Víctor Hugo Montealegre Vergara

Expediente 447/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Montealegre Vergara
  • Director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 13 Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vistos el sobre cerrado que devuelve el Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Oaxaca, continente del oficio 10422/2021, dirigido al Director Ejecutivo y Jurídico de Derechos Humanos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, se advierte que ostenta la leyenda "Domicilio deshabilitado"; y toda vez que mediante proveído seis de mayo del año en curso, se tuvo por ejecutoriada la sentencia y se ordenó el archivo de este expediente como asunto como concluido, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que revocó la sentencia recurrida y devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa y dos cuaderno de pruebas. Acúsese el recibo de estilo. A fin de no duplicar las actuaciones en este juicio, no ha lugar a glosar las copias deducidas del presente expediente, con fundamento en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a su destrucción. Por lo que agréguense las actuaciones originales a partir de la remisión del expediente para la substanciación del recurso de revisión. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Ahora, tomando en consideración que de la resolución emitida por el Tribunal de alzada se advierte que revocó la sentencia recurrida en la que había negado el amparo y protección de la Justicia Federal y en su lugar se sobreseyó en el juicio. Con fundamento en el artículo 9° del citado Acuerdo General, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la Jueza Especializada en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, los dos tomos de constancias deducidas de la carpeta de ejecución EJEC-OTE/1365/2019, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la diligencia de notificación que antecede, realizada al quejoso ..., de la que se advierte que manifestó lo siguiente "interpongo recurso de revisión"; en atención a su contenido se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de revisión que hace valer la parte quejosa; para lo cual se ordena al Secretario vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 447/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1 a 12), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, recibido por razón de turno en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en ese mismo día Víctor Hugo Montealegre Vergara, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del: 1) Director del Centro Federal de Readaptación Número 13 "CPS-OAXACA", 2) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, 3) Subdirector de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, 4) Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 5) Director de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 6) Director Ejecutivo Jurídico y Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 7) Subdirector Jurídico del Reclusorio y Derechos Humano de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 8) Director de Ejecución de Sentencias de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 9) Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, en su carácter de ordenadoras. 1) Director del Centro de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", 2) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, 3) Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, 4) Director Ejecutivo Jurídico y Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 5) Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y, 6) Juez Sexagésimo Sexto de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de ejecutoras, de todas reclamó lo siguiente: ".las ordenes emitidas de las Responsables en el TRASLADO INCONSTITUCIONAL de fecha VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE donde las Responsables Ordenadora (sic) lleva a cabo mi traslado SIN ORDEN JUDICIAL, mediante tortura Psicológica, además de que mi proceso está por promover el Juicio de Garantías (sic), en virtud de que la apelación que promoví contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la causa penal 342/2010, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 11 de junio de 2014, en el toca C-275/2013 POR LA Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), fue confirmada, y en esta caso sin la orden judicial correspondiente de aviso, el día 29 de abril del 2019 se llevó a cabo mi ilegal traslado.". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. -Por auto de trece de mayo de dos mil diecinueve se radicó la demanda bajo el número 386/2019, se concedió la suspensión de plano al quejoso respecto a la orden de traslado aquí reclamada; asimismo, la Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo por considerar que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo y su ejecución culminó en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 Oaxaca (fojas 14 a 21). -Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve este Juzgado recibió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número 447/2019; asimismo, este órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia planteada por el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que regresó los autos al órgano declinante (fojas 98 a 100). -El veintidós de mayo de dos mil diecinueve la Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que resolviera el conflicto competencial suscitado entre ambos órganos jurisdiccionales (fojas 53 a 56). -En resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México (fojas 111 a 125), determinó lo siguiente: ".ÚNICO. Es competente legalmente para conocer del juicio de amparo promovido por VÍCTOR HUGO MONTEALEGRE VERGARA, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero, la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria." -Consecuentemente, mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 127 a 131). -Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridades inexistentes a: 1) Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad México, 2) Subdirector Jurídico del Reclusorio de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 3) Director de Ejecución de Sentencias de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y, 4) Juez Sexagésimo Sexto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 141). Por tanto, en la sentencia no se efectuará pronunciamiento alguno respecto de dicha autoridad, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cincuenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época, materia común, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." -Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el autorizado del quejoso Juan Carlos Mosqueda amplió la demanda respecto del acuerdo dictado el catorce de junio de dos mil diecinueve por el Juez de la Ciudad de México en Materia Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en la carpeta EJEC-OTE/01365/2019, donde se calificó la legalidad del traslado (foja 434); por lo que, en auto de dieciocho de octubre de este año se admitió a trámite la ampliación de la demanda (fojas 435 y 436). -Finalmente, seguido el trámite del juicio, previo diferimiento, la audiencia se celebró en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Ahora de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: El traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, efectuado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por las autoridades administrativas penitenciarias. La calificación del traslado por el Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Directores Ejecutivos de Seguridad Penitenciaria (fojas 161 y 162) y de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos (fojas 164 a 166), así como Subsecretario (fojas 167 y 168) todos dependientes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Juez Interina Sexagésimo Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México (fojas 214 a 216), negaron la existencia de los actos reclamados; de ahí que, ante la inexistencia del acto que se le atribuye, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y de Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social (foja 225 y 226), Subdirector de Apoyo Técnico en representación del Director General del Reclusorio Preventivo Varonil Sur (fojas 246 a 248), Subdirector de Seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur (fojas 302 a 304), Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur (fojas 358 a 360) y Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México (fojas 451 a 453), reconocieron la existencia de los actos reclamados. Por otro lado, la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" (fojas 150 a 153), negó la existencia de los actos que se les reclama; sin embargo, de las constancias que anexó a su respectivo informe se aprecia su partición en la orden de traslado -acto aquí reclamado-; por lo que, se desvirtúa dicha negativa y se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con lo previsto en el numeral 62, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio ocuparse de las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o de las que se adviertan de oficio, en atención al carácter de orden público que les asiste, como en el caso alega la autoridad responsable. Acorde con esa directriz, el juicio de amparo debe sobreseerse por las razones siguientes. Respecto de la orden de traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, decretada por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 249 a 279), autorizado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante oficio terminación 11609/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 228 a 234), ejecutado por oficio terminación 1516/2019 de veintiocho de abril de dos mil diecinueve, por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (foja 290) e ingresado por oficio terminación 11610/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 235 a 242), se actualiza la improcedencia del amparo, por cambio de situación jurídica del acto administrativo, al operar una substitución procedimental, en términos del numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; .". Acorde con esta disposición, el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, los artículos 14, 15, fracción VIII, y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Capítulo III Autoridades en la Ejecución Penal Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario." "Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: . VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado; .". Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". Como se ve, tales numerales contemplan diversos aspectos relacionados con los traslados de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, de los que destaca, por su relevancia, que: Tratándose de traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas, deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de Control o de Ejecución. Excepcionalmente al traslado involuntario, la autoridad penitenciaria podrá ejecutarlo a través de resolución administrativa cuando, entre otros aspectos, se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, con el requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado, quien contará con el plazo de cuarenta y ocho horas para determinar si es legal o no ese acto. La autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, mediante resolución administrativa, la que en todo caso, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en la propia ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En esa tesitura, la determinación legal del traslado involuntario de un interno, ordenado por la autoridad administrativa penitenciaria, constituye un breve procedimiento sujeto a la calificación judicial, pues el mandamiento administrativo es provisional y condicionado a su calificación judicial, con plazos establecidos que de cumplirse, permiten controvertir ante el juez de ejecución la orden administrativa de traslado o, en el caso de que el juez correspondiente estime legal el traslado, impugnar su determinación mediante el recurso de apelación. En la especie, respecto del traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, decretada por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 249 a 279), autorizado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante oficio terminación 11609/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 228 a 234), ejecutado por oficio terminación 1516/2019 de veintiocho de abril de dos mil diecinueve, por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (foja 290), e ingresado por oficio terminación 11610/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 235 a 242). La autoridad administrativa Subdirector Técnico en representación del Director General del Centro Varonil Sur, con residencia en la Ciudad de México, por oficio terminación 01348/2018 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la Juez Sexagésimo Cuarto Penal en la Ciudad de México, le informó el traslado del quejoso, solicitándole la calificación de legalidad del traslado. Luego, del informe rendido por la Juez Sexagésimo Cuarto Penal en la Ciudad de México, se desprende que, mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve se declaró incompetente para calificar la legalidad de la orden de traslado, por lo que ordenó remitir la petición a la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 214). Así, el catorce de junio de dos mil diecinueve el Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, calificó la legalidad del traslado (fojas 277 a 283 del tomo de pruebas). En tales condiciones, si el acto reclamado por el quejoso es el traslado ordenado y ejecutado por las autoridades administrativas penitenciarias, del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debe sobreseerse en el juicio de amparo, porque dicha determinación de las autoridades administrativas fue substituida por la resolución emitida el catorce de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto a la orden de traslado ordenada el nueve de enero de dos mil diecinueve, atribuida a las autoridades responsables Titular de la Unidad de Asuntos Legales y de Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, Subdirector de Apoyo Técnico en representación del Director General del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Subdirector de Seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA". SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, en el presente considerando de analizará la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve por el Juez de la Ciudad de México en Materia Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en la carpeta EJEC-OTE/01365/2019, donde se calificó la legalidad del traslado. Así, de los escritos de demanda (fojas 2 a 12) y ampliación (fojas 434), se aprecia que el quejoso refiere esencialmente, que la orden de traslado fue emitida por una autoridad incompetente; aunado a que, al encontrarse recluido en un Centro Penitenciario diverso al del lugar donde se lleva el trámite de su proceso penal, sería complicar ejercer su derecho a una defensa adecuada. Lo anterior, es infundado. Para dar contestación a lo anterior, traer a colación el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que por constituir una violación formal, es de estudio preferente. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". Dicho artículo establece que, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que se encuentre debidamente fundado y motivado. Por fundamentación se debe entender que, en el acto de autoridad, se cite el artículo o precepto legal aplicable al caso en concreto, y por motivación, la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto; debiendo haber una correspondencia entre ambas. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que lo llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".(Época: Séptima Época; Registro: 1011558; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239). En el caso, mediante resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 277 a 283 del tomo de pruebas), el Juez en Materia Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, residente en la Ciudad de México, calificó la legalidad del traslado ejecutado el veintiocho de abril de dos mil diecinueve, dentro en la carpeta EJEC-OTE/01365/2019, bajo las consideraciones siguientes: ".Partiendo de lo anterior, se advierte que la autoridad penitenciaria, sustentó su determinación del traslado, sin autorización previa del Juez de Ejecución, bajo el supuesto previsto en la fracción III, del precitado numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, referente a cuando SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD O GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO [.] [.] En tal orden de ideas se aprecia que tanto en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Reclusorio Varonil Sur, en el que determinó solicitar a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el traslado del sentenciado VICTOR HUGO MONTEALEGRE VERGARA, así como en la determinación ordenado (sic) por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, comunicó al Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México se estableció primeramente que el Reclusorio Preventivo Varonil Sur no cuenta con las condiciones necesarias para resguardar la seguridad de los sentenciados ejecutorios. Sobre el particular, tal como lo determinan dichas autoridades, la estancia del citado sentenciado, efectivamente podría implicar un riesgo a la institución de origen, en donde permanecería privado de la libertad, toda vez que no debe perderse de vista que dicho centro no se encuentra comprendido dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, ya que el mismo es de reclusión preventiva. Además de lo anterior, no debe perderse de vista que el citado sentenciado fue sancionado en el centro penitenciario en el que se hallaba privado de la libertad, con motivo de una llamada telefónica anónima respecto a una supuesta evasión, por lo que incluso fue reubicado temporalmente, estableciéndose una medida especial de vigilancia, lo que evidentemente repercutió en la tranquilidad de la convivencia de la vida carcelaria." De lo anterior, se destaca que la autoridad responsable Juez de la Ciudad de México en Material Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales para el Sistema Procesal Acusatorio, funda su actuar, esto es, la calificación de legalidad del traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el artículo 52, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, precisamente en la parte de excepciones a las reglas establecidas en el artículo 50 de la misma ley, numeral que da potestad a la autoridad penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado involuntario de personas privadas de la libertad, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Como se destacó, en el considerando anterior, la fracción III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, extiende la facultad de ordenar y ejecutar traslados cuando exista una situación en la que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, lo cual, ocurre en el caso particular, pues de la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve se advierte que, para calificar el traslado, el Juez responsable argumentó que el Centro de Readaptación Social donde se encontraba interno el aquí quejoso -Reclusorio Preventivo Varonil Sur- no se encuentra comprendido dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, razón por la que no cuenta con los mecanismos para dar cumplimiento a la pena que le fue impuesta. Que tampoco tiene las medidas de seguridad necesarias que requiere un centro penitenciario con ese carácter -Centros de Ejecución de Sanciones Penales-; además que, el aquí quejoso fue sancionado dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, con motivo de una llamada telefónica anónima respecto a una supuesta evasión; lo que incluso ocasionó que fuera reubicado temporalmente con las medidas especiales de vigilancia; circunstancia que repercutió en la tranquilidad y gobernabilidad del centro penitenciario. En efecto, del oficio terminación 11609/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 283 a 289), se aprecia que el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, no cuenta con espacios suficientes, ni con condiciones materiales y de higiene, tal circunstancia ha traído como consecuencia la sobrepoblación y hacinamiento; lo anterior, incluso fue motivo de observación en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, practicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (visible en foja 284). Además que, es mayor el número de internos que de oficiales encargados de la seguridad penitenciaria, lo que ocasiona un problema de gobernabilidad en el citado Centro Penitenciario (visible en foja 284). No obstante lo anterior, del acta de Comité Técnico de nueve de enero de dos mil diecinueve (foja 249 a 279), se aprecia, en los incisos b) y c) que la licenciada Gabriela Zarahi Briones Cristerna, criminóloga adscrita a la Subdirección Técnica del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, manifestó que el quejoso es una persona manipuladora, egocéntrica y agresiva; asimismo, se desprende que el aquí quejoso fue sancionado por recibir una llamada telefónica por supuesta evasión (visible en fojas 275 y 276) . Y, finalmente de la partida jurídica se ve que el quejoso fue sentenciado a cincuenta y cinco años de prisión, por lo que tiene la calidad de sentenciado (foja 300). De lo anterior, se concluye que tanto el fundamento como la expresión de motivos tienen correspondencia entre sí, se determina que no existe violación constitucional con la emisión de tal acto; lo anterior es así, ya que el Juez responsable fundó y dio las razones por las cuales consideró la legalidad del traslado llevado por las autoridades administrativas penitenciarias. Por otro lado, el quejoso refiere al encontrarse recluido en un Centro Penitenciario diverso al del lugar donde se lleva el trámite de su proceso penal, sería complicar ejercer su derecho a una defensa adecuada. Lo anterior, es infundado. Al respecto el artículo 18 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 18. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Es cierto, cabe mencionar que aun cuando se considere como derecho fundamental que la compurgación de las penas pueda ser en el lugar cercano al domicilio del sentenciado, tal prerrogativa no es absoluta e irrestricta, pues encuentra su excepción en el apuntado artículo 18 Constitucional, a saber, cuando se trata de sujetos vinculados a la delincuencia organizada o respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Bajo ese panorama, debe destacarse que la última parte del mencionado numeral 18, enaltece el interés social por encima del interés particular, en virtud de que la sociedad está interesada que en los centros de reclusión exista un mayor grado de seguridad para evitar la interacción con los demás internos sujetos a la prisión preventiva o en compurgación de pena, ya que se trata de personas que por los delitos que se le siguen, representan un peligro para la convivencia y la armonía social, sobre todo si se considera que entre los motivos destacados en la resolución administrativa calificada como legal por la autoridad responsable, es la sobrepoblación de internos, lo cual, evidentemente, justifica la constitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2001894, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado." En tales condiciones, como la calificación que de legal se hizo de la orden de traslado, no es inconstitucional, contra lo aducido en los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Víctor Hugo Montealegre Vergara. SEPTIMO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Montealegre Vergara, en términos del considerando TERCERO y QUINTO de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO Ampara y Protege a Víctor Hugo Montealegre Vergara, en términos del considerando SEXTO de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados.

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