Victor Hugo Neri Valenzuela

Expediente 1677/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1677/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
04/01/2017

Partes del expediente

  • Victor Hugo Neri Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que el término de cinco días a que alude el artículo 105 párrafo tercero de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad en contra de la resolución que declaró sin materia la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual declaró sin materia la ejecución de la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1677/2016-V-B, promovido por Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Víctor Hugo Neri Valenzuela, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO:PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Víctor Hugo Neri Valenzuela, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veintinueve siguiente; se fijaron las once horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad ostentada por Adrián Román Hernández, asimismo, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado.El carácter de Adrián Román Hernández como apoderado legal del quejoso, se reconoció por auto de seis de octubre actual.CONSIDERANDO:PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material.SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.Así, el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en:La omisión de dictar laudo en el juicio 01/262/15.TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 35 y 36).CUARTO. Causales de improcedencia. El presidente del Tribunal arguye que el laudo no ha sido dictado por la excesiva carga de trabajo.Tales argumentos no plantean una causa de improcedencia de obvia y objetiva constatación, por lo que este tribunal está impedido para emprender el estudio correspondiente, aunado a que la autoridad no aportó pruebas para sustentar su dicho.Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 137/2006Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época174086 20 de 38Segunda SalaTomo XXIV, Octubre de 2006Pag. 365Jurisprudencia(Común)IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio.Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia.QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. La transcripción de los conceptos de violación es prescindible para su estudio; circunstancia que infringe los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia ni deja en estado de indefensión al quejoso, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución.Tal consideración se sustenta en esta tesis:Tesis: 2a./J. 58/2010Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época164618 1 de 1Segunda SalaTomo XXXI, Mayo de 2010Pag. 830Jurisprudencia(Común)CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.Toda vez que el acto reclamado emana de un conflicto laboral y el quejoso tiene la calidad de "trabajador", en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de la queja.El examen de los conceptos de violación se realiza de forma conjunta, dada su estrecha vinculación.En suma, la parte quejosa alega violación a su derecho a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. Suplido en su deficiencia, el concepto es fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal.Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007:Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época171257 1 de 1Segunda SalaTomo XXVI, Octubre de 2007Pag. 209Jurisprudencia(Constitucional)ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes.El presidente del Tribunal ofreció como prueba, copia certificada del acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 01/262/15 (foja 39); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.A través de ese acuerdo, el Tribunal declaró cerrada la instrucción en el juicio 01/262/15 y lo turnó para proyecto de laudo.Así, el tres de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal turnó el juicio a resolución.La parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis y, al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal aceptó la falta de dictado de laudo.Por tanto, la demora en la emisión del laudo de prácticamente cuatro meses [descontando el periodo vacacional de la autoridad transcurrido del dieciocho al veintinueve de julio de dos mil dieciséis según oficio TECyA/006664/2016, recibido el once de julio del año en curso], desde el turno de los autos para resolución y la fecha de presentación de la demanda de amparo, es violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se dan a continuación.El acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases, mismas que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer término y a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión de pruebas;4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo.Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sean necesarias "diligencias posteriores".De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión o desechamiento de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio.La etapa de dictado del laudo no está subdividida ni establece plazo para su emisión.Así, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige el juicio burocrático en primer lugar, no concede al Tribunal un plazo para formular un proyecto de laudo, examinarlo, discutirlo, votarlo y aprobarlo, antes, el artículo 115 de tal ordenamiento, debe entenderse en el sentido que llegada la etapa de dictado de laudo, el Tribunal lo emitirá sin mayor dilación.En ese orden de ideas, el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar expresamente de forma supletoria al juicio burocrático, dos ordenamientos legales.En primer lugar, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y, en segundo lugar, la Ley Federal del Trabajo.A continuación, se cita el artículo 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: "ARTICULO 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo."De acuerdo con esa porción legal, el procedimiento para la resolución de controversias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se reduce, por regla general, a estas fases: Presentación de la demanda.Contestación de la demanda.Audiencia de recepción, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos y dictado de resolución [laudo]. La excepción a la regla surge cuando a juicio del Tribunal, es necesario practicar otras diligencias, en cuyo caso se llevarán a cabo y, una vez desahogadas, se dictará laudo.Luego, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en primer lugar a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no secciona la fase de dictado de laudo ni establece plazo para que el Tribunal lo dicte, de tal suerte que se emitirá sin demora tan pronto el estado del juicio lo permita.La Ley Federal del Trabajo, aplicable de forma supletoria en segundo lugar al juicio burocrático en Morelos, sí establece un plazo para que la Junta dicte el laudo.En consideración a que de acuerdo con la documental aportada por la propia autoridad, la demanda que originó el juicio 01/262/15, fue presentada el veinte de mayo de dos mil quince, los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigentes a partir del día siguiente de su publicación.Conforme a la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el dictado del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo conducente dicen:"Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes.Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley.(.)""Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta.Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad.La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas."(Lo subrayado es propio) Salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo.No obstante, aun cuando la Ley Federal del Trabajo sí divide la etapa de dictado de laudo en las fases de elaboración de proyecto de laudo, examen del proyecto por parte de los integrantes de la Junta y discusión y votación; no resulta aplicable al juicio burocrático en Morelos, porque el legislador no lo consideró así, antes, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige ese juicio en primer lugar, define los términos en que se substanciará y resolverá; los cuales, como se dijo, están establecidos en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y son desahogo de las etapas de conciliación, de contestación a la demanda, de admisión [o desechamiento de pruebas] de pruebas, de desahogo de pruebas, de formulación de alegatos y de dictado de laudo.En consecuencia, no procede la aplicación supletoria al juicio de origen, de los términos y plazos que la Ley Federal del Trabajo emplea para regular el dictado del laudo, porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos sí contempla la realización de ese acto y debe entenderse en el sentido que llegada la etapa de dictado del laudo, el Tribunal procederá a emitirlo sin mayor dilación, ya que considerar lo contrario implicaría integrar a la ley burocrática local, aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer, como la formulación de un proyecto de laudo, su revisión, discusión, votación y aprobación, sin perjuicio desde luego, que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior.Lo argumentado en el párrafo que antecede, encuentra apoyo, por analogía, en la siguiente jurisprudencia:Tesis: 2a./J. 52/2005Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época178282 1 de 1Segunda SalaTomo XXI, Mayo de 2005Pag. 526Jurisprudencia(Laboral)TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.La emisión del laudo en el juicio burocrático tan pronto éste queda en estado de resolución, guarda armonía con el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil, cuyo texto se reproduce enseguida y dicta que el Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para que el juicio se resuelva en un plazo máximo de seis meses contado a partir de la presentación de la demanda: "Artículo 119.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda."Como quedó apuntado, el juicio de origen data de dos mil quince, por lo que es evidente que ha transcurrido el plazo de seis meses que el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, instituye como aquel en que debe resolverse el juicio burocrático y la autoridad responsable no justifica objetivamente la falta de dictado del laudo, lo que refuerza la consideración de que en el caso concreto, su emisión no puede demorar más. Este juzgador considera pertinente mencionar que esta determinación no contraría el criterio adoptado en otros juicios, consistente en el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama la omisión de la autoridad de dictar laudo, bajo el argumento que la demora no constituye una dilación abierta del procedimiento ni su paralización total, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", con registro en el Semanario Judicial de la Federación 2011580; ya que este juzgador estima que tal criterio deviene inaplicable al caso concreto, porque, como se dijo, del turno del juicio 01/262/15 para resolución, a la instauración del juicio de amparo, han transcurrido prácticamente cuatro meses y el laudo no ha sido dictado, lo que constituye una excepción a esa regla.Entonces, para resarcir la violación, la autoridad responsable debe cumplir lo que la norma le exige, esto es, dictar de inmediato el laudo en el juicio de origen.EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Ante la violación al derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede otorgarle el amparo y protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente:Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio 01/262/15.Los efectos de esta sentencia se fijan en función del acto reclamado y la etapa del procedimiento en que se sitúa, esto es, la etapa de dictado del laudo, de modo que la sentencia tiene por efecto que la autoridad responsable destruya el acto negativo de falta de dictado de laudo a través del acto positivo de su emisión, sin ir más allá, pues incidiría en actos futuros.Las consideraciones en torno a los efectos y alcances del amparo, encuentran apoyo en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los alcances de la sentencia que otorgue la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa del procedimiento laboral en que se sitúe, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes, pues éstas constituyen actos futuros. La tesis 2a.CV/2013 (10a.) dice a la letra:Tesis: 2a. CV/2013 (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la FederaciónDécima Época2005150 7 de 33Segunda SalaLibro 1, Diciembre de 2013, Tomo IPag. 732Tesis Aislada(Común)CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. La directriz de que las omisiones y dilaciones subsecuentes al acto reclamado son actos futuros, se refuerza con esta tesis:Tesis: IX.1o.17 L (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la FederaciónDécima Época2008134 1 de 1Tribunales Colegiados de CircuitoLibro 13, Diciembre de 2014, Tomo IPag. 835Tesis Aislada(Común)OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados.No es óbice que el asunto se resuelva a pesar que no transcurrió a las partes el plazo de ocho días que el artículo 117 de la Ley de Amparo, establece como el mínimo que debe mediar entre el conocimiento del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, ya que la materia de este asunto es violación al derecho a recibir justicia pronta y la transgresión a ese derecho fue patente, de modo que a nada práctico conduciría diferir la celebración de la audiencia para que las partes se impongan del contenido de dicho informe, antes, ello redundaría en un mayor retraso en la administración de justicia.SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se;RESUELVE:PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Hugo Neri Valenzuela, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para el efecto indicado en el considerando quinto.SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes.NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. Doy fe.

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