Víctor Hugo Romero Fuentes

Expediente 1777/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1777/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Romero Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el oficio de cuenta remitido por la Juez Segundo Civil de Tenancingo con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y ofrece una prueba documental, dese vista con su contenido a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. PRUEBA. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental ofrecida por la oficiante, consistente en copia certificada del expediente 683/2023 de su índice, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional; asimismo, manténganse por separado para su mejor manejo y reguardo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Incidental

    R E S U E L V E Único. Se niega a ************ la suspensión definitiva solicitada contra el acto de la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en la presente interlocutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por **, contra actos de la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan dela Sal, Estado de México. REGISTRO Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. Fórmese expediente electrónico, háganse las anotaciones respectivas, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1777/2023-V. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El resolución emitida el once de enero de dos mil veintitrés, por la Juez Segundo Civil del distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan dela Sal, Estado de México, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso que confirma la medida decretada en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente **, consistente en el pago de pensión alimenticia provisional a favor de su menor hija. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo dicha audiencia. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibidas que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte el nombre del tercero interesado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con tal carácter a ********************. Atento a lo anterior, se remite oficio y solicitase a la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan dela Sal, Estado de México, a fin de que emplace al presente juicio de amparo a la citada tercera interesada, en el último domicilio que tenga para oír y recibir notificaciones en el procedimiento de origen, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y el presente proveído; asimismo, le haga saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a su interés conviene. Asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia. AUTORIZADOS. Atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como esta ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1777/2023-V, promovido por **, contra actos de la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan dela Sal, Estado de México; con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la responsable que de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente esencialmente, se hace consistir en: El resolución emitida el once de enero de dos mil veintitrés, por la Juez Segundo Civil del distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan dela Sal, Estado de México, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso que confirma la medida decretada en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 683/2023, consistente en el pago de pensión alimenticia provisional a favor de su menor hija. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. Respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, se estima procedente negar la suspensión provisional solicitada, pues en el caso, no se satisface el requisito de procedibilidad previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, exige como requisitos para su concesión los siguientes: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es así, pues si la resolución combatida tiene como finalidad cubrir el pago de alimentos suficientes para sufragar necesidades del acreedor; por ello, de concederse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, que están por encima del interés particular, pues la sociedad en general está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que los acreedores perciban los alimentos a que tienen derecho, aunado a que resulta improcedente conceder la suspensión cuando se impida el pago de alimentos de conformidad con el citado artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía, la tesis XVIII.2o. 18 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 966, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil seis, Novena Época, con número de registro 175386, que establece: "ALIMENTOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN SI SE TRATA DEL PAGO DE PENSIONES VENCIDAS CON POSTERIORIDAD A SU RECLAMO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Después de que la autoridad judicial decidió fijar una pensión alimenticia, es innecesario que la acreedora demuestre la necesidad de recibir las pensiones que se generaron con posterioridad a que se determinó ese derecho, dado que tal aspecto se encuentra ya valorado por aquélla. Lo que justifica la negativa de la suspensión en contra de su reclamo, porque la sociedad en general está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que el acreedor perciba los alimentos a que tiene derecho; por el contrario, de concederse se contravendría la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que en contra de las razones que aduzca el deudor alimentista para dejar de pagar las pensiones vencidas, prevalece la necesidad inherente a la subsistencia de la acreedora alimentista, esto, cuando menos desde el momento en que fueron reclamadas ante la autoridad judicial; pero aún más, debe atenderse no sólo al estado de necesidad del acreedor, sino al riesgo en que se pone al dejar de cubrirle sus necesidades vitales, porque ante esa eventualidad tendrá que acudir a diversos medios, como lo sería un préstamo o crédito, entre otros, opciones que se irán limitando en la medida de su falta de solvencia, con la correspondiente carga económica que ello implica; de ahí, que es importante para la sociedad en general que los deudores alimentistas cubran oportunamente su obligación de pago, pues con su ministración contribuyen a atemperar las necesidades elementales del acreedor." De igual manera, se estima aplicable la jurisprudencia número 40, publicada en la página 32, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Asimismo, la tesis XVIII.2o. 18 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 966, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil seis, Novena Época, con número de registro 175386, que establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TRATÁNDOSE DE ALIMENTOS NO ES PROCEDENTE CONCEDER LA. Es correcto el proceder del juez a quo al negar la suspensión definitiva, en razón de que, es de explorado derecho que en materia de alimentos, existe un interés determinante de la sociedad, en que no se suspendan las pensiones provisionales decretadas en favor de los menores, pues de hacerlo así, existiría el peligro de insubsistencia." La jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, del Tomo I.3o.A.J/16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con número de registro 199549, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Igualmente, la tesis II.1o. A.23K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1515, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cinco, Novena Época, con número de registro 178594, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." Por lo anterior, no es procedente conceder la medida suspensión a la parte quejosa pues se afectaría el interés público. AUTORIZADOS. Atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda. MEDIOS ELECTRONICOS. En relación con los medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano