Víctor Hugo Neri Valenzuela

Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
489/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Neri Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno, correspondió conocer a esta autoridad federal Víctor Hugo Neri Valenzuela, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSTribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. "El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el cual determina la imposibilidad jurídica por parte de la autoridad laboral para apercibir con la aplicación de la multa contemplada en el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos SEGUNDO. El trece de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;(.)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. El criterio señalado se plasmó en la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo y el análisis de las constancias que integran el sumario, evidencian que los actos que de manera destacada se reclaman son los siguientes: El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, por el que se dicta auto de ejecución de laudo, en los autos del juicio laboral 01/706/2010, donde indica no aplicar el numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para apercibir a la autoridad demandada, de no cumplir con el laudo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, pues así lo afirmaron al rendir su informe justificado y, además, su participación se advierte de las constancias que acompañaran a su informe; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo primero, del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La citada hipótesis normativa dispone que el juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta es procedente respecto de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Incluso, cabe acotar que el concepto jurídico que posee la expresión "última resolución", ya lo había definido el Máximo Tribunal del País, en interpretación del párrafo segundo, fracción III, del artículo 114, de la Ley de Amparo abrogada, pues al respecto explicó que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tal locución se entiende referida a la resolución en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo respectivo. Esa interpretación está contemplada en la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Con base en esos lineamientos, se establece que las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, ya que, al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Ahora bien, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha etapa, sino también cuando el acto reclamado se ubique en las siguientes hipótesis: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del ordinal 114 (ahora fracción V del precepto 107), daba pauta para interpretar la fracción III del numeral en comento (hoy fracción IV del dispositivo 107 de la propia legislación), y no a la inversa, de modo que cuando en vía de amparo indirecto se reclamaran actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior (actual fracción V de dicha normatividad legal), para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro 163152, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de ejecución de laudo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 01/706/2010, por el Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en que acordó el escrito de quince de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual la parte actora solicitó ejecución de laudo, hasta por la cantidad de $2,916,469.69 pesos, apercibiendo a la autoridad demandada Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, con imponer multa de un mil pesos en caso de incumplimiento, de conformidad con el numeral 148 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, de aplicación supletoria por su artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en razón a que el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos-Rodrigo Luis Arredondo López - no puede ser sujeto de aplicación del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por haber sido declarado inconstitucional en amparo indirecto 652/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. El acuerdo combatido es del tenor siguiente: ".AHORA BIEN, RESULTA OPORTUNO HACER DEL CONOCIMIENTO QUE ESTA AUTORIDAD LABORAL SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA JURÍDICAMENTE PARA APERCIBIR CON LA APLICACIÓN DE LA MULTA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN i DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, DADO A QUE CON FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ESTE TRIBUNAL FUE NOTIFICADO DE LA SENTENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, DICTADA EL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL JUICIO DE NÚMERO 652/2022, DICTADA POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, PROMOVIDO POR EL C. RODRIGO LUIS ARREDONDO LÓPEZ, MISMA QUE CAUSÓ EJECUTORIA EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DEL CUAL RESOLVIÓ COMO UNO DE SUS EFECTOS EL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: Que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: desincorpore de la esfera jurídica del quejoso Rodrigo Luis Arredondo López, el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,." . LA SECRETARIA GENERAL CERTIFICA: QUE A LA FECHA LA PARTE DEMANDADA AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA MORELOS, NO HA DADO CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO AL LAUDO DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, Y DESPUES DE HABER REALIZADO UNA MINUCIOSA BUSQUEDA EN LA SECCIÓN DE AMPAROS DE ESTE TRIBUNAL, NO SE ENCONTRO JUICIO DE GARANTIAS QUE IMPIDA SU EJECUCIÓN.- COSTE. ACUERDO: VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, Y TODA VEZ QUE LA PARTE DEMANDADA NO HA DADO CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO AL LAUDO DE FECHA.; SE DECRETA EL PRESENTE AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL ACTOR POR LA CANTIDAD DE $2,918,069.19 (.) A FAVOR DEL ACTOR. POR LO QUE SE COMISIONA AL CIUDADANO ACTUARIO ADSCRITO A ESTE TRIBUNAL PARA QUE ASOCIADO DE LA PARTE ACTORA SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS, Y LE REQUIERA A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO., PARA EL CASO DE EXISTIR NEGATIVA, Y Y PARA EL CASO DE MOSTRAR NEGATIVA EFECTUAR DICHA PAGO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE APERCIBE AL C. RODRIGO LUIS ARREDONDO LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUANTLA, MORELOS, SE DARÁ CUENTA AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL PARA QUE SE HAGA EFECTIVA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UNA MULTA DE MIL PESOS, EN LA INTELIGENCIA QUE ERL PAGO DE ESA MULTA DEBERA SER SUFRAGADO CON EL PECULIO DEL SERVIDOR PÚBLICO APERCIBIDO Y NO CON DINERO DEL ERARIO PÚBLICO,." Bajo ese orden de ideas, se tiene que el auto reclamado en este juicio de amparo, únicamente constituye un acto procesal, que no afecta derechos sustantivos del quejoso pues el mismo no impide, suspende u obstaculiza la ejecución del laudo, tan es así que corresponde a un auto de ejecución. Asimismo, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser la que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución de una sentencia -laudo-, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Máxime que, la autoridad responsable justificó el motivo por el cual apercibió a la demandada con imponer multa de un mil pesos, con apoyo en el numeral 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al no poder hacer uso del numeral 124 fracción I, al haber sido declarado inconstitucional para aplicarlo contra el titular de la presidencia municipal de Cuautla, Morelos. Además, la responsable cumple con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dispone: "ARTICULO 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. La exégesis del dispositivo transcrito nos demuestra que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, deben ser cumplidas desde luego, con la correlativa obligación de ese órgano de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Cobra aplicación al caso por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 227, de rubro y texto: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa". En observancia al derecho fundamental de una pronta y expedita administración de justicia contenida en el artículo 17 constitucional, al realizar los actos jurídicos y eficaces a su alcance para ejecutar de manera pronta y completa el laudo. Así, al actualizarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este enjuiciamiento, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la propia normatividad. Sin que resulta procedente analizar la causal de improcedencia propuesta por la autoridad responsable, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito a las personas que cita y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se le realizaran mediante oficio en su residencia oficial. Se autorizan los medios electrónicos que refiere para los efectos que precisa. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. De acuerdo con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a Alejandro Ocampo Figueroa, como apoderado legal de la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de abril de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por Alejandro Ocampo Figueroa, quien se ostenta como apoderado legal de Víctor Hugo Neri Valenzuela contra actos de los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estrado de Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El acuerdo de treintas de enero de dos mil veintitrés, en el cual determina la imposibilidad jurídica por parte de la autoridad laboral para apercibir con la aplicación de la multa contemplada en el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, relacionado a la sentencia del amparo indirecto dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio 656/2022, dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en la cual se resolvió como uno de sus efectos; que el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso Rodrigo Luis Arredondo López, el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos; para que no se le aplique dicha norma. Residente Ejecutor y/o Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La omisión de la autoridad responsable al no hacer efectiva la aplicación en una multa de mil pesos. Del incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se les reclama. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes para efectos de confirmar la recepción de promociones, el teléfono celular 7773890206. Requerimiento de constancias de personería Asimismo, deberá remitir adjunto a su informe justificado las constancias relativas en donde se reconoce al promovente la personalidad que ostenta, en el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con once minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada Se reserva acordar lo relativo al emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obren los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales, presuncional e instrumental que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene por autorizadas a las personas que propone, en términos que precisa. Se exhorta a las personas profesionistas en Derecho para que realicen el registro de su cédula profesional en el mencionado Registro Único, ante cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Marisela Cruz Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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