente se citó a las partes a la audiencia relativa a las incidencias promovidas, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. NOVENO. La autoridad responsable Juez Séptimo de lo Mercantil del Estado de Jalisco, al rendir su informe, omitió señalar si es cierto o no el defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que se le atribuye, por tanto, en términos del numeral 208, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver del presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, acorde con lo establecido en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Motivos de inconformidad. El denunciante Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************, expresó como argumentos para demostrar el defecto en el cumplimiento a la suspensión, lo siguiente: "[.]. 1. TWC Company, accionista de Inversiones Patria, el pasado mes de agosto de 2022 promovió juicios mercantiles ordinarios en ejercicio de la acción de responsabilidad directa prevista en el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (por accionista con al menos 25% del capital social y previo acuerdo de asamblea en que se haya decidido no fincar responsabilidad, pero haber votado en contra o, conforme a lo resuelto por la Primera Sala del Alto Tribunal en el amparo directo en revisión 2228/2021, sin necesidad de asamblea) y la genérica de nulidad en contra de Inversiones Patria, de Juan Miguel Gandoulf Castellanos en lo personal y en su carácter Presidente del Consejo de Administración de esa sociedad y de otros administradores, comisarios o accionistas. 2. Juicios donde se emitieron DOS medidas cautelares, una del pasado 26 de agosto de 2022 en el juicio 1865/2022, y otra del pasado 21 de septiembre de 2022 en el juicio 2059/2022 (acto reclamado en el presente juicio de amparo), ambos del índice del Juzgado Séptimo Mercantil del Estado de Jalisco, en las que se ordenó en esencia: i. El cese del legítimo Consejo de Administración de Inversiones Patria, S.A. de C.V. ii. La imposición judicial de un Administrador Provisional a propuesta de un accionista minoritario (TWC Company) en la persona de nombre Alan Alberto Manuel González Benavides. iii. La prohibición a los ahí demandados de convocar, asistir, celebrar y votar en asambleas ordinarias y extraordinarias de Inversiones Patria, S.A. de C.V. 3. Con base en esas medidas cautelares dictadas en los juicios 1865/2022 y 2059/2022, TWC Company celebró consigo misma cinco presuntas asambleas de Inversiones Patria, sin previa convocatoria, bajo el argumento de representar el 100% del haber social de las acciones con derecho a voto, lo que se advierte se su propio contenido pues ello se plasmó en las actas respectivas al referir que los demás accionistas de la sociedad se encontraban impedidos de comparecer y votar en asambleas en virtud de las medidas cautelares reclamadas. Esas presuntas asambleas son las siguientes: i. Asamblea de 23 de septiembre de 2022 contenida en escritura pública 2,796 de 23 de septiembre de 2022, pasada ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. ii. Asamblea de 27 de septiembre de 2022 contenida en escritura pública 2,800 de 29 de septiembre de 2022, pasada ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. iii. Asamblea de 4 de octubre de 2022 contenida en escritura pública 2,822 de 18 de octubre de 2022, pasada ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. iv. Asamblea de 13 de octubre de 2022 contenida en escritura pública 2,829 de 21 de octubre de 2022, pasada ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. v. Asamblea de 18 de octubre de 2022 contenida en escritura pública 2,829 de 21 de octubre de 2022, pasada ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. 4. Ante ello, el suscrito, por derecho propio y en defensa de Inversiones Patria, promoví el juicio de amparo 1741/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Tabasco, donde el pasado 9 de noviembre de 2022 se dictó la suspensión definitiva de dichas medidas cautelares dictadas en los juicios 1865/2022 y 2059/2022, con los siguientes efectos: "Conceder la suspensión definitiva a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para el efecto de que Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Lo anterior es así, puesto que en el caso concreto de los documentos que aparecen agregados en la presente incidencia, así como del informe del juez que decretó la mediad cautelar que se reclama no se desprende que se haya celebrado asamblea general de accionistas previamente a la emisión de los actos reclamados en la que se haya concluido ejercer responsabilidad en contra de los administradores en términos de los artículos 161 y 162 Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que se ejercitó la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada Ley. El peligro en la demora subyace puesto que se pone en riesgo la viabilidad de la negociación con los efectos del acto reclamado al permitir la conducción de la sociedad a un órgano que no fue decidido por la asamblea de accionistas con la posible afectación de daños y perjuicios que no puedan ser reparados con la concesión del amparo. De tal manera que en términos de los artículos 147 y 149 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá llevar a cabo los actos que resulten necesarios a fin de que la parte quejosa pueda ejercer sus funciones; y no se impida el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la empresa "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", con motivo de los actos reclamados. Concesión de la medida cautelar que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras pues su actuar depende de las determinaciones que emitan las ordenadoras.". 5. Como se ve, el juez de amparo de referencia ordenó que las medidas cautelares dictadas en los juicios mercantiles 1865/2022 y 2059/2022, dictadas por el Juez Séptimo de lo Mercantil, se suspendieran totalmente sus efectos, esto es, que no se ejecutaran y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución. Es decir, se trata de una suspensión con efectos RESTITUTORIOS O DE TUTELA ANTICIPADA. 6. En consecuencia, esta parte afirma que en virtud de la concesión de la suspensión definitiva con efectos restitutorios no puede existir ni ser válido ningún acto que tenga como base los actos objeto de suspensión, cuya ejecución ha debido dejarse inexistente, como en el caso resultan ser todos aquellos actos llevados a cabo al tenor de esas medidas precautorias suspendidas. Al haber quedado claros los antecedentes del caso resulta necesario, en primer lugar, fijar lo que el suscrito quejoso solicito la denuncia de violación a la suspensión de 9 de noviembre de 2022; en segundo lugar, determinar algunos conceptos muy importantes para su estudio y, en tercer lugar, analizar los preceptos legales que rigen la cuestión expuesta y algunos criterios judiciales sostenidos al respecto. Pues bien, la presente denuncia se basa fundamentalmente en solicitar, además del trámite incidental relativo al desacato (segundo sistema), que su Señoría haga cumplir la suspensión definitiva al grado de dejar sin efectos las presuntas asambleas generales de accionistas de Inversiones Patria, de fechas 23 y 27 de septiembre, y 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022. Fijado el alcance del presente escrito, se procede a determinar ciertos conceptos que son muy importantes para el estudio de la presente solicitud de activación de los dos sistemas para hacer cumplir la suspensión de amparo. (.) De lo anterior se evidencia de manera incuestionable que la medida cautelar fue violada, pues si ésta fue concedida para el efecto de que el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Estado de Jalisco suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución, y expresamente se ordenó a la autoridad responsable llevar a cabo los actos que resulten necesarios a fin de que la parte quejosa pueda ejercer sus funciones y no se impida el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la empresa Inversiones Patria, con motivo de los actos reclamados, en términos de los artículos 147 y 149 de la Ley de Amparo. Y en el caso se advierte plenamente la existencia de las presuntas asambleas de accionistas de Inversiones Patria, de 23 y 27 de septiembre, y 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022, celebradas con base en las medidas precautorias objeto de suspensión restitutoria, y protocolizadas en escrituras públicas 2,796, 2,800, 2,822, 2,829 y 2,829, todas pasadas ante la fe del notario público 91 de Guadalajara, Jalisco. En consecuencia, no pueden existir ni ser válidas ninguna de esas presuntas asambleas ya que tienen como base las medidas precautorias objeto de suspensión, cuya ejecución ha debido dejarse inexistente con motivo de la suspensión definitiva de 9 de noviembre de 2022. Ahora bien, el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta al juez federal a requerir informes para indagar el cumplimiento que se dé a la suspensión concedida y ordinariamente ese es el camino por seguir. No obstante, en el caso, dado que conforme a las circunstancias descritas la vulneración de la medida cautelar es patente, pues no puede obviarse la existencia de las aludidas asambleas de cuyo contenido se advierte que fueron celebradas con sustento en las medidas precautorias objeto de suspensión, resulta innecesario pedir informes o efectuar apercibimiento alguno, lo que permite pasar directamente a establecer las consecuencias de la infracción al mandato de autoridad. Sobre esto se debe recordar, que como se mencionó párrafos atrás, la violación a la suspensión, en el sistema que tiene su origen en el numeral en cita, tiene una consecuencia, que es el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión. Esta consecuencia o efecto tiene dos requisitos. El primero es obvio y consiste en que se haya concedido la suspensión del acto y, el segundo, que la naturaleza del acto ejecutado lo permita Por lo que hace al primer requisito en la especie sí se da, puesto que en interlocutoria de 9 de noviembre de 2022 se concedió a esta parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, incluso con efectos restitutorios o de tutela anticipada. El segundo requisito también se surte, toda vez que los actos ejecutados de forma posterior al momento cronológico que se ordenó volver las cosas por virtud de la suspensión definitiva con efectos restitutorios o de tutela anticipada, es la celebración de las presuntas asambleas de accionistas de Inversiones Patria, de 23 y 27 de septiembre, y 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022, celebradas con base en las medidas precautorias objeto de suspensión restitutoria, actos que por su propia naturaleza pueden dejarse sin efectos y ordenar que los mismos, con todas sus consecuencias jurídicas, se declaren nulos de pleno derecho. Pues para ello basta la simple orden que su Señoría realice al juez responsable para que éste, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, ordene a las autoridades y a los particulares intervinientes en los actos infractores de la suspensión, aunque no sean parte del juicio constitucional, la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dichos actos, esto es, que tomen las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional, lo que en el caso implicaría que el fedatario público que protocolizó esas actas de asamblea en escrituras públicas, proceda a tomar nota de la cancelación de éstas, y que se cancelen las inscripciones relativas a esos instrumentos públicos en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco respecto del folio mercantil de Inversiones Patria, pues solo así se respetarían plenamente los efectos de la suspensión definitiva de 9 de noviembre de 2022, que ordenó volver las cosas al estado en que se encontraban al momento de la ejecución de las medidas cautelares reclamadas. Es decir, el establecimiento de las cosas en un estado en el que no existan las consecuencias de la ejecución de esas medidas cautelares reclamadas, lo que implica que las presuntas asambleas celebradas con base en las medidas objeto de suspensión no puedan existir ni ser válidas, precisamente porque ha dejado de existir su sustento. Por consiguiente, al darse los dos requisitos necesarios para que se actualice la consecuencia en estudio, procede declarar la nulidad de pleno derecho de las asambleas de accionistas de Inversiones Patria, de 23 y 27 de septiembre, y 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022, y ordenar que las cosas vuelvan al estado ordenado por la suspensión definitiva de 9 de noviembre de 2022. Dicho lo anterior, se afirma que (i) la existencia de las escrituras públicas en que se consignan las presuntas asambleas de accionistas de Inversiones Patria, de 23 y 27 de septiembre, y 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022, y (ii) la existencia del juicio del juicio mercantil ordinario con número de expediente 2235/2022 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Estado de Jalisco en que se otorgaron diversas medidas cautelares relativas a que el suscrito y los codemandados supuestamente tenemos prohibido desempeñar cualquier cargo respecto de Inversiones Patria; EN NADA IMPIDEN lo aquí solicitado, esto es, que se declare la nulidad de pleno derecho los actos infractores de la suspensión definitiva de 9 de noviembre de 2022. Lo anterior toda vez que la existencia de esos instrumentos públicos y las medidas cautelares dictadas en el juicio 2235/2022 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Estado de Jalisco no pueden servir como pretexto ni tener el efecto contravenir la resolución suspensional otorgada en autos, o considerar que con ello los actos se han vuelto de imposible reparación, ni de prolongar indefinidamente en el tiempo la vigencia y efectos de las medidas precautorias objeto de suspensión definitiva, como si se trataran de un "blindaje definitivo". Ya que, como se dijo previamente, la naturaleza de esas escrituras públicas y presuntas asambleas permite su anulación, y respecto de las medidas cautelares en comento, además de tener como base aquéllas, y ser de explorado derecho que se tratan de instrumentos procesales accesorios, provisionales y temporales, y que tienen como presupuestos jurídicos la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, por lo que si las medidas fueron otorgadas con base en esas presuntas asambleas que deben declararse nulas de pleno derecho, es claro que ha desaparecido el presupuesto relativo a la apariencia del buen derecho. Determinación la anterior respecto de esas medidas cautelares dictadas en el juicio 2235/2022 que no deberá ser realizada por su Señoría, sino que ello será propio de lo que los afectados con dichas medidas tengan a bien promover. No obstante, con ello se demuestra que dichas medidas precautorias no pueden impedir el cumplimiento de la suspensión definitiva de 9 de noviembre de 2022. Considerar lo contrario, es decir, que esas escrituras públicas y presuntas asambleas y las medidas cautelares dictadas en el juicio 2235/2022 tienen como supuesto efecto la imposibilidad de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos, ello traería como consecuencia errónea considerar los actos reclamados como de imposible reparación y, con ello, anticipar la inoperancia del juicio de amparo como instrumento de protección constitucional de derechos fundamentales, volviéndolo ilusorio en contravención a lo establecido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que se reconoce el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, ámbito dentro del cual la Corte Interamericana ha establecido se encuentra el juicio de amparo. Así como sería hacer inoperante y estéril lo establecido en los artículos 147, 149, 158, 206, 207, 208, 209 y 262 de la Ley de Amparo, lo que no fue intención del legislador, ya que precisamente del contenido de esos preceptos se establecen los mecanismos para hacer cumplir la suspensión de amparo, anulando los actos contraventores a ésta, limitando tal cuestión únicamente a que se haya concedido la medida cautelar y a que la naturaleza del acto lo permita, esto es, que los actos ejecutados en contravención a la suspensión no sean de imposible reparación; espectro respecto del cual, en el caso, no pueden tenerse como tales las escrituras públicas que consignan las presuntas asambleas de Inversiones Patria ni las medidas cautelares dictadas en el juicio 2235/2022." TERCERO. Motivos de inconformidad relativo al segundo de los incidentes por exceso o defecto promovido por el tercero interesado. El denunciante Oscar Alejandro Sánchez Martínez, en su carácter de apoderado de la parte tercera interesada TWC COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, expresó como argumentos para demostrar el defecto en el cumplimiento a la suspensión, lo siguiente: "1. Imposibilidad por asamblea Advierta su Señoría que la autoridad responsable se encontraba impedida para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos del presente juicio, toda vez que el señor JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS FUE REMOVIDO Y CESADO de su cargo como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad INVERSIONES PATRIA, S.A. DE C.V., POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, por lo que al momento de que presentó su demanda de amparo y solicitó la suspensión de los actos reclamados ya no se encontraba inserto en su patrimonio jurídico el derecho que dice afectado y cuya existencia pretende preservar a través de la suspensión de amparo, lo anterior se acredita con la escritura pública 2,800 de fecha Septiembre 29, 2022 pasada ante la fe del Lic. OSCAR ÁLVAREZ DEL TORO, Notario Público Titular de la Notaria 91 de Guadalajara, Jalisco, misma que se acompaña como Anexo 1, que contiene la protocolización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 27 de septiembre de 2022, de la sociedad INVERSIONES PATRIA S.A.DE C.V., en la que se acordó por parte de la referida Asamblea: A. -Remover a la quejosa de su cargo y funciones como miembro del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Patria S.A.de C.V.y B.-Exigirle responsabilidad" CUARTO. Informe de la autoridad responsable. La autoridad responsable Juez Séptimo de lo Mercantil del Estado de Jalisco, al rendir sus informes, omitió señalar si es cierto o no el exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que se le atribuye, por tanto, en términos del numeral 208, fracción II, de la Ley de Amparo; se tiene por cierto el exceso y defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que se le atribuye. QUINTO. Materia del incidente. En este contexto, del análisis integral del escrito por medio del cual se promovió el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe******************** se desprende que la materia de este asunto se constriñe a determinar si efectivamente, la autoridad responsable cumplió defectuosamente, la medida cautelar concedida en el presente sumario. Resulta necesario precisar que la resolución que concedió la suspensión definitiva, tiene como finalidad mantener viva la materia del litigio, le da vida y eficacia a la sentencia, siendo de máxima importancia para la vigencia del juicio de amparo, por ello, el legislador estableció mecanismos eficaces tendentes a paralizar la conducta de la autoridad, lo que implica que no se altere o menoscabe la situación jurídica contemplada en el acuerdo que concedió la medida cautelar, así como sanciones para el caso de incumplimiento. Así pues, lo que se persigue con el trámite del incidente que nos ocupa, es mantener la operatividad y eficacia de la resolución cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuera violada por las autoridades, obtener la restitución de las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión, sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes al desacato evidenciado. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 206 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 206.- El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Lo anterior, permite distinguir que el legislador otorgó gran importancia a la medida cautelar en estudio, previendo incluso una sanción de tipo penal para las autoridades que no suspendan el acto reclamado cuando estén obligados a ello, tal y como se desprende del artículo 209 de la Ley de Amparo. "Artículo 209.- Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Ahora, para que pueda determinarse exceso o defecto en cumplimiento a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a) Que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió, surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y, c) Que, en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida. Tiene aplicación -por las razones que lo informan- el criterio del otrora Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que este juzgado de distrito comparte, y es consultable en la página seiscientos ochenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida" Cabe destacar, que la suspensión provisional se concedió a la parte quejosa para el efecto siguiente: "[.]"Conceder la suspensión definitiva a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para el efecto de que (sic) Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Lo anterior es así, puesto que en el caso concreto de los documentos que aparecen agregados en la presente incidencia, así como del informe del juez que decretó la mediad cautelar que se reclama no se desprende que se haya celebrado asamblea general de accionistas previamente a la emisión de los actos reclamados en la que se haya concluido ejercer responsabilidad en contra de los administradores en términos de los artículos 161 y 162 Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que se ejercitó la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada Ley El peligro en la demora subyace puesto que se pone en riesgo la viabilidad de la negociación con los efectos del acto reclamado al permitir la conducción de la sociedad a un órgano que no fue decidido por la asamblea de accionistas con la posible afectación de daños y perjuicios que no puedan ser reparados con la concesión del amparo. De tal manera que en términos de los artículos 147 y 149 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá llevar a cabo los actos que resulten necesarios a fin de que la parte quejosa pueda ejercer sus funciones; y no se impida el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la empresa "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", con motivo de los actos reclamados. Concesión de la medida cautelar que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras pues su actuar depende de las determinaciones que emitan las ordenadoras.". SEXTO. Estudio del incidente promovido por Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************. Resulta infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, promovida por la parte quejosa. En principio, debe destacarse que la pretensión del accionante es demostrar que la autoridad responsable para cumplir sin defecto a la suspensión definitiva otorgada a su favor y que, ordenó que se dejaran sin efectos las medidas cautelares dictadas en los juicios 1865/2022 y 2059/2022, y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta antes de su ejecución, lo que dice, necesariamente debe implicar que se declaren nulas de pleno derecho, las actas de asamblea de veintitrés, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, cuatro, trece y dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para que se logre ejecutar en su totalidad dicha suspensión; esto es, para que se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban, ello materializado en que Juan Miguel Gandoulf Castellanos (quejoso), sea reincorporado en su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la pe********************. Ahora bien, se dice que existe exceso en el cumplimiento de la suspensión otorgada, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto de la resolución, que le impedía hacer algo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance. Por otra parte, se considera que existe defecto en su cumplimiento, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad, o en parte, lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. En el presente cuaderno incidental, la autoridad responsable no incurrió en defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, a que alude la parte quejosa; por los motivos y fundamentos que en seguida se expondrán. Ello es así, si se toma en consideración, que la responsable mediante oficios 1263/2023 y 4027/2023, de tres de marzo y trece de junio, ambos del año en curso, informó lo siguiente: "Consecuentemente, en estricto acatamiento a dicho requerimiento, se suspende de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en el expediente 1865/2022, se ordena suspender su ejecución y que vuelvan las cosas de manera temporal al estado que se encontraban hasta el momento de su ejecución. En ese orden de ideas, se ordena notificar personalmente a la parte actora el presente auto para que actúe o deje de actuar en consecuencia así como girar atento oficio a las dependencias, instituciones y autoridades a las que fueron librados oficios con motivo de dichas medidas cautelares, informándoles la suspensión total de la ejecución de tales medidas, así como la orden de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban al momento de su ejecución". "Analizado el contenido, téngase a la Autoridad Federal requiriendo por la remisión de copias certificadas de los oficios y sus acuses de recibido ordenados en auto de fecha 2 dos de marzo de 2023 dos mil veintitrés, razón por la cual, dentro del término concedido, remítasele copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios entregados por conducto del notificador de este Juzgado, así como de las constancias de imposibilidad de la entrega de algunos otros". Documentos que valorados en términos de lo previsto por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno. Por ello, se afirma que la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Mercantil del Estado de Jalisco, si bien realizó actos tendentes a cumplir con la suspensión definitiva, lo cierto es que, no ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; pues si bien, la suspensión definitiva fue concedida entre otros efectos para que la autoridad responsable llevara a cabo los actos que resulten necesarios a fin de que la parte quejosa pueda ejercer sus funciones; y no se impida el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la empresa "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", con motivo de los actos reclamados; circunstancia que no ha quedado acreditado en autos; sin embargo, en la actualidad existe una imposibilidad jurídica por parte de la autoridad responsable a fin de ceñirse a este último punto de la suspensión. Ello se corrobora del contenido del oficio 1925/2023 que remitió la responsable, recibido por este juzgado el tres de abril del año en curso, en el que textualmente señaló lo siguiente: "Zapopan, Jalisco; a 31 treinta y uno de marzo de 2023 dos mil veintitrés. ---En atención a la cuenta que da el Secretario de Acuerdos, se tiene por recibido el oficio número 11774/2023 proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco presentado ante Oficialia de Partes de este Juzgado el 9 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, derivado del Juicio de Amparo 2372/2022, promovido por JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS; visto su contenido, téngase a la autoridad federal informando el contenido del ato de 06 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual, entre otras cuestiones, (i) se tuvo a esta autoridad cumpliendo con el requerimiento realizado en autos y se dejó sin efectos el apercibimiento realizado; (i) se el para de imposibilidad jurídica desechó el incidente cumplimiento de la suspensión; y (lii) se tuvo al tercero interesado interponiendo recurso de queja en contra del proveído de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2023 dos mil veintitrés. Oficio que se ordena agregar a la pieza de autos, con el propósito de que obre como constancia de notificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción l, de la Ley de Amparo. --- También, se tiene al Secretario de Acuerdos, dado cuenta con el oficio número 13599/2023, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentado ante Oficialia de Partes de este Juzgado el 21 veintiuno de marzo de 2023 dos mil veintitrés, derivado del Juicio de Amparo 2083/2022 y sus acumulados 2087/2022 y 98/2023, promovido por LAURENT JULLIEN GANDOULF; visto su contenido, téngase a la autoridad federal informando el contenido del auto de 15 quince de marzo de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual, entre otras cuestiones, se advirtió que la superioridad determinó la declaración si materia del recurso de queja 59 /2023-lI. Oficio que se ordena agregar a la pieza de autos, con el propósito de que obre como constancia de notificación, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 26, fracción l, de la Ley de Amparo ---- Asimismo, el Secretario de Acuerdos dando cuenta con dos escritos que suscribe OSCAR ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ en su carácter de apoderado de la parte actora, presentados ante Oficialia de Partes de este Juzgado los dias 21 veintiuno y 28 veintiocho de marzo de 2023 dos mil veintitrés; analizado el contenido del primero de ellos y, como lo solicita en primer término, se le tiene exhibiendo impresión con firma digital de la audiencia incidental de fecha 16 dieciséis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, relativa al juicio de amparo 458/2023 del Juzgado séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por TWC COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante el cual se concedió a la quejosa la suspensión definitiva, para que dejen de surtir efectos las medidas cautelares concedidas a los ,terceros interesados en el juicio 2597/2022 del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Y en atención al segundo de los escritos de cuenta, téngasele exhibiendo impresión con firma digital del auto de fecha 24 veinticuatro de marzo de 2023 dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, mediante el cual, entre otras cuestiones, se determinó que JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS, carece de legitimación para actuar en favor de la pe********************. Con relación: a lo que solicita en segundo término en ambos escritos de cuenta, digasele que deberá de estarse a lo determinado en tres primeros párrafos del auto de fecha 2 dos de marzo de 2023 dos mil veintitrés y a lo que en párrafos posteriores se proveerá con relación al cumplimiento de la suspensión de referencia. --- Además, el Secretario de Acuerdos da cuenta con los oficios números 3940/2023, y 15204/2023 provenientes del JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO presentados ante oficialia de Partes de este Juzgado los dias 27 veintisiete 30 treinta de marzo de 2023 dos mil veintitrés, derivados del incidente de suspensión 2372/2022 promovido por JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS; analizado, el contenido del primero dé ellos, téngase a la autoridad federal informando el contenido del auto de fecha 16 dieciséis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual, entre otras cuestiones, se admitió a trámite el incidente innominado de revocación a la suspensión promovido por el tercero interesado. Analizado el contenido del segundo de los oficios de autoridad federal informando el contenido del auto de fecha 17 diecisiete de marzo de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual, entre otras cuestiones, se tuvo al quejoso ampliando el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, así como solicitando el informe con relación a consecuentemente en vía de informe, dicho incidente; comuníquese a la autoridad federal que a la fecha no se ha corrido traslado a este Juzgado con el incidente original por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por lo cual, existe imposibilidad jurídica y material para rendir el informe respectivo con relación a dicho incidente. Por ello, se solicita atentamente a la autoridad federal para que remita a este Juzgado copia del incidente original por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión promovido por el quejoso, para estar en aptitud de rendir el informe con relación a dicho incidente y su ampliación. Y, con relación al tercero de los oficios de cuenta, téngase a la autoridad federal informando el contenido del auto de fecha 24 veinticuatro de marzo de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual, entre otras cuestiones, requiere a esta autoridad para que informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida, remitiéndole los oficios enviados con motivo del cumplimiento de la medida cautelar y en su caso la contestación dada a ellos; consecuentemente, previo a atender dicho requerimiento, se le solicita atentamente a la autoridad federal oficiante aclare e informe si dicha suspensión se encuentra vigente ya que de actuaciones del presente juicio, precisamente de las constancias allegadas por la parte actora se advierte la existencia de diversas resoluciones relevantes con relación a la vigencia de dicha suspensión, a saber: ° Resolución pronunciada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión de diez de los corrientes, el recurso de queja 116/2023 ° Ejecutoria emitida por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar en sesión de seis del actual, el recurso de queja 105/2023. Pues, presumiblemente, conforme a esta última ejecutoria, las consideraciones contenidas en el incidente derivado del juicio de de amparo 1741/2022-VI-14 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa (correspondiente a la suspensión cuyo cumplimientos se requiere), han quedado superadas. Por lo cual, previo a determinar dicho, requerimiento, es necesario conocer si la suspensión definitiva se encuentra vigente con base en dichas resoluciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se informa a la autoridad federal que mediante oficio 7120/2022 derivado del expediente 2235/2022, de fecha 14 catorce de noviembre de 2022 dos mil veintidós, la Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, informó a este Juzgado que, los demandados JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS, SOFÍA ENRIQUETA GANDOULF VACHEZ, LAURENT JULLIEN GANDOULF , ROSA MARÍA VÁZQUEZ VILLEGAS Y MARÍA MABEL LOZANO PÉREZ, tienen prohibido judicialmente por sí o por interpósita persona desempeñar cualquier cargo o función respecto de la sociedad INVERSIONES PATRIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, razón por la cual, existe imposibilidad dentro del presente expediente para reconocer dicho cargo a los antes mencionados (.) CÚMPLASE" (Lo subrayado es por este juzgado). De la trascripción del referido acuerdo, se destaca la manifestación expresa por la autoridad responsable, de su imposibilidad legal para ejecutar en su totalidad la suspensión definitiva dictada en el presente asunto, consistente en llevar a cabo los actos que resulten necesarios a fin de que la parte quejosa pueda ejercer sus funciones; y no se impida el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la empresa "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", con motivo de los actos reclamados; por tres motivos, a saber: Resolución pronunciada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión de diez de marzo de dos mil veintitrés, el recurso de queja 116/2023. Ejecutoria emitida por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar en sesión de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 105/2023. Porque en las mismas, señalaron que las consideraciones contenidas en el incidente derivado del juicio de amparo 1741/2022-VI-4 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, han quedado superadas. La resolución dictada en el expediente 1865/2022, de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por la Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, en la que informa que los demandados JUAN MIGUEL GANDOULF CASTELLANOS, SOFÍA ENRIQUETA GANDOULF VACHEZ, LAURENT JULLIEN GONDOULF, ROSA MARÍA VÁZQUEZ VILLEGAS Y MARÍA MABEL LOZANO PÉREZ, tienen prohibido judicialmente por sí o por interpósita persona desempeñar cualquier cargo o función respecto de la sociedad INVERSIONES PATRIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Ahora bien, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 382/2023 (el cual constituye un hecho notorio para el que resuelve) obra en autos las ejecutorias de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la queja 105/2023, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como la diversa 116/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de diez de marzo de dos mil veintitrés, de las que se ha hecho referencia, de las cuales es importante traer a colación la parte conducente, y se destaca lo siguiente: Queja 105/2023: Promovida por Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************, contra el auto de primero de marzo de dos mil veintitrés, en que se negó la suspensión provisional de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 411/2023, dictado por este Juzgado, promovido también por el mismo quejoso, entre otros, contra la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por la Juez Cuarto de lo Mercantil con residencia en esta ciudad, dentro del juicio mercantil ordinario 2235/2022, este último intentado por Alan Manuel Alberto González Benavides, a quien se le reconoció el carácter de Administrador General Único y apoderado para el ejercicio de la demanda de Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Sofía Enriqueta Gandoulf Vachez, Laurent Julliet Gandoulf, Rosa María Vázquez Villegas y María Mabel Lozano Pérez; resolución en la que se admitió a trámite la demanda y a petición del actor, se dictaron diversas medidas precautorias, entre otras, la de prohibir judicialmente a los demandados por sí por interpósita persona desempeñar cualquier cargo dentro de la sociedad Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que en dicha ejecutoria, se desestimaron los agravios hechos valer, y en lo que aquí interesa, señaló lo siguientes: Primero, que no le abonaba en nada a favor de la quejosa el hecho de que afirmara que a simple vista de las actas de asamblea tildadas de nulidad de veintitrés y veintisiete de septiembre, cuatro, trece y dieciocho de octubre, todas de dos mil veintidós, celebradas por el tercero interesado TWC Company y de los diversos juicios promovidos, redundaban en un actuar fraudulento y simulado de aquélla, así como en la ilegalidad de las medidas cautelares decretadas en el juicio de origen e incluso en la improcedencia de la acción ejercida en el juicio 2235/2022; porque esas cuestiones no eran propias del examen de la apariencia del buen derecho, sino que incidían directamente con el análisis de fondo de la sentencia que llegará a dictarse en ese juicio de amparo, e incluso con el que debe hacerse en el procedimiento de origen, dado que tendían a prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, no sólo de los actos reclamados (medidas cautelares), sino también de la acción ejercida por el adversario del inconforme en el procedimiento natural. Segundo, que mientras no se declare la nulidad de las asambleas tildadas de nulidad (lo que no se advierte que haya ocurrido en el particular), en las que, según se asentó, por mayoría de votos de la asamblea ahí constituida, se determinó fincarle y exigirle responsabilidad a través de la acción de responsabilidad civil y/o las acciones judiciales o extrajudiciales, entre otras, para que respondiera de los actos ilícitos y reparara los daños causados a la sociedad y por ende, se aprobó su remoción y cese inmediato en el desempeño y funciones del encargo que venía desempeñando como presidente del consejo de la administración de la sociedad Inversiones Patria, así como la revocación de sus facultades inherente al cargo; dichas asambleas siguen surtiendo sus efectos, lo que arroja a simple vista, que la parte disconforme, a la fecha se encuentra removido del cargo que ostenta, por determinación de esas asambleas. Que -y aquí lo relevante- y se cita textualmente: "no es dable considerar, que le beneficie la suspensión definitiva que dice y así se advierte de las documentales reseñadas en líneas que anteceden, se le otorgó en el diverso juicio de amparo 1741/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco; por un lado, porque el acto que en él se reclamó, emanó de diversos juicios de origen (2235), como son, el 1865/2022 y 2059/2022, ambos del índice del Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado, en los que la adversaria de la quejosa y recurrente (TWC Company, Sociedad Anónima de Capital Variable), en el primero de ellos, le demandó, entre otros, en la vía mercantil ordinaria la responsabilidad prevista en el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el desempeño de su encargo como miembro del consejo de administración de la sociedad Inversiones Patria; en tanto que en el segundo, le reclamó la nulidad genérica y las consecuencias que de ella derivaran de la asamblea general de accionistas totalitaria de treinta de enero de dos mil diecinueve, en la que, entre otras, la disidente funda su interés. Y, por otro, porque la suspensión definitiva que en dicho juicio de le otorgó, paralizó de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en dichos juicios (no el de origen) hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal del que emanó la medida ahí reclamada, partiendo de la base de que, de las constancias que entonces se analizaron, no se desprendía que se hubiera celebrado asamblea general de accionista previamente a la emisión de los actos reclamados en ellos, en los que se hubiera concluido ejercer responsabilidad en contra de los administradores, en términos de los artículo 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que se ejerció la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada ley; lo que precisa destacar, no ocurre en el particular, en razón de que, como se evidencio, en las actas de asamblea tildadas espurias, que a la fecha surten efectos al no haberse decretado su nulidad (de veintitrés y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós), se fincó esa responsabilidad al ahora disconforme, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad en cita y se determinó removerlo y cesarlo de ese encargo; aunado a que, en el juicio de orige, la acción que se ejerce en su contra, es precisamente la de responsabilidad, en términos de los artículos 161 y 162 de la citada ley". (Lo subrayado es por este juzgado). La referida ejecutoria, como se dijo, derivó de los actos reclamados en el juicio de amparo 411/2023 del índice de este juzgado, que se ordena tener como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que se advierte que el doce de abril de dos mil veintitrés, se dictó interlocutoria, en la que se negó la suspensión definitiva solicitada; dando como consecuencia que siguieran surtiendo efectos las medidas precautorias emitidas dentro del juicio 1865/2023, en las que se determinó, entre otras, la de prohibir judicialmente a los demandado por sí por interpósita persona desempeñar cualquier cargo dentro de la sociedad Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto cobra aplicación la siguiente la tesis jurisprudencial XXI.3º.J/7, visible a página 804, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones.". En la diversa queja 116/2023. Promovida por HUGUETTE LUISA GANDOULF LEBRE, por su propio derecho, contra el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión derivado del amparo indirecto 458/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, al quejoso, TWC COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado OSCAR ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ; juicio en el que se intentó contra las autoridades y actos siguientes: I) Del Juez Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco: a) El auto admisorio de la demanda mercantil con número 2597/2022, en la cual se ejercitaron las acciones de oposición y/o de nulidad. b) Las medidas dictadas en el expediente aludido, por medio de las cuales se ordenaron suspender diversos acuerdos o resoluciones adoptadas por la asamblea de accionistas de INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en ejercicio de una acción de oposición y/ nulidad. La falta o el emplazamiento del juicio mercantil referido. d) La resolución dictada en el juicio de mérito, por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en la retención de bienes en su contra. e) La resolución dictada en el juicio aludido por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en el aseguramiento del patrimonio y los activos propiedad de la sociedad INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la cual aduce es accionista, para ponerlo a disposición de los terceros interesados y ex miembros del Consejo de Administración de dicha sociedad, no obstante que aduce fueron removidos y existe impedimento judicial derivado del juicio de responsabilidad tramitado en el expediente 2235/2022 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. f) La resolución por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en suspender, anular o dejar sin efectos o ignorar los acuerdos contenidos en las Asambleas Generales de Accionistas de la sociedad INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE de fechas 23 y 27 de septiembre, 4, 13 y 18 de octubre, todas de 2022. g) La resolución por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en remover al Administrador General Único de la sociedad INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE designado conforme a los acuerdos tomados en Asamblea de fechas 23 y 27 de septiembre de 2022, mismas que también resolvieron exigir la responsabilidad de los ex miembros del Consejo de Administración. h) La resolución por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en la reinstalación, designación, mantener, respetar, considerar o imponer o cualquiera de sus variantes, a los ex miembros del Consejo de Administración, de la sociedad mercantil INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no obstante que, aduce, se sigue en su contra dos juicios de responsabilidad en su contra y existen diversas resoluciones judiciales que impiden su reinstalación. i) La resolución por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en desconocer, dejar sin efectos o ignorar las diversas medidas cautelares concedidas en el juicio 2235/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. j) La resolución por medio de la cual se concede y ordena ejecutar diversas medidas cautelares, consistentes en desconocer, dejar sin efectos o ignorar la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo número 103/2023 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. k) La aplicación por primera vez en su perjuicio en los actos reclamados de los artículos 1178 del Código de Comercio y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. l) La ejecución de los actos antes precisados. II) Del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco: ? La ejecución de las medidas cautelares dictadas en el juicio 2597/2022 del Juzgado Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante su inscripción o su anotación en el folio mercantil 83484 relativo a la sociedad INVERSIONES PATRIA, sociedad anónima de capital variable, que a su juicio, trae como consecuencia la suspensión de las resoluciones adoptadas por asamblea de accionistas de INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, aparentemente, en ejercicio de una acción de oposición o de nulidad. III) Del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión: ? Su intervención, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación, de los Decretos que contienen el Código de Comercio, en específico el artículo 1178 de dicho ordenamiento, y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico el artículo 202. IV) De la Secretaría de Economía: ? La ejecución de las medidas cautelares dictadas por el Juez Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco en el juicio 2597/2022, mediante su anotación en sus registros respecto de la sociedad de INVERSIONES PATRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que a su juicio trae como consecuencia la suspensión de las resoluciones adoptadas por la asamblea de accionistas de ésta. En la referida queja, se desestimaron los agravios, por los fundamentos y motivos siguientes: "Contrario a lo que sostiene la inconforme, este tribunal considera que la determinación recurrida en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados es legal. 82. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se cita, estableció que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. 83. Análisis que debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. 84. Al respecto se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARÁCTER PROVISIONAL DELA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO". (Transcribe) 85. En el caso, la inconforme hace valer diversos planteamientos relacionados con que no se reúne uno de los requisitos para conceder la medida cautelar, esto es, la apariencia del buen derecho, ello derivado de las ilegalidades que la parte recurrente afirma, se obtienen a simple vista de las documentales ofrecidas por las partes, específicamente de las actas de asamblea tildadas espurias de veintitrés y veintisiete de septiembre, cuatro, trece y dieciocho de octubre, todas de dos mil veintidós, celebradas por TWC COMPANY y de los diversos juicios promovidos, que en su opinión redundan en un actuar fraudulento y simulado de aquélla, así como en la legalidad de las medidas cautelares decretadas en el juicio de origen. No tiene razón. 86. Lo anterior en virtud de que esas cuestiones no son propias del examen de la apariencia del buen derecho, sino que inciden directamente con el análisis de fondo de lo que debe dilucidarse en el procedimiento de origen, dado que tienden a cuestionar la legalidad y el cumplimiento de formalidades de diversas actas de asamblea, así como los señalamientos de que existen actos y procedimientos previos fraudulentos. Lo que indudablemente ni siquiera será materia de la sentencia que llegara a dictarse en el juicio de amparo (del que deriva el incidente de suspensión que dio origen a esta queja), en la que simplemente el juzgador federal se limitará a resolver sobre la constitucionalidad o no de las medidas cautelares reclamadas. 87. Luego, este tribunal al pronunciarse sobre la legalidad de lo decidido respecto de la suspensión provisional no puede prejuzgar sobre la certeza del derecho ejercido en la demanda de origen, en la que precisamente se cuestiona la subsistencia y legalidad de las actas de asamblea cuestionadas. 88. Así, se reitera, esos aspectos no forman parte del estudio de la apariencia del buen derecho, que, como se vio, implica un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso constitucional, que en el caso, de la suspensión de un acto, permita anticipar de manera clara y superficial que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; es decir, en la especie, debe limitarse a los aspectos directamente vinculados a las medidas cautelares reclamadas y no a sus antecedentes jurídicos y procesales. 89. Sobre lo expuesto, también se cita, por su espíritu, el criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA ANALIZARLA, AL PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES (CUENTAS BANCARIAS), DEBE LIMITARSE A UN CONOCIMIENTO SUPERFICIAL DIRIGIDO A LOGRAR UNA DECISIÓN DE MERA PROBABILIDAD POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO DISCUTIDO EN EL PROCESO." 90. A lo que precede debe agregarse que mientras no se declare la nulidad de las asambleas tildadas espurias (lo que no se advierte que haya ocurrido aún), aquellas siguen surtiendo sus efectos y no es viable para este tribunal, en esta instancia procesal hacer un pronunciamiento sobre si reúnen o no los requisitos, que para su celebración exige la Ley General de Sociedades Mercantiles. 91. Sin que ocasione beneficio alguno a la inconforme la suspensión definitiva que se otorgó al administrador general único en el diverso juicio de amparo indirecto 1741/2022, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco; porque: 92. I) Fue promovido por una persona distinta a la recurrente, por lo que la suspensión no podría ocasionarle un beneficio o protección directa, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada. 93. II) El acto que en él se reclamó emanó de diversos juicios al de origen (2597/2022), a saber, el 1865/2022 y 2059/2022, ambos del Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado, en los que según se evidenció en los antecedentes narrados, TWC COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el primero de ellos, le demandó, entre otros, en la vía mercantil ordinaria la responsabilidad prevista en el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el desempeño del encargo de dicho presidente como miembro del consejo de administración de la sociedad INVERSIONES PATRIA; en tanto que en el segundo, le reclamó la nulidad genérica y las consecuencias que de ella derivaran de la asamblea general de accionistas totalitaria de treinta de enero de dos mil diecinueve. 94. III) La suspensión definitiva que en dicho juicio se otorgó, paralizó de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en dichos procedimientos (no el de origen) hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal de los que emanaron las medidas allá reclamadas. 95. IV) En la época en la que se emitió la determinación que concedió la suspensión definitiva no se habían celebrado las asambleas generales de accionistas, las cuales fueron posteriores, e incluso dieron origen al diverso juicio 2235/2022 en el que se pronunciaron nuevas medidas cautelares. De ahí que la situación de hecho que prevalecía en aquella época es distinta a la actual. Se afirma lo anterior, porque en ese último juicio ya se exigió la responsabilidad en contra de los administradores, en términos de los artículos 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mientras que cuando se pronunció la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintidós, sólo se había demandado la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada ley. (Lo subrayado es por este juzgado). 96. Por otra parte, se estima que como bien lo consideró el juez de Distrito y en oposición a lo alegado por la disidente, que en el caso sí cobra aplicación el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD", toda vez que se está en el supuesto que interpreta, dado que, en la especie, se analiza precisamente la viabilidad de decretar la suspensión de los actos reclamados, respecto de medidas cautelares decretadas en un procedimiento en el que se ejerció tanto la acción de nulidad como la de oposición, por lo que resulta relevante verificar su procedencia. 97. Sin que pueda estimarse que la concesión de la medida cautelar solicitada sea inviable porque se afectan disposiciones de orden público o el interés social, dado que el supuesto que se analiza no se encuentra previsto expresamente en las hipótesis que prevé el artículo 129 de la ley de la materia, ni se estima que se actualice alguna análoga. 98. Máxime si se toma en consideración que dicho planteamiento se hace depender de que, conforme a los antecedentes del caso, se vulneraron los preceptos 161, 162, 163, 178 y 181 de la Ley de Sociedades Mercantiles, lo cual como se expuso es materia de análisis de fondo en el juicio de origen y no en las providencias precautorias reclamadas. 99. En otro aspecto, la legalidad de la determinación recurrida en la que se concedió la suspensión de las medidas cautelares reclamadas, entre las que se encuentra la restitución del consejo de administración, se corrobora con las precisiones siguientes: 100. I) En términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea general es el órgano supremo de una sociedad y sus decisiones deben ser cumplidas por la persona que ella misma designe. 101. II) Los artículos 161 y 162, de la citada ley, expresamente establecen: "ARTÍCULO 161.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 163. ARTÍCULO 162.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo podrán ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercitada en su contra. Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la responsabilidad en que hayan incurrido." 102. III) En términos de su diverso numeral 200, las resoluciones legalmente adoptadas por la asamblea, son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de ley. 103. IV) El precepto 201 del mismo ordenamiento legal, en su último párrafo, prohíbe formular oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o comisarios. 104. V) Como se vio, la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la tesis con registro número 174971, visible en la página 224, del Tomo XXIII; Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD", estableció, en lo que interesa, que acorde a lo previsto por el artículo 202 de la citada ley, es procedente paralizar mediante una medida cautelar, las resoluciones adoptadas por las asambleas generales de accionistas, sólo cuando se ejerce la acción de oposición (que es la intentada en el juicio de origen). 105. Luego, en la especie, es factible suspender la ejecución de las medidas cautelares reclamadas, porque atendiendo a la apariencia del buen derecho, en dicho acto reclamado, se vulneraran las aludidas disposiciones, que están inspiradas en el principio de orden público, por lo que su aplicación no puede contrariarse, pues como se expuso, el legislador dispuso expresamente que el administrador cesará en el desempeño de su encargo, inmediatamente que la asamblea general de accionistas pronuncie resolución en ese sentido (lo que incluso ocurrió en la especie en el expediente 2235/2022), y que los removidos por causas de responsabilidad, sólo podrán ser nombrados nuevamente, en caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercida en su contra, es decir, no existe la posibilidad de que sea restituido el consejo de administración con motivo de las medidas reclamadas, a menos que exista resolución judicial que declare infundada la acción de responsabilidad (lo que aún no se advierte que hubiera ocurrido), e incluso, el propio legislador dispuso la improcedencia de la acción de oposición, lo que implica o envuelve a su vez, la improcedencia de la medida cautelar contra la ejecución de dichos acuerdos, ya que no son susceptibles de paralizarse, porque de hacerlo, también se afectaría el interés general, dado que la sociedad en general está interesada en que se respete la seguridad jurídica. 106. Sostener lo contrario, implicaría permitir que se contravengan las disposiciones legales ya citadas, pues de negar, como lo pretende la parte recurrente, la suspensión se estaría desconociendo, sin previa audiencia, la facultad suprema de la Asamblea General de Accionistas que le otorga el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que ello implicaría nulificar sin sustento alguno, la decisión de remoción y responsabilidad que por diversas causas que determinó contra los miembros del consejo de administración. 107. En los agravios que formula en su ocurso de ampliación, reitera los planteamientos formulados en el escrito de agravios y de manera novedosa agrega que el juez federal debió tomar en cuenta aquellos elementos que consideró el juez responsable para emitir el acto reclamado. 108. Esos planteamientos son ineficaces. 109. Se afirma lo anterior, porque el juez federal no tenía el deber de emprender el estudio de los actos reclamados en la forma que pretende la inconforme, esto es, dilucidando una cuestión de fondo que incluso incide en un tema de fondo de la procedencia de la acción ejercida en el natural que está vinculada con la validez de las asambleas que se celebran con un solo accionista minoritario sin convocatoria; toda vez que ello es un examen propio de la sentencia que se emita en el juicio de origen, más no del estudio de la apariencia del buen derecho que, como se dijo, debe realizarse para determinar la procedencia de la suspensión del acto reclamado, de manera superficial y sin prejuzgar el derecho controvertido en ese juicio. 110. En esas condiciones, al resultar ineficaces los agravios analizados, lo procedente será declarar infundado." A raíz de esta última ejecutoria, quedó firme la suspensión otorga al aquí tercero interesado, para que se paralizaran las medidas cautelares decretadas en el juicio mercantil ordinario 2597/2022, del índice del Juez Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, y en consecuencia, siguieran surtiendo sus efectos legales los acuerdos de asamblea tomados en las actas de asamblea de veintitrés y veintisiete de septiembre, cuatro, trece y dieciocho de octubre, todas de dos mil veintidós; en donde entre otras, cesan del cargo como presidente a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, de la pe********************. Ante el escenario descrito, se evidencia -y aquí lo relevante- la existencia de dos suspensiones de amparo, concedidas en sentido contradictorio; en tanto que, la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ordenó que el quejoso Juan Miguel Gandoulf Castellanos, continuara en su cargo como Presidente de la pe******************** y en la diversa dictada en el juicio de amparo 458/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, al quejoso, TWC COMPANY, Sociedad Anónima De Capital Variable, por conducto de su apoderado Oscar Alejandro Sánchez Martínez; para que siguieran surtiendo sus efectos legales los acuerdos de asamblea tomados en las actas de asamblea de veintitrés y veintisiete de septiembre, cuatro, trece y dieciocho de octubre, todas de dos mil veintidós; en donde entre otras, cesan del cargo como presidente a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, de la pe********************. Ahora bien, es evidente que los actos que dan origen a esos juicios, resultan ser distintos; no obstante ello, sí radican en un punto de hecho, a saber: En la suspensión definitiva dictada en este asunto, se ordena que Juan Miguel Gandoulf Castellanos, continúe en funciones de Presidente de la pe********************. En tanto que, en la suspensión dictada en el juicio de amparo 458/2023 de referencia, trae como consecuencia que quede vigente el cese en el cargo de Juan Miguel Gandoulf Castellanos, como Presidente de la pe********************. Como se ha visto, ello se hizo del conocimiento del Juez responsable y este a su vez informó a este juzgado la imposibilidad con la que cuenta para ejecutar completamente la suspensión definitiva dictada en este asunto. En este contexto este Juzgado de Distrito determina, que resulta infundado el incidente por defecto de la suspensión definitiva dictada en autos, denunciado a la autoridad responsable, dado que existe una imposibilidad jurídica para su ejecución; en tanto, que se está frente a diversas medidas precautorias vigentes y suspensiones contrarias entre sí. Lo anterior se considera así, dado que como se ha visto, actualmente impera una realidad distinta al momento en que se dictó la suspensión definitiva, esto es, la existencia de un juicio en el que se ha intentado contra el quejoso, la acción de responsabilidad, en términos de los artículos 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad en cita y se determinó removerlo y cesarlo de ese cargo. Se itera que, como se vio en el cuerpo de esta resolución, con posterioridad al dictado de la suspensión definitiva dictada en este asunto, se intentó el juicio 2235/2022, del índice del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, promovida por Alan Manuel Alberto González Benavides, a quien en ese asunto, se le reconoció el carácter de Administrador General Único y apoderado para el ejercicio de la demanda de Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable (a la luz de las actas de asamblea de veintitrés y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós), contra Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Sofía Enriqueta Gandoulf Vachez, Laurent Julliet Gandoulf, Rosa María Vázquez Villegas y María Mabel Lozano Pérez; resolución en la que se admitió a trámite la demanda y a petición del actor, se dictaron diversas medidas precautorias, entre otras, la de prohibir judicialmente a los demandados por sí por interpósita persona desempeñar cualquier cargo dentro de la sociedad Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable; al haberse fincado (en lo que aquí interesa) contra el primero de ellos, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad en cita, la de responsabilidad, en términos de los artículos 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; resolución que ha quedado firme, al habérsele negado la suspensión de ese acto a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, dentro del juicio de amparo 411/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Circunstancias las anteriores, que fueron tomadas en cuenta en las ejecutorias de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la queja 105/2023, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como la diversa 116/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de diez de marzo de dos mil veintitrés y que fueron parte aguas para desestimar la efectividad de la suspensión definitiva decretada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el presente asunto. Cobra aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/2 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 1496 de libro 53, Abril de 2018, Tomo II de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2016660, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse". También es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431 del Tomo XXVII, Enero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, con número de registro digital 170502, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. También es aplicable, por analogía, la tesis VI.1o.A.2 A (11a.), emitida por visible en la página 3420 del Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023757, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO EXISTE DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OTORGADA CONTRA UNA ORDEN DE BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), CUANDO LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE DISPONER DE LOS FONDOS RESPECTIVOS ATIENDE A CAUSAS DIVERSAS DE LAS DERIVADAS DEL ACTO RECLAMADO. Hechos: Se concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto respecto del bloqueo de cuentas bancarias determinado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el efecto de que hasta en tanto se dictara sentencia ejecutoriada se le permitiera a la quejosa hacer uso de los fondos depositados en aquéllas; en la inteligencia de que la medida cautelar no operaría en caso de existir determinación de bloqueo por motivos distintos de los derivados del acto reclamado. Al estimar que hubo defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, se promovió el incidente relativo, el cual declaró infundado el Juez de Distrito, por lo que aquélla interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que existe acatamiento a la suspensión definitiva indicada, con el hecho de que la mencionada Unidad de Inteligencia Financiera acredite que ordenó dejar sin efectos la orden de bloqueo materia de la litis constitucional, sin que la imposibilidad en que se encuentre la quejosa para disponer materialmente de los fondos de sus cuentas bancarias por causas diversas de las derivadas del acto reclamado, implique defecto en el cumplimiento de la medida cautelar. Justificación: Lo anterior es así, pues el hecho de que la quejosa no pueda disponer materialmente de los fondos de sus cuentas bancarias ante la existencia de causas diversas informadas por la institución de crédito respectiva, verbigracia, que aquéllas se encuentren bloqueadas por motivos internos derivados del contrato celebrado con el particular, o que conforme a la información proveniente de los sistemas de control de dicha institución se advierta que hayan sido canceladas por la propia titular de la cuenta, no implica incumplimiento de la suspensión definitiva otorgada." SÉPTIMO. Estudio del incidente promovido por Oscar Alejandro Sánchez Martínez en representación de la persona moral TWC Company, Sociedad Anónima de Capital Variable. Resulta infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, promovido por el tercero interesado. El tercero interesado citado, manifiesta que por un lado existe exceso en el cumplimiento pues la autoridad responsable NO PUEDE DEJAR SIN EFECTOS DE MANERA TOTAL LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL JUICIO DE ORIGEN, pues las mismas siguen vigentes y surtiendo sus efectos por lo que respecta a los diversos y codemandados SOFIA ENRIQUETA GANDOULF VACHEZ, JEAN PIERRE VACHEZ PLAGNOL DOMINIQUE CHRISTIANNE CHAPUY PALACIOS, KARINE FLORENCE BROSSELIN CHAPUY LAURENT JULLIEN GANDOULF, ROSA MARIA VÁZQUEZ VILLEGAS, MARIA MABEL LOZANO PÈREZ, JOSE ANTONIO VALLARTA PORRAS, FRACCIONADORA TAPATÍA JAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL ESTADO DE JALISCO Y JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ello en términos de los artículos 73 de la Ley de Amparo y la fracción ll del arábigo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DADO QUE NO FUERON QUEJOSOS EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, por lo que el cumplimiento efectuado por la autoridad es totalmente excesivo, pues va más allá de la suspensión ordenada en autos, dejando en total incertidumbre y estado de indefensión a su mandante. Por otra parte, la tercera interesada refiere que en el cumplimiento dado por la responsable también existe DEFECTO, pues del oficio número 1263/2023 emitido por el Juzgado Séptimo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se desprende que dicha autoridad fue omisa en informar que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento a la suspensión en comento. Para una mejor comprensión de lo infundado del incidente en estudio, debe decirse que mediante resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1741/2022, se concedió la suspensión definitiva para los siguientes efectos: "Conceder la suspensión definitiva a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para el efecto de que (sic) Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban hasta el momento de su ejecución, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Lo anterior es así, puesto que en el caso concreto de los documentos que aparecen agregados en la presente incidencia, así como del informe del juez que decretó la mediad cautelar que se reclama no se desprende que se haya celebrado asamblea general de accionistas previamente a la emisión de los actos reclamados en la que se haya concluido ejercer responsabilidad en contra de los administradores en términos de los artículos 161 y 162 Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que se ejercitó la acción a que se refiere el numeral 163 de la citada Ley.". Es decir, de la citada resolución se advierte que la suspensión definitiva fue concedida a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para el efecto de que el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, suspenda de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es, para que no se ejecuten; y, en caso de haberse ejecutado, vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban al momento de su ejecución, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Así es, del contenido de dicha resolución se evidencia que, aunque es verdad que la medida cautelar de mérito fue concedida a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, y en representación de la persona moral "Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable", lo cierto es que, sus efectos son claros en determinar que el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, suspendiera de manera total los efectos de las medidas precautorias decretadas en los expedientes 1865/2022 y 2059/2022, de su índice, esto es, para que no se ejecuten y en caso de haberse ejecutado vuelvan las cosas de manera temporal al estado en que se encontraban al momento de su ejecución, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal; esto es, en dicha interlocutoria no se precisó que se suspendieran las medidas precautorias únicamente en lo tocante al aquí quejoso. En ese sentido, si lo que pretende el tercero interesado es evidenciar que el cumplimiento a la suspensión definitiva se dio de manera excesiva en virtud de que, a su decir, las medidas cautelares concedidas en el juicio de origen deben seguir vigentes y surtiendo sus efectos por lo que respecta a los diversos codemandados en el juicio de origen, dicho argumento resulta infundado, pues contrario a lo que manifiesta el tercero interesado, no va más allá de los efectos para los que fue concedida la suspensión definitiva, en virtud de que, como se dijo, la concesión de la medida cautelar no fue precisa en referirse a determinadas partes y derivado de ello, no es jurídicamente posible afirmar que por ese solo hecho, su cumplimiento sea excesivo; de ahí que, su argumento devenga infundado. Más aun, como se vio, no es factible jurídicamente que se dé alguno de los supuestos expresados por la parte tercera interesada, en la medida de que existe una imposibilidad jurídica para ello. Como se dijo, el Juez responsable informó a este juzgado la imposibilidad con la que contaba para ejecutar completamente la suspensión definitiva dictada en este asunto, en tanto que, se está frente a diversas medidas precautorias vigentes y suspensiones contrarias entre sí. Lo anterior, se considera jurídicamente correcto, en virtud de que como se ha visto, en la actualidad impera una realidad distinta al momento en que se dictó la suspensión definitiva, esto es, la existencia de un juicio en el que se ha intentado contra el aquí quejoso, la acción de responsabilidad, en términos de los artículos 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad en cita y se determinó removerlo y cesarlo de ese cargo. Por tanto, si con posterioridad al dictado de la suspensión definitiva dictada en este asunto, se intentó el juicio 2235/2022, del índice del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, promovido por Alan Manuel Alberto González Benavides, a quien en ese asunto, se le reconoció el carácter de Administrador General Único y apoderado para el ejercicio de la demanda de Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable (a la luz de las actas de asamblea de veintitrés y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós), contra Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Sofía Enriqueta Gandoulf Vachez, Laurent Julliet Gandoulf, Rosa María Vázquez Villegas y María Mabel Lozano Pérez; resolución en la que se admitió a trámite la demanda y a petición del actor, se dictaron diversas medidas precautorias, entre otras, la de prohibir judicialmente a los demandados por sí o por interpósita persona desempeñar cualquier cargo dentro de la sociedad Inversiones Patria, Sociedad Anónima de Capital Variable; al haberse fincado (en lo que aquí interesa) contra el primero de ellos, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad en cita, la de responsabilidad, en términos de los artículos 161 y 162 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; resolución que ha quedado firme, al habérsele negado la suspensión de ese acto a Juan Miguel Gandoulf Castellanos, dentro del juicio de amparo 411/2023 del índice de este órgano jurisdiccional; situación que fue tomada en cuenta en las ejecutorias de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la queja 105/2023, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como la diversa 116/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de diez de marzo de dos mil veintitrés, para desestimar la efectividad de la suspensión definitiva decretada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el presente asunto. De ahí que, si en la suspensión concedida en el presente incidente de suspensión, se determinó que existe imposibilidad jurídica para su cumplimiento, resulta claro que los argumentos expresados por la tercera interesada devienen infundados en la medida de que ésta no será cumplimentada, de ahí lo infundado de la incidencia que nos ocupa. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se declaran procedentes pero infundados los incidentes de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovidos por TWC COMPANY, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal Oscar Alejandro Sánchez Martínez y Juan Miguel Gandoulf Castellanos, por sí y en representación de la pe********************, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2372/2022.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado conjuntamente por el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por medio del cual remite captura del Sistema Integral de Información Financiera, de la que se advierte que la cedula de notificación de infracción número --- se encuentra como "NO ACTIVO"; al respecto, tan sólo se ordena agregar a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, toda vez que por diverso proveído de veintiocho de agosto pasado, se requirió de nueva cuenta al resto de autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de amparo en los términos ahí indicados.
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