Víctor Hugo Pérez Verdeja

Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
430/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Pérez Verdeja
  • Claudia Verdeja Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 101/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 478/2021, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 101/2020, promovido por Francisco José Cocho Jaime". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de abril de dos mil veintidós. Oficios. Se ordena agregar a los presentes autos los oficios remitidos por el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 430/2022-Vll********************, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa aceptó el returno planteado por este órgano jurisdiccional, avocándose al conocimiento del asunto. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. ********************nformación reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. ********************ncidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema ********************ntegral de Seguimiento de Expedientes "S********************SE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al autorizado de la parte quejosa ofertando como prueba de su intención las videograbaciones correspondientes a las cámaras del interior y exterior del módulo COCA 2, del día uno al cuatro de julio de dos mil veintiuno, y del módulo BRAVO 9 del día cuatro al nueve de julio del dos mil veintiuno, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce Cps-Durango, con el fin de corroborar la certeza de los actos reclamados en este juicio. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, para que dentro del término de tres días, contado a partir que quede debidamente notificada del presente proveído, remita a este juzgado federal copia de los videos de seguridad correspondientes a las cámaras del interior y exterior del módulo COCA 2, del día uno al cuatro de julio de dos mil veintiuno, y del módulo BRAVO 9 del día uno al cuatro de julio del dos mil veintiuno, en el centro de reclusión a que se ha hecho referencia. Apercibimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo expuesto, la tesis 1a. XCII/2019 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 72, noviembre de 2019, tomo I, página 375, que dispone lo siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DEBEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado, en su primer párrafo, contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a todos aquellos sujetos involucrados en el acto de autoridad, pues en el juicio de amparo el acto debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad emisora del acto reclamado; en tanto que, en su segundo párrafo, contiene una excepción a esa regla general, ya que permite que el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera solamente cuando no tuvo oportunidad para ofrecerla ante la responsable. Ahora bien, de conformidad con esta interpretación, en el caso en que el quejoso ofrezca como pruebas las encaminadas a demostrar la posibilidad de que se ejercerán actos de tortura en su contra, el juzgador no debe desecharlas de plano, sino acordar de conformidad la petición de requerir los documentos respectivos y en el momento procesal oportuno evaluar su "idoneidad" para decidir respecto a la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, como premisa básica y necesaria, los parámetros que deben observar las autoridades a efecto de dar cumplimiento al imperativo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran los actos de tortura, pues este tema debe ser tratado bajo el entendimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano, lo que implica acordar favorablemente el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar que el acto reclamado puede violar un derecho fundamental como el de la integridad física por posibles actos de tortura". Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para su celebración, la cual, de ser necesario, podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

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