Víctor Hugo Rodríguez Morales

Expediente 1184/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1184/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Rodríguez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; en atención a su contenido, y como lo solicita, remítanse las copias certificadas solicitadas; asimismo, comuníquese lo siguiente. a) Que en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; y b) Que en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró que causo estado el proveído por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordenó remitir el expediente al archivo como asunto concluido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se provee: En razón a que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTIAS

  4. Principal

    SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Rodríguez Morales, por propio derecho, contra actos del Director del Periódico Oficial del Estado de Chiapas y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1184/2019-2-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones del quejoso son imprecisas, es así, pues para empezar la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: "1. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, con domicilio en la 1ª. Norte Oriente Número 200 de esta Ciudad Capital. La Publicación del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de Las Margaritas, Chiapas ya que no contempla en cada una de sus partes un procedimiento administrativo específico sancionador que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza que se corra traslado de cada una de las evaluaciones, y se le conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, lo anterior viola sus derechos constitucionales de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho a un Recurso Efectivo. 2. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS con domicilio conocido en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. La pretensión de dar de baja y la orden de notificar verbalmente la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores al quejoso sin correrle traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues de lo contrario viola mi derecho de audiencia de presunción de inocencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de las Margaritas, Chiapas, por no contemplar durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación, que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza, corra traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, con domicilio conocido en el municipio de las Margaritas, Chiapas. La Inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de las Margaritas, Chiapas, por no contemplar durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación, que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza, corra traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 4. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, con domicilio conocido en el municipio de las Margaritas, Chiapas. La pretensión de dar de baja y notificación verbal de la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores al quejoso sin correrle traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos". Como se advierte, por un lado reclama del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, la pretensión de dar de baja y la orden de notificar verbalmente la suspensión provisional de sus sueldos y labores; y por otro, al Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, atribuye la pretensión de dar de baja y notificación verbal de la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores, sin correr traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para poder reunir pruebas y rendir alegatos para una adecuada defensa; sin embargo, en el punto dos del capítulo de antecedentes, afirmó que el Presidente Municipal ordenó al Director de Seguridad Pública Municipal que le entregara un documento del Centro Estatal de Control y Confianza Municipal, en el que se especificaba que no aprobó el examen de control y confianza. De ahí, que no resulten claras sus manifestaciones, pues por un lado refiere que no le corrieron traslado con las evaluaciones, mientras que por otro, señala que se le entregó un documento que especificaba que no aprobó el examen de control y confianza. Asimismo, del Presidente Municipal Constitucional y Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, reclama la inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de Las Margaritas, Chiapas; pero no precisa si aquella inconstitucionalidad deriva de un artículo en particular, si la reclama como norma heteroaplicativa o autoaplicativa, y en su caso, cuál es el primer acto de aplicación y a qué autoridad se lo atribuye. Luego, refiere que aquella norma no contempla durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación; sin que se advierta, si lo que realmente pretende reclamar es una omisión legislativa, o si lo menciona como parte de sus argumentos de inconformidad. Cabe apuntar que los actos reclamados en el juicio constitucional deben ser una conducta (activa o pasiva) atribuible a la autoridad responsable, mientras que las calificativas y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen un concepto de violación. Es ilustrativa la tesis I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 69, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." De lo expuesto, se advierte la necesidad de que precise con claridad cuál es el acto o actos de los que se duele, esto es, la conducta activa o pasiva que le agravia y las autoridades a quienes en particular los atribuye, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Cabe precisar que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En otro aspecto, se observa que la última hoja de la demanda de amparo, en la que se encuentra plasmada la firma, aparentemente, del quejoso (foja 14), es de tamaño y tonalidad distinta a las restantes fojas, además en la parte inferior derecha, se advierte que tiene el folio 11, mientras que la hoja anterior tiene el folio 12, es decir, no son consecutivas, lo que hace dubitativa la voluntad del promovente de instar el presente juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones III, IV, V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, manifieste cuál es el acto o actos que reclama en el presente juicio de amparo y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; esto es, precise de forma específica: A) Si lo que realmente reclama es el inicio de un procedimiento administrativo de separación de su cargo como policía municipal, de ser así, precise a qué autoridad en particular se lo atribuye y, en su caso, si los demás actos los refiere como antecedentes, consecuencia y violaciones al procedimiento referido en primer término. B) En ese supuesto, deberá precisar el número del procedimiento administrativo de separación que se sigue en su contra y la fecha en que tuvo conocimiento de su existencia. C) Precise si reclama de manera preponderante la suspensión provisional de su cargo sin derecho a sueldo, o si sólo lo menciona como una posible consecuencia del acto reclamado en primer término. D) Asimismo, precise qué acto en concreto reclama cuando refiere la pretensión de dar de baja, o si aquel acto sólo lo menciona como una posible consecuencia del procedimiento señalado en primer término. E) Si señala de manera preponderante la inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de Las Margaritas, Chiapas; en ese caso, precise qué precepto en específico tilda de inconstitucional, debiendo especificar qué acto en concreto reclama de cada una de la autoridades que intervinieron en su proceso legislativo; además de señalar si la reclama como una norma autoaplicativa o heteroaplicativa; y en su caso, cuál es el acto de aplicación, a qué autoridad se lo atribuye, cuándo le fue notificado o en su defecto cuándo conoció de aquel. F) O bien, precise si lo que realmente pretende reclamar en una omisión legislativa, de ser así, señale en concreto en qué consiste aquella omisión. G) En caso de señalar diverso acto relacionado con las manifestaciones realizadas en su demanda, deberá precisar cuál es el acto de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a la autoridad responsable, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifieste: H) Si actualmente se encuentra activo, o en su caso, cuando dejó de laborar. I) Desde cuándo dejó de percibir su sueldo y cómo tuvo conocimiento de ello. J) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Dígase al quejoso que deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Por otra parte, a efecto de corroborar la voluntad del quejoso de promover la presente demanda, requiérasele para que en el término señalado: K) Comparezca a este Juzgado de Distrito en día y hora hábil, debidamente identificado, con documento oficial vigente que contenga su fotografía, a efecto de que en diligencia formal, con el apercibimiento de ley, manifieste lo que a su interés legal convenga sobre el reconocimiento de la firma que contiene el escrito de demanda. L) Asimismo, en el acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, manifestará si es su voluntad promover la presente demanda. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento del quejoso y de su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberán exhibir siete copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que cuatro son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano