VÍCTOR HUGO ORTÍZ MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 718/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 41 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- VÍCTOR HUGO ORTÍZ MARTÍNEZ y Otros.
- José Luis Ortíz Martínez
- Víctor Hugo Ortíz Martínez
- MARICELA ORTÍZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
SE NOTIFICA DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y AL ASESOR ALEJANDRO VIGUERAS TEJEDA EL AUTO DE 16 DE MAYO DE 2022. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LOS JUZGADOS CIVILES DE ESTA CIUDAD, EL PROVEÍDO DE 16 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: 1) Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, se ordena depurar el cuadernillo original y destruir el duplicado del incidente de suspensión, en términos del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa y tercera interesada, para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, respecto al periodo de su vigencia, indíqueseles a las aludidas partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar sus citas en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con los tomos de pruebas I, II, IX y X, allegados por la Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, al presente juicio de amparo (los cuales se tuvieron por recibidos en autos de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y dos de febrero de dos mil veintidós), devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA IRMA DE LOS ANGELES ORTIZ MARTINEZ, EL PROVEÍDO DE 16 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: " I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: 1) Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, se ordena depurar el cuadernillo original y destruir el duplicado del incidente de suspensión, en términos del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa y tercera interesada, para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, respecto al periodo de su vigencia, indíqueseles a las aludidas partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar sus citas en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con los tomos de pruebas I, II, IX y X, allegados por la Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, al presente juicio de amparo (los cuales se tuvieron por recibidos en autos de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y dos de febrero de dos mil veintidós), devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar."
- Principal
León, Guanajuato, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Calificación de cumplimiento de sentencia. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Víctor Hugo, Esperanza, José Luis, Maricela y Luz Graciela, todos de apellidos Ortiz Martínez, por su propio derecho y, además, ésta última como tutriz interina de José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, para efecto de que las autoridades responsables, hicieran lo siguiente: ".En este caso, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá restituir a la parte impetrante en sus derechos fundamentales, para lo cual, la autoridad ordenadora Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, deberá: Dejar insubsistente la resolución reclamada dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 363/2021. Emitir una nueva determinación en la que garantice el respeto al derecho audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o José Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, implementando los ajustes razonables, así como las medidas o apoyos para lograr conocer la voluntad de dicho quejoso en cuanto a la designación del colateral que deberá ejercer el cargo de tutor interino. Por su parte, la Jueza Segundo Civil de Partido en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer los derechos fundamentales del gobernado." En proveído de veinticuatro de enero de la presente anualidad, causó ejecutoria la anterior determinación, y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cabal cumplimiento a la misma. Luego, mediante oficio 537, recibido en este Juzgado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de febrero del año en curso. Con lo anterior, mediante proveído de dos de marzo de la presente anualidad, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, respecto al cumplimiento dado por la citada autoridad y por la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, con apercibimiento que con el desahogo de la vista o sin ella este Juzgado dictaría resolución en la que declararía si está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Únicamente la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con lo actuado por la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas condiciones, esta juzgadora procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos la referida sentencia constitucional se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Ahora bien, de las constancias antes reseñadas, se demuestra que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio se encuentra cumplida. A efecto de evidenciar lo anterior es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por las autoridades responsables, con lo que se da cumplimento a la concesión del amparo. En resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa, en virtud de que las autoridades responsables violaron los derechos fundamentales previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inherentes al derecho de audiencia, debido proceso y acceso a la tutela judicial efectiva en perjuicio del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, en razón de que los actos tildados como inconstitucionales por la parte impetrante se estimaron indebidamente fundados y motivados, en virtud de que la Sala responsable al revocar el auto recurrido y ordenar la admisión del incidente de remoción de tutor interino, soslayó garantizar la escucha del directo afectado. Ahora, las autoridades responsables Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad y Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, remitieron, en lo que aquí interesa, copia certificada de diversas actuaciones, documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, de las cuales se evidencia lo siguiente: La Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, dejó insubsistente el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018. La Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 363/2021. El dieciocho de febrero del año en curso, la Sala responsable dictó una nueva determinación, en la que, tomando en consideración lo indicado en la ejecutoria de amparo, instruyó a la Jueza de los autos, para que a fin de darle trámite al incidente admitido, realizara los ajustes razonables, las medidas y apoyos, para lograr conocer la voluntad del presunto interdicto, aquí quejoso, dando como lineamiento se le emplazara a la incidencia de mérito y se realizara una escucha de aquél con el objeto de comprender su opinión. En tales condiciones, se consideran que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de derechos fundamentales, puesto que se reitera que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, fue otorgada para que las autoridades responsables dejaran insubsistentes el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 363/2021; asimismo, la Sala responsable emitiera una nueva determinación en la que tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el fallo protector, garantizara el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, estableciendo los parámetros para ello. Por tanto, si en acatamiento al fallo protector, las autoridades responsables dejaron insubsistentes tal y como se había señalado en la ejecutoria de amparo, las determinaciones indicadas, y la Sala responsable emitió una nueva determinación en la que garantizó el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, para lo cual ordenó el emplazamiento y la escucha de éste; por ello se colige que las autoridades responsables atendieron en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. No obsta a lo anterior, las manifestaciones de José Luis Ortiz Martínez, representante común de los quejosos, a través del escrito receptado el catorce de marzo de la presente anualidad, ante este órgano jurisdiccional, en el sentido de que la Sala responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo ya que no estableció las medidas o apoyos específicos para que se llevará a cabo la protección del presunto interdicto quejoso y que fue omisa en llamar a los diversos impetrante a la incidencia. Lo anterior, toda vez que, contrario a lo aseverado por la parte impetrante, la Sala responsable emitió un lineamiento para garantizar el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, estableciendo un parámetro para conocer su voluntad, el cual consiste en la escucha del mismo, la cual llevará a cabo la Jueza responsable e instruyó a esta última a fin de que materialice las consideraciones expuestas por este órgano de control constitucional en la sentencia de amparo, tan es así que de la copia simple de la consulta remota de expediente que anexó a su ocurso de referencia, se advierte que: La Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, señaló hora y fecha para entrevistarse con José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, ordenando que éste último sea acompañado por persona de su confianza. Asimismo, giró oficio a la Procuradora Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio, para que designe perito en salud mental para que se facilite la comunicación y entendimiento con el presunto interdicto. De igual forma, indicó que a fin de otorgar las medidas y el apoyo necesario al presunto interdicto para ejercer su capacidad jurídica y toma de decisiones, en aras de su autonomía, la igualdad y no discriminación dentro de la incidencia admitida, dicho órgano jurisdiccional determinará las probanzas que deberán desahogarse para que se respete la garantía de audiencia del mismo. Por lo que se advierten diversas gestiones de las autoridades responsables en atención a las consideraciones expuestas por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo. Ahora, respecto a su diversa manifestación de que no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo toda vez que los diversos quejosos no fueron llamados a la incidencia de mérito, ello no es impedimento para declarar por cumplida la sentencia de amparo. Lo anterior en virtud, de que como ya se dijo, el efecto establecido en la ejecutoria de amparo fue el de salvaguardar el derecho de audiencia, debido proceso y acceso a la tutela judicial efectiva del interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, empero, no se dio ningún lineamiento sobre la manera en que debía substanciarse dicho procedimiento respecto a los diversos impetrantes, de ahí que, la forma en que se desahoga el procedimiento respecto de los diversos impetrantes no puede ser materia de estudio para examinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo. Lo antepuesto, no deja en esta de indefensión a los quejosos Víctor Hugo, Esperanza, José Luis, Maricela y Luz Graciela, todos de apellidos Ortiz Martínez, toda vez que la resolución del toca de apelación y el trámite de la incidencia de origen, pueden combatirlas a través del medio de defensa, recurso o juicio correspondiente, en el que impugnen las violaciones que estimen fueron realizadas por las responsables durante la resolución del toca de apelación de origen, así como de la tramitación del procedimiento de mérito. Comuníqueseles a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Por este conducto se notifica al Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles de esta ciudad, ello con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA IRMA DE LOS ANGELES ORTIZ MARTINEZ, EL PROVEÍDO DE 31 DE MARZO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Calificación de cumplimiento de sentencia. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Víctor Hugo, Esperanza, José Luis, Maricela y Luz Graciela, todos de apellidos Ortiz Martínez, por su propio derecho y, además, ésta última como tutriz interina de José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, para efecto de que las autoridades responsables, hicieran lo siguiente: ".En este caso, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá restituir a la parte impetrante en sus derechos fundamentales, para lo cual, la autoridad ordenadora Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, deberá: Dejar insubsistente la resolución reclamada dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 363/2021. Emitir una nueva determinación en la que garantice el respeto al derecho audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o José Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, implementando los ajustes razonables, así como las medidas o apoyos para lograr conocer la voluntad de dicho quejoso en cuanto a la designación del colateral que deberá ejercer el cargo de tutor interino. Por su parte, la Jueza Segundo Civil de Partido en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer los derechos fundamentales del gobernado." En proveído de veinticuatro de enero de la presente anualidad, causó ejecutoria la anterior determinación, y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cabal cumplimiento a la misma. Luego, mediante oficio 537, recibido en este Juzgado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de febrero del año en curso. Con lo anterior, mediante proveído de dos de marzo de la presente anualidad, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, respecto al cumplimiento dado por la citada autoridad y por la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, con apercibimiento que con el desahogo de la vista o sin ella este Juzgado dictaría resolución en la que declararía si está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Únicamente la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con lo actuado por la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas condiciones, esta juzgadora procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos la referida sentencia constitucional se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Ahora bien, de las constancias antes reseñadas, se demuestra que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio se encuentra cumplida. A efecto de evidenciar lo anterior es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por las autoridades responsables, con lo que se da cumplimento a la concesión del amparo. En resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa, en virtud de que las autoridades responsables violaron los derechos fundamentales previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inherentes al derecho de audiencia, debido proceso y acceso a la tutela judicial efectiva en perjuicio del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, en razón de que los actos tildados como inconstitucionales por la parte impetrante se estimaron indebidamente fundados y motivados, en virtud de que la Sala responsable al revocar el auto recurrido y ordenar la admisión del incidente de remoción de tutor interino, soslayó garantizar la escucha del directo afectado. Ahora, las autoridades responsables Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad y Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, remitieron, en lo que aquí interesa, copia certificada de diversas actuaciones, documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, de las cuales se evidencia lo siguiente: La Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, dejó insubsistente el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018. La Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 363/2021. El dieciocho de febrero del año en curso, la Sala responsable dictó una nueva determinación, en la que, tomando en consideración lo indicado en la ejecutoria de amparo, instruyó a la Jueza de los autos, para que a fin de darle trámite al incidente admitido, realizara los ajustes razonables, las medidas y apoyos, para lograr conocer la voluntad del presunto interdicto, aquí quejoso, dando como lineamiento se le emplazara a la incidencia de mérito y se realizara una escucha de aquél con el objeto de comprender su opinión. En tales condiciones, se consideran que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de derechos fundamentales, puesto que se reitera que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, fue otorgada para que las autoridades responsables dejaran insubsistentes el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial civil 163/2018, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 363/2021; asimismo, la Sala responsable emitiera una nueva determinación en la que tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el fallo protector, garantizara el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, estableciendo los parámetros para ello. Por tanto, si en acatamiento al fallo protector, las autoridades responsables dejaron insubsistentes tal y como se había señalado en la ejecutoria de amparo, las determinaciones indicadas, y la Sala responsable emitió una nueva determinación en la que garantizó el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, para lo cual ordenó el emplazamiento y la escucha de éste; por ello se colige que las autoridades responsables atendieron en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. No obsta a lo anterior, las manifestaciones de José Luis Ortiz Martínez, representante común de los quejosos, a través del escrito receptado el catorce de marzo de la presente anualidad, ante este órgano jurisdiccional, en el sentido de que la Sala responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo ya que no estableció las medidas o apoyos específicos para que se llevará a cabo la protección del presunto interdicto quejoso y que fue omisa en llamar a los diversos impetrante a la incidencia. Lo anterior, toda vez que, contrario a lo aseverado por la parte impetrante, la Sala responsable emitió un lineamiento para garantizar el respeto al derecho de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad del presunto interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, al incidente de remoción de tutor interino, estableciendo un parámetro para conocer su voluntad, el cual consiste en la escucha del mismo, la cual llevará a cabo la Jueza responsable e instruyó a esta última a fin de que materialice las consideraciones expuestas por este órgano de control constitucional en la sentencia de amparo, tan es así que de la copia simple de la consulta remota de expediente que anexó a su ocurso de referencia, se advierte que: La Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, señaló hora y fecha para entrevistarse con José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, ordenando que éste último sea acompañado por persona de su confianza. Asimismo, giró oficio a la Procuradora Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio, para que designe perito en salud mental para que se facilite la comunicación y entendimiento con el presunto interdicto. De igual forma, indicó que a fin de otorgar las medidas y el apoyo necesario al presunto interdicto para ejercer su capacidad jurídica y toma de decisiones, en aras de su autonomía, la igualdad y no discriminación dentro de la incidencia admitida, dicho órgano jurisdiccional determinará las probanzas que deberán desahogarse para que se respete la garantía de audiencia del mismo. Por lo que se advierten diversas gestiones de las autoridades responsables en atención a las consideraciones expuestas por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo. Ahora, respecto a su diversa manifestación de que no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo toda vez que los diversos quejosos no fueron llamados a la incidencia de mérito, ello no es impedimento para declarar por cumplida la sentencia de amparo. Lo anterior en virtud, de que como ya se dijo, el efecto establecido en la ejecutoria de amparo fue el de salvaguardar el derecho de audiencia, debido proceso y acceso a la tutela judicial efectiva del interdicto quejoso José Eduardo Ortiz Martínez y/o J. Eduardo Ortiz Martínez, empero, no se dio ningún lineamiento sobre la manera en que debía substanciarse dicho procedimiento respecto a los diversos impetrantes, de ahí que, la forma en que se desahoga el procedimiento respecto de los diversos impetrantes no puede ser materia de estudio para examinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo. Lo antepuesto, no deja en esta de indefensión a los quejosos Víctor Hugo, Esperanza, José Luis, Maricela y Luz Graciela, todos de apellidos Ortiz Martínez, toda vez que la resolución del toca de apelación y el trámite de la incidencia de origen, pueden combatirlas a través del medio de defensa, recurso o juicio correspondiente, en el que impugnen las violaciones que estimen fueron realizadas por las responsables durante la resolución del toca de apelación de origen, así como de la tramitación del procedimiento de mérito. Comuníqueseles a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Por este conducto se notifica al Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles de esta ciudad, ello con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo.
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