Víctor Hugo Pérez Campuzano

Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
571/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Pérez Campuzano
  • Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. ESCRITO Agréguese el escrito signado por el quejoso mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito y los documentos que exhibió en el presente juicio. Se hace del conocimiento del quejoso que deberá estarse a lo acordado en proveído de cinco anterior, en donde se puso a su disposición lo que solicita. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. ESCRITO DE LA QUEJOSA Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita la devolución de la garantía exhibida en la presente incidencia, así como los documentos que exhibió como base de su acción. En ese sentido, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición toda vez que se encuentra transcurriendo el término señalado en el artículo 201 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes interpongan el recurso de inconformidad respecto al cumplimiento dado por las responsables al fallo protector; por tanto se dejan libres sus derechos para que realice la solicitud en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. SE CALIFICA CUMPLIMIENTO Vista la certificación y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no formuló manifestaciones con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado de distrito; por lo que, se procede a calificar el mismo y a analizar aquellas. Mediante sentencia emitida el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, realizaran lo siguiente: "Deje sin efectos el embargo trabado en diligencia de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil 70/2017, en contra del inmueble ubicado en calle Rancho Grande 148, Colonia Infonavit San Francisco, Municipio de Metepec, Estado de México, en razón de que es propiedad de una persona que no es parte en el procedimiento. Extraiga del litigio el inmueble descrito. Se abstenga de ordenar actos que puedan inferir en la inviolabilidad del domicilio referido, entendiéndose estos como el rompimiento de cerraduras y el auxilio de la fuerza pública para entrar en el citado domicilio por ser éste propiedad del quejoso. No ordene ni permita el embargo de bienes propiedad del quejoso que se encuentren en el domicilio multicitado. En el caso de que exista alguna inscripción del embargo, ordene que de inmediato quede insubsistente. En el entendido de que la referida concesión de amparo, lo es para el efecto de que no se moleste al quejoso en su propiedad por ser este tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen; sin embargo, dicha concesión no abarca que no se pueda requerir de pago a la demandada en dicho lugar si es que ésta tiene su domicilio en el referido inmueble; sin que se pueda ejecutar el embargo respecto de objetos que no sean propiedad de la citada demandada, ni se quebrante la inviolabilidad del referido domicilio al ser propiedad del quejoso. Al respecto se cita la tesis VII.2o.C.36 K (10a.), de la Décima Época, visible en la página 2244, Libro 32, julio de 2016, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 2012041 que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la Litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J.79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada.". En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable remita copia certificada a este juzgado del auto por medio de la cual ordene lo que se especifica en los efectos de la protección de amparo, no siendo materia de cumplimiento la sustanciación del juicio de origen respecto a una diligencia de embargo ni cualquier otra cuestión en lo atinente a esa contienda." En auto de veinte de agosto anterior, causó ejecutoria la sentencia y, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. Asimismo, el veintisiete de agosto de la presente anualidad, se acordaron las constancias exhibidas por la responsable con las que pretendió acreditar el cabal cumplimiento al fallo protector. En ese mismo proveído se ordenó dar vista a la parte quejosa con su contenido, para que realizara las manifestaciones que considerara convenientes, y en su caso alegara el defecto o exceso del cumplimiento dado por la responsable a los efectos de la sentencia y ejecutoria de mérito. De la revisión de esas constancias, se obtiene que en acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ejecutivo mercantil, la responsable dejó sin efectos el embargo trabado en diligencia de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en contra del inmueble ubicado en calle Rancho Grande ciento cuarenta y ocho, colonia Infonavit San Francisco, Municipio de Metepec, Estado de México, y extrajo del litigio el inmueble descrito; asimismo, informó al Titular de la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, para efecto de que no ordene ni permita el embargo de bienes propiedad del quejoso que se encuentre en el domicilio citado, y para el caso de que exista alguna inscripción del embargo, ordene que de inmediato quede insubsistente, únicamente por lo que hace al juicio ejecutivo mercantil 70/2017. Por tanto de lo relatado y de una comparativa entre los efectos emitidos en la sentencia que amparó a la parte quejosa y las acciones tomadas por las autoridades responsables, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. En ese contexto, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación la emite el suscrito secretario encargado del despacho, atendiendo a que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden de público y también es considerada como urgente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias, de ahí se justifique la emisión de la presente determinación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), con número de registro 2023104, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, la cual es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo de juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, en donde acordó la información proporcionada por la Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral de Toluca del Instituto de la Función Registral del Estado de México, respecto al cumplimiento al fallo protector; se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, en razón de que en auto de veintisiete de agosto anterior se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho convenga respecto del acatamiento respectivo. Notifíquese.

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